La presidenta del Tribunal Constitucional (TC), Marianella Ledesma Narváez, propuso reducir los sueldos de los funcionarios públicos por la emergencia nacional a causa del coronavirus.
“Seamos solidarios en la pandemia. El gobierno debe dar un decreto de urgencia que descuente sueldos a los altos funcionarios públicos. El vicepresidente del Tribunal, Augusto Ferrero, también está de acuerdo con que se dé esta medida. Esto no es algo novedoso, el TC tiene jurisprudencia al respecto y ha determinado que sí se puede reducir los sueldos de manera unilateral temporalmente ante una situación excepcional”, dijo a ATV.
Lea también: Magistrado Eloy Espinosa-Saldaña propone a miembros del TC donar un día de sueldo
Según la magistrada, la reducción comprendería, entre otros, a congresistas, jueces, fiscales, gobernadores y miembros del TC, en solidaridad con los sectores más vulnerables en esta emergencia.
Lea también: Presidenta del TC plantea que Vizcarra indulte a presos por coronavirus
Ledesma refirió que el TC sentó jurisprudencia sobre el tema en 2004, cuando interpretó que la reducción de topes de pensiones de la Ley 20530 era constitucional, y en 2014 cuando dijo que se podía reducir o limitar las remuneraciones de manera extraordinaria. En ese sentido, la reducción no requeriría el consenso entre trabajador y empleador.
Para que esta sea efectiva, añadió, el artículo 118 de la Constitución le otorga al Ejecutivo la prerrogativa de dictar medidas extraordinarias, mediante decretos de urgencia con fuerza de ley, en materia económica y financiera, cuando así lo requiere el interés nacional.
Lea también: Presidenta del TC plantea que Vizcarra indulte a presos por coronavirus
Como se recuerda, la doctora Marianella Ledesma Narváez, hace unos días también planteó al presidente de la República, Martín Vizcarra, que use sus facultades de indulto y conmutación de penas para frenar el avance del coronavirus.
Según contó la magistrada, el planteamiento lo hizo el lunes 23 de marzo en el seno del Consejo de Estado, donde precisó que tales medidas podían aplicarse a reos que reúnan ciertos requisitos en un escenario tan vulnerable como la cárcel. “Ciertos delitos que no sean terrorismo, tráfico de drogas, corrupción o violencia en contra de los derechos humanos”, precisó la letrada a Canal N aquella vez.
