Artículo 1. Queda restringida, por un plazo de diez (10) días, contados a partir de la entrada en vigencia del presente Decreto Ejecutivo, la Garantía estipulada en la Constitución de la República contenida en el Artículo 81. En consecuencia se prohíbe la libre circulación de las personas, prohibición que podrá aplicarse en horario de 6:00 p.m. a 6:00 a.m., en todo o parte del territorio nacional en atención a los hechos que ocasiona la restricción de esta libertad a recomendación de autoridad competente (…).
Así respondió el gobierno del presidente y también candidato a la reelección, Juan Orlando Hernández, frente a las masivas protestas que surgieron en Honduras, como corolario de las múltiples denuncias de fraude que sugerían unas elecciones fraguadas. El decreto fue anunciado por Ebal Díaz, presidente del Consejo de Ministros de dicho país. Una hora y media después se confirmó la noticia vía cadena nacional.
La medida fue impuesta el último viernes 1 de diciembre y a pesar de las exigencias de los organismos de los derechos humanos en Centroamérica y el mundo, el gobierno no ha revocado la decisión y el manejo que está realizando de este conflicto político sigue siendo cuestionado. Hasta el momento, los informes de prensa señalan que habrían, por lo menos, 7 víctimas mortales y más de 20 heridos. “No puedo ocultar la verdad que sale en los medios, pero en los datos oficiales no tenemos y no es porque los queremos ocultar, sino porque no ha habido el reconocimiento legal debido”, declaró recientemente Jair Meza, portavoz de la Policía de Honduras.
Ante este escenario, centenares de efectivos de la institución policial hondureña, en una decisión inédita; decidieron no sumarse a la represión, desacatando las órdenes superiores, en un acto de solidaridad con la desobediencia civil que vienen manifestando los ciudadanos de ese país. “No somos máquinas ni robots y no vamos a exponernos a que nos maten en las calles y tampoco a reprimir al pueblo”, sostuvo un agente de las fuerzas especiales al comenzar la denominada «huelga de brazos caídos» de la policía hondureña en rechazo a la crisis política que se vive en el país, y que parece el gobierno no tiene la voluntad de resolver sin reconocer sus errores.
Lea también: La justicia en «El mundo es ancho y ajeno», por Carlos Ramos Núñez
Expertos, como Paco Gómez Nadal, afirman que el fraude pudo haberse fraguado sistemáticamente desde hace varios años. Así como ciertos mandatarios latinoamericanos, una de las medidas que realizó el gobierno fue la de cambiar la ecuación en el ente constitucional supremo. Así, en el 2012 (posterior al golpe de Estado en contra del ex-presidente Zelaya), se tomó la decisión de destituir a los cuatro magistrados de la Sala Constitucional de la Corte Suprema. De ese modo, Hernández se aseguró contar con los votos favorables para realizar una reinterpretación del artículo 239 de la Constitución de 1982, que impedía la reelección presidencial, cosa que finalmente sucedió el 22 de abril del 2015. Fue entonces que Hernández, premeditadamente, pudo presentarse a los últimos comicios del domingo 26 de noviembre.
Siguiendo con esta lógica autoritaria, el gobierno buscó garantizar el control absoluto del Tribunal Supremo Electoral. Fue David Matamoros Batson, cuestionado exdiputado y secretario general del Partido Nacional (donde milita el propio presidente Hernández), el elegido para llevar las riendas de un organismo que debería ser esencialmente independiente e incorruptible. Asimismo, como director general de Aduanas, se vio involucrado en un turbio asunto de corrupción en 1993. Es a partir de un recrudecimiento de estas señales de corrupción, que se explica la reacción de la ciudadanía hondureña (y de la Policía de Honduras) que busca defender la transparencia del presente proceso, mediante un recuento general de los votos.
Lea también: La protesta social es un derecho que está en la base del constitucionalismo liberal
Las autoridades no han explicado fehacientemente, cómo es que el miércoles 29, todavía el candidato de la Alianza de Oposición contra la Dictadura, Salvador Nasralla, seguía al frente del conteo oficial por un buen margen, con el 75% de los votos escrutados; para pasar, después de un inusitado apagón del sistema informático y la inhabilitación de varias actas electorales, ese mismo día, por la noche, se vio superado por Juan Orlando Hernández por una cantidad irrisoria de 20000 votos. El viernes 1, como crónica de una muerte anunciada, el Tribunal Supremo Electoral declaró a Hernández como ganador virtual con el 94,3% de los votos escrutados y 1,5 puntos de ventaja (46.586 votos) sobre Nasralla.
Pese a ello, el TSE aún no ha proclamado oficialmente al nuevo presidente, por recomendaciones directas de la Unión Europea y la OEA, que consideraron correcta la petición del candidato de la oposición de revisar un aproximado de 5179 actas electorales que afirman que son fraudulentas. Ante este nuevo escenario, la Policía de Honduras, suspendió su huelga, pero acordando no reprimir a quienes protesten de forma pacífica. «La policía nacional es profesional, es necesaria en nuestra sociedad, es para el pueblo y se debe al pueblo«, afirmó su portavoz. Alrededor de 800 policías y 50 patrullas retomaron sus labores inmediatamente.
“Que se revise, una, dos, tres, las (veces) que sea, no tenemos ningún problema”, declaró el actual presidente de Honduras, como desafiando a demostrar que realmente él fue el vencedor en los últimos comicios. Pese a ello, la oposición, al día de hoy, ya no solo demanda la revisión de las 5179 actas mencionadas, sino de todo el proceso, pedido aceptado tácitamente por Hernández. En ese marco, con cientos de personas todavía movilizadas, se intenta volver progresivamente a la normalidad, con el transporte y el comercio empezando a retomar sus horarios correspondientes. «Honduras está en una fase insurreccional, si el Tribunal declara un ganador, puede aumentar la crisis», señaló a la Agence France-Presse, el ex-canciller Ernesto Paz Aguilar.
