Sumario: 1. Introducción, 2. Desarrollo del tema, 3. Falta liderazgo, 4. Confesión sincera y proceso inmediato, 5. A modo de conclusión.
1. Introducción
Si tendríamos que enumerar los problemas más álgidos que tiene el Perú, no dudaríamos en considerar la grave situación de pandemia de la covid-19, la falta de empleo, la crisis económica y la incesante ola delictiva que se ha diseminado a lo largo y ancho de todo el territorio patrio.
2. Desarrollo del tema
Es que a decir verdad, poca atención se le viene dando a este grave problema, que ya debería reportarse como un problema de estado, porque las cifras de los diferentes delitos, sobre todo contra el patrimonio ya se encuentran al rojo vivo.
Si ya como peruanos, hemos tenido una curva en ascenso en la inseguridad ciudadana, ahora se reporta la delincuencia de la migración extranjera, que según algunos entendidos es más letal y fría para atentar contra el patrimonio, la vida, el cuerpo y la salud de su próxima víctima.
No cabe duda, que cualquiera de nosotros puede ser sujeto pasivo de la comisión de estos delitos, solo puede ser factor de mala suerte y encontrarse en la hora, día y lugar equivocado, pues pese a los esfuerzos de los gobiernos locales que se han preocupado por la inseguridad ciudadana al tener todos ellos su personal de serenazgo, poco o nada ha disminuido la incesante ola delictiva.
Según ha dado a conocer César Ortiz Anderson presidente de Aprosec[1], uno de los principales problemas que tenemos en el país, indudablemente es la inseguridad ciudadana, pues la delincuencia ha llegado a tocar fondo y al mes ocurren un promedio de 36 000 delitos y de acuerdo a la Dirección de Tecnología de la Información y Comunicación de la Policía Nacional, cerca de 50 personas son víctimas de la comisión de un delito cada minuto.
Eso significa que en cada sesenta segundos, se estaría produciendo un hecho punible en el país, lo cual es altamente tóxico.
Arrebatos y raqueteros al paso, robo de celulares, carteristas, robo de autopartes, asaltos en las viviendas y centros comerciales y atracos, en suma delitos contra el patrimonio en sus diversas modalidades.
Amén, de ello hay que agregarle los delitos de violencia contra las mujeres, feminicidio, violación sexual, extorsión, sicariato, usurpación de tierras, tráfico ilícito de drogas, lavado de activos, homicidios, lesiones graves, minería ilegal, tala ilegal de árboles, omisión a la asistencia familiar, entre otros diarios delitos.
Según, se reporta, la delincuencia crece de manera alarmante y nada parece detenerla y pese al esfuerzo que hacen algunas autoridades, el problema se incrementa, pues según se ha dado cuenta, solo el año pasado, se reportaron en todo el territorio patrio un total de 422 010 denuncias en las comisarías por la comisión de diversos delitos.
3. Falta liderazgo
Cada día, tenemos una delincuencia más avezada, que no solamente está deliberando en apropiarse de la cartera, celular o tarjetas de crédito, sino encontramos a delincuentes que realizan una planificación del evento delictivo y tienen además una visión estratégica de su próxima víctima, al realizar un reglaje, marcaje e inteligencia de sus movimientos, de sus preferencias, de sus compras y de sus familiares y amigos, con la finalidad de extorsionarlos y así obtener mejores «ganancias».
Dentro de este contexto y aunque parezca paradójico, los principales candidatos a la presidencia de la República, a los gobiernos regionales y locales, su principal tema de campaña, no fue el incremento del empleo o la productividad, o el reordenamiento del tránsito vehicular o la solución al tema ambulatorio, el principal problema de campaña, fue precisamente la inseguridad ciudadana.
Sin embargo, al cabo de algún tiempo de gobierno poco o nada se ha hecho, toda vez, que la lucha contra la delincuencia, aún no encuentra la fórmula para disminuirla, controlarla, acusarla y sancionarla ejemplarmente y sobre todo no existe un trabajo articulado en los tres niveles de gobierno, con los otros poderes del Estado y los organismos públicos constitucionales descentralizados
Falta liderazgo de las autoridades que tienen que trabajar para disminuir y controlar la delincuencia en el Perú, que ciertamente es un mal endémico y que hay que combatir, también se le debe dotar de recursos presupuestarios, logísticos, informáticos y legales a las entidades que tiene que ver con prevención, investigación, juzgamiento y sanción de la delincuencia ordinaria.
Para poder combatir este flagelo, tenemos que emplear la tecnología de punta y una de esas alternativas, sería poner en funcionamiento a nivel nacional el Botón de Pánico, instalado por el Poder Judicial en diferentes distritos judiciales, que permite que con un solo clip en el celular de la víctima que se encuentra en circunstancias de peligro, a causa de la comisión de cualquier delito, pueda ser inmediatamente auxiliada, por el Serenazgo y la Policía Nacional del sector.
Según se precisa existen algunos datos relevantes, que nos pueden exponer la difícil situación, su importancia y la necesidad de resolver este problema social, con eficiencia y transparencia y además la necesidad urgente de resolver la inseguridad ciudadana.
Diario Uno[2], precisó oportunamente que si bien Lima, concentra cerca del 50% de la comisión de diversos delitos registrados y denunciados ante la Policía Nacional y Serenazgo, es una realidad que también se agrava en las principales capitales de departamento, como Trujillo, Lambayeque, Piura, Cuzco y Arequipa.
