Richard Concepción Carhuancho, el magistrado tarmeño (Junín) de 45 años, a cargo del primer juzgado de investigación preparatoria de la Sala Penal Nacional, es quizá el juez penal más importantes del país. Su nombre ha sido sinónimo de imparcialidad y justicia, aunque no ha estado exento de críticas, cuando las decisiones que tomaba afectaba a algún bando.
Lea también: «Eres bueno Carhuancho, no resuelvas oyendo el aplausómetro social»
El juez Concepción (porque ese es su primer apellido, aunque es más conocido como ‘juez Carhuancho’) ha tenido varias veces los reflectores sobre su despacho; ya que por él han desfilado altos funcionarios, antes poderosos políticos y empresarios, hoy procesados como ciudadanos comunes y corrientes.
Lea también: Villa Stein: «Carhuancho en vez de ser juez debería estar dirigiendo el INPE»
Un juez de investigación preparatoria es una especie de juez de garantía, por lo tanto no está dentro de sus competencias establecer la culpabilidad de nadie, solo está facultado para dictar medidas cautelares personales o reales dentro del proceso, y asegurar los derechos fundamentales de las partes. Dentro de sus competencias, Concepción Carhuancho ha tomado decisiones que han impactado en la opinión pública, las famosas detenciones preventivas, que implica la prisión de los procesados antes de que se dicte una sentencia.
Su nombre ya cortejaba la popularidad mientras conocía casos sonados como La Centralita en Chimbote o el famoso caso de ‘Peter Ferrari’, acusado por lavado de activos, quien tuvo la osadía de amenazarlo públicamente.
Su trabajo no es fácil, Concepción Carhuancho cambia de número telefónico cada cierto tiempo, y ninguna aseguradora le ha querido vender un seguro de vida por su profesión de alto riesgo.
Lea también: Dictan detención preliminar contra Keiko Fujimori
Fue él quien emitió la orden judicial, en 2016, para la detención de Francisco Boza, expresidente del Instituto Peruano del Deporte (IPD) por sus relaciones con Martín Belaunde Lossio.
Meses después, dispondría la prisión preventiva contra dos expresidentes, ambos procesados por actos de corrupción y lavado de activos, Alejandro Toledo Manrique y Ollanta Humala Tasso. Tampoco no perdonó a la ex primera dama, Nadine Heredia.
Luego vendría un duro golpe para el sumum empresarial, los exsocios de Odebrecht comprometidos con actos de corrupción serían detenidos, José Alejandro Graña Miró Quesada, Gonzalo Ferraro Rey, Hernando Alejandro Graña Acuña, Fernando Martín Gonzalo Camet Piccone y José Fernando Castillo Dibós. Aunque tiempo después la sala revocara esta decisión.
Ayer su nombre volvió a estar en boca de todos, algunos, la mayoría, respaldando su decisión, otros, criticándola y denostando con fiereza haberle dicho sí al pedido del fiscal José Domingo Pérez, y con ello, haber ordenado la detención de la lideresa de Fuerza Popular, y de otras diecinueve personas. Como dijera Roger Vilca hace algunos meses:
Pero su fama bebe de dos fuentes irreconciliables. Por un lado, la gente de a pie lo festeja. Es el magistrado implacable, el juez con pantalones, el Hércules que se echaba de menos en la judicatura. Desde la otra orilla, en el mundo de los abogados, simplemente es el juez para la foto y los titulares, en suma, el «juez carcelero». Estaba escrito. Nuestra Tula Rodríguez lo había esculpido en mármol: «Las personas no somos caramelitos para gustarle a todo el mundo». Y mucho menos los jueces.
Como entonces, esperamos que sus decisiones estén fundados en elementos de convicción y no en el aplausómetro social.
