El Poder Judicial dictó nueve meses de prisión preventiva contra el abogado Javier Iván Bobadilla Apolo, exasesor legal de la Universidad de Tumbes, por la presunta entrega de una coima al fiscal anticorrupción Pedro Ruiz Sime.
El Tercer Juzgado Penal de Investigación Preparatoria de la Corte Superior de Justicia de Tumbes, presidida por el juez David Raúl Sinca Casa, dictó la medida contra Bobadilla Apolo por el presunto delito de cohecho pasivo específico.
Un día antes, el 25 de septiembre, el juez Jaime Igor Elías Lequernaque dictó 14 meses de prisión preventiva contra Ruiz Sime por el mismo presunto delito.
Bobadilla Apolo fue detenido, el 20 de septiembre, por la Policía de la Dirección Contra la Corrupción (Dircocor). En el operativo, se apresó al implicado en el momento en el que habría entregado S/3000 al fiscal provincial de la Fiscalía Especializada en Delitos de Corrupción de Funcionarios de Tumbes.
En la investigación se maneja la posibilidad de que el exasesor haya traslado una cantidad de dinero desde el centro educativo hacia el Ministerio Público, según Exitosa. Este monto podría oscilar entre los S/15 000 a S/30 000.
Más cuestionamientos a la Universidad de Tumbes
La medida contra el exasesor de la Universidad de Tumbes sucede en un contexto de duros cuestionamientos a dicho centro de estudios, gestionado por el rector Enrique Benítez.
Luego de encontrarse a un postulante con anotaciones de las respuestas, el examen de admisión ordinario 2024 – II de la institución fue anulado. Asimismo, en el informe 034-2024-OCI/3550-SCC de la Contraloría General de la República, se advirtió sobre la ausencia de señalización en las entradas, el uso compartido de los servicios higiénicos entre los pabellones y la demora en el horario de ingreso.
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Además, en el reglamento no se especifican las acciones o instrucciones que deben seguirse antes del examen, entre ellos, la entrada de postulantes y cuáles son los objetos prohibidos.
Por otro lado, la entidad supervisora detectó que la Universidad Nacional de Tumbes convocó a dos profesores como aplicadores del examen, pero estos se encontraban inhabilitados para contratar con el Estado.
Uno de ellos fue sancionado por el Tribunal de Contrataciones del Estado, lo que le impide participar en procesos de selección y trabajar de manera definitiva con el Estado.
Mientras tanto, el otro docente también tiene una inhabilitación activa por parte de la Autoridad Nacional del Servicio Civil (Servir) y por la autoridad sancionadora de la Contraloría.
