Sumario: 1. Introducción, 2. Regulación del gobierno digital y su impacto en la Administración Pública, 3. Protección de Datos Personales y Ciberseguridad en la Administración Pública 4. Conclusiones.
1. Introducción
Hoy en día la digitalización en la administración pública representa una transformación profunda en la manera de como el estado interactúa con los ciudadanos, puesto que trata de optimizar procesos y promover la eficiencia en la gestión de los recursos del estado. Desde una perspectiva socio jurídica, esta dinámica de evolución no solamente busca responder la impetuosa necesidad de modernizar la burocracia del estado, sino también las exigencias de una sociedad más interconectada, que hoy en día es más dependiente de la tecnología de la información.
El derecho administrativo, como regulador de la actividad estatal, enfrenta un gran desafío pues busca adaptar los principios y normativas a un entorno digitalizado, en donde la automatización, la interoperabilidad de sistemas y sobre todo la inteligencia artificial en adelante I.A. está redefiniendo la relación entre la administración y los administrados Si bien es cierto la digitalización favorece la celeridad y transparencia en la gestión pública, también plantea riesgos muy significativos, como son: La protección de datos personales, la ciberseguridad y el acceso equitativo a los servicios públicos digitales.
Desde una dimensión social, la implementación de herramientas digitales en la administración pública puede contribuir a la reducción de la corrupción y la mejora de la participación ciudadana, al fomentar la transparencia, la trazabilidad de los procedimientos y el acceso a la información en tiempo real. La digitalización permite la automatización de tramites, minimizando la intervención discrecional de los funcionarios y, por ende, reduciendo los espacios de arbitrariedad y clientelismo. Asimismo, facilita la rendición de cuentas y el empoderamiento ciudadano mediante el uso de plataformas de datos abiertos y mecanismos de control social.
No obstante, este proceso de modernización también conlleva desafíos importantes en términos de equidad e inclusión digital. La brecha tecnológica sigue siendo un obstáculo significativo, especialmente en comunidades rurales y sectores con bajos recursos, donde el acceso a internet y dispositivo tecnológicos es limitado. Esto genera un riesgo de exclusión administrativa para quienes no cuentan con las herramientas digitales. En este sentido, la digitalización no solo debe enfocarse en la eficiencia, sino también en garantizar el acceso universal a los servicios públicos, promoviendo políticas de alfabetización digital y mecanismos alternativos para los grupos en situación de vulnerabilidad.
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Pues ahora bien desde la mirada jurídica, la digitalización de la administración pública plantea diversos desafíos en cuanto a la adaptación del derecho administrativo a las nuevas tecnologías. Uno de los principales aspectos a considerar es la validez y la eficacia de los actos administrativos electrónicos, dado que el principio de legalidad exige que toda actuación estatal se encuentre con una adecuada fundamentación y se ajuste a la normativa vigente. En ese sentido autores como Eduardo García Enterría y Tomas Ramon Fernández, afirman que: “La transformación digital debe respetar los principios fundamentales del procedimiento administrativo, garantizando la seguridad jurídica de los ciudadanos en su interacción con el Estado”. [1]
Otro aspecto muy importante que destacar en la privacidad y protección de datos personales de los administrados en el uso de redes y plataformas digitales gubernamentales. Conforme con la doctrina de González-Varas Ibáñez, quien refiere que: “La digitalización administrativa debe equilibrar la eficiencia de los servicios públicos con el respeto a los derechos fundamentales, asegurando el cumplimiento de estándares internacionales en materia de protección de datos”. [2]
Hoy en día la automatización y el uso de la I.A en la toma de decisiones administrativas ha generado un intenso y profundo debate doctrinal sobre su contabilidad con el principio de motivación de los actos administrativo.
