El expresidente del Poder Judicial, Víctor Prado Saldarriaga, consideró que la Ley orgánica de la Junta Nacional de Justicia, aprobada recientemente en el Pleno del Congreso, no cumple con las expectativas que requería la coyuntura. Sin embargo, también sostuvo que era una norma necesaria.
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«Se trata de una ley que, si bien es necesaria, no cubre las expectativas que correspondía a una coyuntura y a una necesidad de reforma del sistema de justicia. Internamente se ha avanzado, ya que, de los proyectos iniciales que eran sumamente confusos e implicantes en varios disposiciones, hoy se tiene un texto más sistemático», dijo en Canal N.
En ese sentido, Víctor Prado Saldarriaga sostuvo que existe una preocupación en el Poder Judicial por «las reglas vinculadas a la ratificación y a la aplicación de este control intermedio y evaluación de idoneidad».
«No se ha pensado en la magnitud de estos procedimientos que fallaron en el pasado por esa extensión y la búsqueda de distintos indicadores complejos para procesos de ratificación de más de diez mil operadores de justicia que actualmente existen», agregó.
Como se sabe, el Pleno del Congreso aprobó -luego de un consenso entre las comisiones de Constitución y Justicia- la Ley de la Junta Nacional de Justicia, con la cual podrá funcionar en reemplazo del inhabilitado Consejo Nacional de la Magistratura (CNM). Sobre el punto en cuestión, primero la Comisión Especial designada tendrá que elegir a los integrantes de este organismo, el cual se encargará de la ratificación y nombramiento de jueces y fiscales.
Quien también ha criticado la ratificación es el propio presidente de la OCMA, Vicente Jáuregui, quien señaló “cuando se habla de ratificación se afecta la autonomía del juez“, en referencia a la estructura y funcionamiento de la Junta Nacional de Justicia (JNJ).
Para Walde Jáuregui el juez debe ser evaluado permanentemente. No cada 7 años. En ese sentido, señaló que el proceso de ratificación afecta al juez, ya que cada siete años el juez puede acumular quejas que son usadas de excusa para destituirlo. “Eso debe desaparecer para cambiarlo por otro sistema que evalúe al juez permanentemente“, añadió.
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Además, el 31 de enero, los presidentes de las cortes superiores del país, integrantes del Consejo Ejecutivo del Poder Judicial y propio titular de la institución, José Luis Lecaros, emitieron un pronunciamiento dirigido a los congresistas de la República y a la opinión pública sobre la Junta Nacional de Justicia. En el texto manifiestaron su preocupación por el enfoque que se ha considerado para la ratificación y evaluación parcial de desempeña.
Según el comunicado, la ratificación y evaluación parcial de desempeño, lesionarían el principio constitucional de independencia judicial, lo que afectaría directamente la calidad de la justicia al servicio del ciudadano. Por otro lado, «debilitan las garantías de permanencia e inamovilidad de los jueces, sustento del ejercicio independiente de su función».
