Sumario: 1. Introducción; 2. Desarrollo del tema; 3. A modo de conclusión.

1. Introducción

Diversas opiniones a favor y en contra han causado en el Sistema Nacional de Justicia y de la opinión pública la reciente creación de la comisión consultiva denominada “Comisión de Reforma del Sistema de Justicia”, que depende de la Presidencia de la República.

Según se desprende la Resolución Suprema 142-2018-PCM, se precisa que la comisión tiene por objeto proponer medidas urgentes y concretas para reformar el Sistema de Justicia, a fin de aportar a la construcción de una justicia eficaz, oportuna, transparente, eficiente e incorruptible.

La Comisión está integrada por los doctores Allan Wagner Tizón, Delia Revoredo Marsano, Hugo Sivina Hurtado, Samuel Abad Yupanqui, Eduardo Vega Luna, Ana Teresa Revilla Vergara y Walter Albán Peralta.

La Comisión tiene que realizar propuestas y adoptar medidas urgentes en el plazo 12 días y alcanzarlas al Presidente de la República, en un primer informe con recomendaciones y medidas concretas para la reforma del sistema de justicia.

Por ello es importante que se tengan en cuenta las propuestas que diferentes autoridades y expertos en la materia vienen realizando, como las que hiciera el propio Dr. Nelson Ramírez, quien oportunamente las publicó en su cuenta de Facebook, para el mejoramiento de la impartición de justicia en el Perú, que incluso nos permitimos difundirla y realizar algunas precisiones.

Así, se propone poner término a la provisionalidad, reformar el recurso de casación, cambiar el sistema de elección del presidente del Poder Judicial, prohibir viajes e intervención en actos institucionales a los magistrados, durante la hora del despacho judicial, pues su labor específica es bajar la carga procesal.

De la misma forma, se plantea la prohibición de recibir o participar en reconocimientos u homenajes a funcionarios públicos y la obligación de atender al abogado, aun cuando ya haya habido informe oral en la causa que defiende, si han pasado dos meses sin que se resuelva su recurso.

Asimismo, se plantea la prohibición de atender fuera del horario de atención al público y en lugar distinto a la sala u órgano judicial al que pertenece el magistrado y también se propone sanción inmediata al magistrado que retrasa la expedición de una sentencia por falta de su firma, o por la no emisión de su voto individual, sin perjuicio de la prohibición de convocar como jueces provisionales a quienes no tienen mérito suficientes y sin motivación que lo justifique.

Una propuesta bastante interesante del Ministerio de Justicia está también relacionada con la prohibición a los presidentes del cortes superiores de justicia, de conformar colegiados, sin respetar la antigüedad y la especialidad de sus integrantes de su distrito.

Muchas veces suele pasar que un presidente de corte que ha ganado las elecciones, toma represalias contra un determinado magistrado que no ha votado por él (y que no es parte de su grupo), enviándolo a una sala alejada de la capital del distrito, y sobre todo lo ponen en una sala superior en donde no es especialista. Así pues, si es penalista, lo ponen en laboral, y si es civilista lo ponen en una sala penal, esta situación debe desaparecer.

El Ministerio de Justicia plantea la prohibición de los presidentes de corte en ejercicio, de patrocinar la elección de quien puede ser su sucesor, también la nulidad cuando la sentencia excede largamente el plazo legal para ser expedida. La sanción al magistrado que no se abstiene de intervenir en una causa en la que está impedido, como por ejemplo, cuando un hijo suyo practica en el estudio que patrocina la causa que va a resolver. Y unificar el horario de atención al público en todos los niveles del sistema.

Asimismo, se propone prohibir el uso de teléfonos celulares durante las horas de despacho judicial, para evitar la venta de información y además se plantea la prohibición de declarar nulidades procesales, cuando lo que corresponde es la revocación.

Estas propuestas realizadas pueden ser viables o no en la presente coyuntura, sin embargo permite plantear algunas consideraciones, que pueden ser materia de implementarse por el órgano de gobierno del Poder Judicial, por la comisión onsultiva y en otros casos materia de una reforma legislativa.

Lo importante en la presente coyuntura es debatir de manera alturada las propuestas y que estas sean canalizadas a la Comisión Consultiva de Reforma del Sistema Nacional de Justicia, y se incluyan algunas propuestas y que además permitan la creación de un mecanismo de coordinación y articulación de los diversos actores del sistema de justicia, que garanticen la sostenibilidad de una reforma integral que todos esperamos.

Por lo pronto, las propuestas son bastante interesantes y esperamos se genere un debate público en diferentes foros académicos y posteriormente sean mejoradas y acogidas por las autoridades respectivas, y así se mejore la impartición de justicia en el Perú. Se corre traslado.