Según Cass Sunstein, menciona que:
El uso de algoritmos en la administración pública puede aumentar la eficiencia y reducir la subjetividad en la toma de decisiones, pero al mismo tiempo plantea riesgos en cuanto a la opacidad de los procesos y la falta de garantías en la impugnación de actos automatizados. Por ello, el desarrollo normativo en esta materia debe considerar mecanismos que aseguren la transparencia algorítmica y el derecho a una revisión humana de las decisiones que afecten los derechos de los ciudadanos. [3]
En este contexto, el presente artículo analizará los principales desafíos legales de la digitalización administrativa, abordando su marco normativo, los derechos de los administrados y las implicancias jurídicas de este proceso de transformación estatal. La revisión doctrinal y normativa permitirá evaluar si el derecho administrativo ha evolucionado en consonancia con las exigencias de la era digital y qué reformas podrían ser necesarias para garantizar una administración eficiente, transparente e inclusiva.
2. Regulación del gobierno digital y su impacto en la Administración Pública
La digitalización en la administración pública ha creado una necesidad urgente de establecer un marco normativo que regule el uso de tecnologías en la gestión estatal. Esto es fundamental para asegurar la eficiencia, la transparencia y la protección de los derechos de los ciudadanos. El concepto de gobierno digital se centra en integrar herramientas tecnológicas en la función pública, con el fin de mejorar la calidad de los servicios, hacer más ágiles los trámites administrativos y fomentar la participación de los ciudadanos en los asuntos públicos. Sin embargo, esta transformación también trae consigo importantes desafíos legales en cuanto a normativas, implementación y control.
El gobierno digital ha sido regulado en varias jurisdicciones con el objetivo de establecer principios y directrices que guíen su desarrollo. A nivel internacional, documentos como la Carta Iberoamericana de Gobierno Electrónico y las recomendaciones de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) han impulsado estándares de interoperabilidad, seguridad y acceso a la información. En Europa, el Reglamento General de Protección de Datos (RGPD) y la Directiva sobre la Administración Digital han marcado un precedente en la regulación de la transformación digital de los servicios públicos.
En Latinoamérica, países como Chile, Colombia y México han creado marcos normativos específicos para la digitalización gubernamental. En Perú, la Ley 27658, referida al Marco de modernización de la gestión del estado, junto con la Ley 29571, que es el Código de Protección y Defensa del Consumidor, y la Ley 29733, que se refiere a la Protección de Datos Personales, han establecido lineamientos clave para la transición hacia una administración pública digital. Además, el Decreto Legislativo 1412, que aprueba la Ley de Gobierno Digital, ha sido un avance importante en la estructuración de los principios que rigen el gobierno digital en el país.
El desarrollo de una administración digitalizada debe garantizar ciertos principios esenciales para su correcto funcionamiento, tales como:
- Interoperabilidad: Permite la integración y comunicación entre sistemas informáticos de diferentes entidades públicas, asegurando la eficiencia y continuidad de los servicios.
- Transparencia y acceso a la información: Facilita la rendición de cuentas y la disponibilidad de datos abiertos para la ciudadanía, promoviendo un Estado más accesible.
- Seguridad digital y protección de datos: Busca resguardar la información personal de los ciudadanos y evitar vulnerabilidades en los sistemas digitales.
- Inclusión digital: Garantiza el acceso equitativo a los servicios digitales para todos los ciudadanos, minimizando la brecha digital.
La regulación del gobierno digital ha traído consigo una transformación notable en la administración pública, mejorando su eficiencia, transparencia y capacidad de respuesta ante las necesidades de los ciudadanos. Sin embargo, este avance no está libre de desafíos. A pesar de los progresos normativos, todavía enfrentamos problemas estructurales como la brecha digital, la falta de infraestructura tecnológica en algunas áreas y la resistencia al cambio dentro de la propia administración.
Desde un enfoque crítico, la digitalización debe ir más allá de simplemente automatizar trámites y centrarse en asegurar un acceso equitativo y seguro a los servicios estatales. La normativa necesita adaptarse de manera ágil a los cambios tecnológicos, garantizando la protección de los derechos fundamentales de los ciudadanos, especialmente en lo que se refiere a la privacidad y la seguridad de los datos personales. Además, el desarrollo del gobierno digital no debe ser visto solo como una herramienta de modernización, sino como un medio para fortalecer la participación ciudadana y la confianza en las instituciones. Por lo tanto, el desafío no solo radica en implementar leyes y políticas adecuadas, sino en asegurar su correcta ejecución y supervisión. La administración pública debe garantizar que la digitalización no agrave las desigualdades existentes, sino que sirva como un instrumento para democratizar el acceso a los servicios públicos. Solo a través de una regulación flexible, inclusiva y efectiva podremos consolidar un gobierno digital que realmente contribuya a construir un Estado más eficiente, accesible y cercano a la ciudadanía.