Según cifras del Banco Interamericano de Desarrollo, a nivel económico el costo de la inseguridad ciudadana ha sido cuantificado, solo en el año 2016, en US$10,325 millones, lo que resulta un equivalente del 2.77 del Producto Bruto Interno, monto que desde luego supera el presupuesto destinado a la educación.
Otro dato importante, es el alto costo que tiene que asumir el Estado, para el mantenimiento de cerca de 65 establecimientos penitenciarios en el país, con una población carcelaria que bordea los 98 000 internos, que viene purgando carcelería por la comisión de diversos delitos, sea en calidad de procesados y sentenciados.
Es tan grave la ola delictiva que se vive en el país, que no podemos salir de nuestra viviendas un fin de semana o caminar por una sólida avenida, sin y tener el temor que podemos ser asaltados y que se atente contra nuestra integridad física y lo peor es que no podemos salir un fin de semana se nuestra viviendas, sin la preocupación que pueda ser vaciada por los «amigos de lo ajeno».
4. Confesión sincera y proceso inmediato
Por lo pronto, es preciso indicar que los artículos 160 y 161 del nuevo Código Procesal Penal del 2004, sobre la confesión sincera, establece, que la misma para ser tal, debe consistir en la admisión de los cargos o imputación formulada en su contra por el imputado y solo tendrá valor probatorio, cuando esté debidamente corroborada por otros elementos de convicción, sea prestada libremente, ante la presencia del juez de la causa, Fiscal y en la presencia de su abogado defensor.
De la misma forma, se establece que los efectos de la confesión, adicionalmente si es sincera, salvo los casos de flagrancia, se podrá disminuir prudencialmente la pena. Entonces se plantea, la perentoria necesidad que para los casos considerados graves, como por ejemplo secuestro, extorsión, patrimonio, robo con agravantes seguidas de muerte, lesiones graves y tenencias ilegal de armas de fuego, etc., solo en caso de flagrancia, no opere la confesión sincera y es allí en donde se les debe aplicar todo el peso de la ley y sin ningún tipo de beneficios penitenciarios.
Es importante también precisar que los artículos 446, 447 y 448 del Código Procesal Penal, establecen la incoación de los procesos inmediatos, para delitos en los que el esclarecimiento está definido, como ocurre en situaciones de flagrancia, cuando el delincuente confiesa los hechos o cuando desde ya el primer momento de la investigación, se han obtenido las evidencias materiales más importantes que sirven para dictar una sentencia condenatoria rápida.
A propósito el Acuerdo Plenario 02-2016/CIJ-116[3] sobre el proceso inmediato, ha preciado que es un proceso o mecanismo de simplificación procesal, pues reduce las etapas procesales como la investigación preparatoria y la etapa intermedia y ello permite lograr una justicia más célere y así se define con mayor rapidez la situación jurídica del imputado.
De la misma forma, ahora tenemos la institución sustantiva de unificación y sumatoria de penas, en los casos de concurso real de delitos y cuyas penas podrían superar el tope establecido por el Tribunal Constitucional de 35 años de pena privativa de libertad.
Oportunamente también, dentro de la Agenda Judicial de Seguridad Ciudadana[4] se planteó la modificación del art. 48 del Código de Ejecución Penal, con el objeto de que los beneficios penitenciarios de semilibertad, no sea en principio aplicable a los reincidentes y habituales y los sentenciados deben cumplir en su integridad la sanción impuesta por el órgano jurisdiccional competente.
Dentro de esta misma perspectiva, en materia penal se está planteando la incorporación de todas las reglas de medición de penas del proyecto 2010, en los delitos violentos y de frecuencia comisiva permanente que atentan contra la seguridad ciudadana, así como de circunstancias agravantes, referidas a la delincuencia patrimonial.
En tal sentido, urge replantear políticas de Estado de igualdades sociales, oportunidad de empleo y de una eficaz política cultural, educativa y deportiva para nuestros jóvenes, a fin de constituir una sociedad con menor índice de delincuencia, con mayor producto bruto interno y con instituciones cada vez más sólidas.
5. A modo de conclusión
Es bastante cierto que la realidad criminal nacional, muestra un panorama cada vez más violento y los índices delincuenciales se incrementan cada día más, por tal razón, urge establecer políticas públicas, para afrontar la delincuencia y el crimen organizado y así cada institución coadyuve a darle tranquilidad pública a la sociedad.
Se tiene que articular desde las más altas cumbres del poder, con los sectores públicos y privados para dicho propósito, pues todos estamos comprometidos para luchar contra este grave flagelo y fomentar una verdadera política cultural, educativa, deportiva para nuestro país.
[1] Picanew. Portal periodístico. Nota de César Ortiz Anderson. La delincuencia continúa ganando espacios ¿qué hacer? del 27 de septiembre del 2021. Consulta aquí: Picanew.pe/index.php.
[2] Diario Uno de circulación nacional, que realizó un interesante estudios sobre la inseguridad ciudadana.
[3] Acuerdo Plenario 02-2016/CIJ-116 sobre el proceso inmediato aprobado por las Salas Penales de la Corte Suprema de Justicia de la República.
[4] Seminario Taller, Material de Lectura 2012 sobre Seguridad Ciudadana, Detención Arbitraria y Acuerdos Plenarios de la Corte Suprema. Editado por el Poder Judicial del Perú.
