Fundamento destacado: 2. En lo que respecta a la presunta afectación del principio del juez natural o juez predeterminado por ley, este Tribunal ya se ha pronunciado anteriormente sobre el contenido del precitado derecho. Así, de acuerdo con el criterio adoptado por este Tribunal [Exp Nº 0290-2002-HC/TC; Exps. N.º 1013-2002-HC/TC y N.º 1076-2003HC /TC], el derecho invocado comporta dos exigencias. En primer lugar, 1) que quien juzgue sea un juez o un órgano que tenga potestad jurisdiccional, garantizándose, así, la interdicción de ser enjuiciado por un juez excepcional, o por una comisión especial creada ex profeso para desempeñar funciones jurisdiccionales, o que dicho juzgamiento pueda realizarse por comisión o delegación, o que cualquiera de los poderes públicos pueda avocarse al conocimiento de un asunto que deba ser ventilado ante un órgano jurisdiccional. En segundo lugar, 2) que la jurisdicción y competencia del juez sean predeterminadas por la ley, por lo que la asignación de competencia judicial necesariamente debe haberse establecido con anterioridad al inicio del proceso, garantizándose así que nadie pueda ser juzgado por un juez ex post facto o por un juez ad hoc. Asimismo, que tales reglas de competencia, objetiva y funcional, sean previstas en una ley orgánica. La competencia jurisdiccional se halla sujeta a una reserva de ley orgánica, lo cual implica: a) el establecimiento en abstracto de los tipos o clases de órganos a los que se va a encomendar el ejercicio de la potestad jurisdiccional, y b) la institución de los diferentes órdenes jurisdiccionales y la definición genérica de su ámbito de conocimiento litigioso. Asimismo, que dicha predeterminación no impide el establecimiento de subespecializaciones al interior de las especializaciones establecidas en la Ley Orgánica del Poder Judicial, máxime si el artículo 82.28, de la misma Ley Orgánica del Poder Judicial autoriza la creación y supresión de «Distritos Judiciales, Salas de Cortes Superiores y Juzgados, cuando así se requiera para la más rápida y eficaz administración de justicia».
EXP. N.º 1937-2006-PHC/TC
LIMA
JOSÉ LUIS MENDIOLA SALGADO
SENTENCIA DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL
En Lima, a los 30 días del mes de marzo de 2007, el Pleno del Tribunal Constitucional, con la asistencia de los señores magistrados Landa Arroyo, Gonzales Ojeda, Alva Orlandini, Bardelli Lartirigoyen, García Toma, Vergara Gotelli y Mesía Ramírez, pronuncia la siguiente sentencia
ASUNTO
Recurso de agravio constitucional interpuesto por don José Luis Mendiola Salgado contra la sentencia de la Segunda Sala Especializada en lo Penal para Procesos con Reos en Cárcel de la Corte Superior de Justicia de Lima, de fojas 1052, su fecha 11 de agosto de 2005, que declaró improcedente la demanda de auto
ANTECEDENTES
El recurrente interpone demanda de hábeas corpus con fecha 12 de octubre del 2004 contra la Sala Penal Superior Especializada en Delitos de Tráfico Ilícito de Drogas y la Sala Penal Especializada -E- en Tráfico Ilícito de Drogas de la Corte Suprema de Justicia de la República, alegando que la sentencia emitida con fecha 10 de diciembre de 1997, así como la Ejecutoria Suprema confirmatoria de fecha 23 de enero de 1998, vulneran sus derechos de defensa, al debido proceso y a la tutela jurisdiccional, en conexión con el derecho a la libertad individual. Refiere que las cuestionadas resoluciones se han expedido en el marco del proceso N.º 65-96, que se le instauró junto con otros por la presunta comisión del delito de Tráfico Ilícito de Drogas y otros, habiéndosele impuesto la pena de cadena perpetua, no obstante que la acusación fiscal solicitaba sólo veinte años de pena privativa de libertad, generándole indefensión e infringiéndose además el principio de congruencia que debe existir entre la acusación fiscal y el pronunciamiento del tribunal. Manifiesta además que la Sala Superior demandada lo condenó en virtud del artículo 296 del Código Penal y que la Sala Suprema al confirmar la pena impuesta, de manera injustificada estableció que la conducta del recurrente también se encontraba subsumida en los artículos 296-A y 296-B, lo que considera injusto. Señala también que se ha vulnerado el principio del juez natural en la medida en que el proceso ha sido tramitado por un órgano jurisdiccional cuya competencia le ha sido asignada mediante resolución administrativa. Solicita por último que se declaren nulas las resoluciones mencionadas.
[Continúa…]