3. Protección de Datos Personales y Ciberseguridad en la Administración Publica
La digitalización en la administración pública ha traído consigo una mejora en los servicios, una mayor rapidez en los trámites y una transparencia notable en la gestión del estado. Sin embargo, el manejo de datos personales en el mundo digital presenta retos importantes en cuanto a la protección de la información y la ciberseguridad. Pérez Luño expresa que: “El avance tecnológico nos obliga a reconsiderar los derechos fundamentales en el entorno digital, especialmente el derecho a la privacidad y la autodeterminación informativa”. [4]
En Perú, la Ley 29733, junto con su reglamento aprobado por el Decreto Supremo 003-2013-JUS, establece los principios y obligaciones para el tratamiento de datos personales tanto en entidades públicas como privadas. El avance tecnológico también ha aumentado la vulnerabilidad de los sistemas informáticos del gobierno. Según Castells, describe que: “La interconexión digital ha creado una nueva serie de riesgos, convirtiendo a la administración pública en un blanco atractivo para los ciberdelincuentes”. [5]
Para mitigar estos riesgos, la administración pública debe adoptar estrategias de seguridad digital efectivas. Por ejemplo, la implementación de políticas de privacidad bien estructuradas y el uso de tecnologías avanzadas como la encriptación de datos pueden minimizar las vulnerabilidades. En este sentido, es fundamental la adopción de normativas claras que permitan actualizar constantemente el marco regulatorio y adecuarlo a las nuevas amenazas digitales. Asimismo, el uso de tecnologías avanzadas, como la autenticación multifactorial y la encriptación, contribuye a fortalecer la seguridad de los sistemas informáticos gubernamentales. La capacitación del personal público en ciberseguridad y protección de datos resulta esencial para prevenir errores humanos que puedan comprometer información sensible. Finalmente, la realización periódica de auditorías y supervisión constante de los sistemas de información permite detectar vulnerabilidades y corregir fallos antes de que sean explotados, garantizando así una gestión pública digital más segura y confiable.
La digitalización de la administración pública debe ir acompañada de una regulación sólida en materia de protección de datos y ciberseguridad. La protección de la privacidad en la era digital no solo es un derecho fundamental, sino una condición indispensable para la legitimidad del Estado. En este sentido, las entidades gubernamentales deben garantizar que la digitalización no comprometa la seguridad de la información ni la confianza de los ciudadanos en la administración pública.
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4. Conclusiones
La digitalización de la administración pública ha sido un gran paso hacia la modernización del Estado, ya que permite gestionar los servicios de manera más eficiente, optimizar recursos y facilitar el acceso a la información para la ciudadanía. Sin embargo, este proceso también trae consigo desafíos legales y técnicos que necesitan atención constante para asegurar que sea efectivo y justo. La regulación del gobierno digital debe evolucionar continuamente para adaptarse a los avances tecnológicos y evitar vacíos normativos que puedan generar inseguridad jurídica. Es fundamental implementar marcos normativos claros y adecuados para garantizar que los sistemas sean interoperables y que se protejan los derechos fundamentales de los ciudadanos.
[1] García de Enterría, Eduardo., y Ramon Fernández, Tomas. (2013). Curso de derecho administrativo. Editorial Civitas.
[2] González Varas Ibáñez, S. (2016). Derecho administrativo y nuevas tecnologías: la transformación digital de la administración pública. Thomson Reuters Aranzadi.
[3] Sunstein, Cass. R. (2020). Algorithms, AI, and Administrative Law: Ensuring Transparency and Fairness in Digital Decision-Making. Harvard Law Review, 133(5), 1203-1235.
[4] Pérez Luño, A. (2019). Derechos Humanos y Revolución Tecnológica. Tecnos.
[5] Castells, M. (2020). La era de la información: economía, sociedad y cultura. Alianza Editorial.
