A solo pocos días de las elecciones municipales en Lima, es importante que como ciudadanos(as) comprometidos(as) con la democracia conozcamos nuestros derechos y cómo estos son protegidos y garantizados dentro de los planes de gobierno de nuestros candidatos y candidatas a la silla municipal. A propósito, debemos recordar que todo Estado, y quienes actúan en representación de este, tienen la obligación de prevenir, respetar y garantizar los derechos humanos de toda persona dentro de su territorio. De esa manera, los funcionarios dentro del Estado no solo tienen la obligación negativa de evitar cometer violaciones de derechos humanos, sino también tienen la obligación positiva de adoptar todas las medidas apropiadas para garantizar el efectivo cumplimiento de los derechos humanos[1].
Asimismo, existe una obligación especial de respeto y garantía respecto a poblaciones en específico, las cuales por sus condiciones derivadas de situaciones históricas de discriminación se ven afectadas sistemáticamente en el disfrute y ejercicio de sus derechos fundamentales. Frente a ellas, no basta que los Estados se abstengan de violar los derechos, sino que es imperativa la adopción de medidas positivas, determinables en función de las particulares necesidades de protección, ya sea por su condición personal o por la situación específica en que se encuentre[2].
En ese sentido, un elemento importante que se debe evaluar en estas elecciones municipales es la consideración que han tenido las diferentes organizaciones políticas respecto a las necesidades y problemáticas específicas de estos sectores de la población, para los cuales hasta la actualidad no se cuenta con una plataforma de políticas públicas idóneas y efectivas que logren eliminar y/o reducir sus principales problemáticas dentro de la sociedad. La exclusión, la discriminación y las desigualdades en la ciudad no son fenómenos irremediables. Por el contrario, es posible hacerles frente desde los valores, la acción colectiva, la práctica institucional y las políticas públicas[3].
En estas elecciones al Concejo Metropolitano de Lima, contamos con 21 partidos políticos los cuales han tenido la oportunidad de desarrollar dentro de sus planes de gobierno[4] propuestas dirigidas a estas personas en especial situación de vulnerabilidad, así como posibles alternativas de solución y/o acciones concretas para cada grupo en específico. De ese modo, pasaremos a analizar cuántas organizaciones políticas incluyen dentro de sus planes de gobierno a los distintos grupos en situación de vulnerabilidad.
Personas con discapacidad
Las personas con discapacidad forman parte de las poblaciones más invisibilizadas y excluidas dentro de la sociedad. Son víctimas frecuentes de múltiples y agravadas formas de discriminación las cuales les impiden ejercer plenamente libertades y derechos básicos. Se consideran personas con discapacidad a aquellas que tienen una o más deficiencias físicas, sensoriales, mentales o intelectuales de carácter permanente que, al interactuar con diversas barreras, pueden impedir su participación plena y efectiva en la sociedad en igualdad de condiciones con las demás[5].
Según el último Censo Nacional 2017, Lima Metropolitana cuenta con 949, 969[6] personas con alguna discapacidad, lo cual equivale al 11.08 % de la población en general. De aquel grupo 34, 833 personas con discapacidad se encuentran inscritas en el padrón electoral del actual proceso de Elecciones Regionales y Municipales 2018[7]. Al respecto, conforme al propio registro de CONADIS, Lima Metropolitana es el municipio provincial que concentra el mayor porcentaje de personas con discapacidad inscritas[8]. La Encuesta Nacional Especializada sobre Discapacidad[9] evidencia que estas personas declaran tener mayores complicaciones en los establecimientos de salud 29.4%, paraderos 23% y mercados 21.3%. No hemos construido ciudades que permitan la inclusión y la libre movilidad de las personas con discapacidad. Por ello, es importante detectar las necesidades de las personas con discapacidad para abordar sus problemáticas y así establecer mecanismos efectivos y necesarios para garantizar sus derechos.
Según el Programa Observa Igualdad del JNE, de los 21 partidos políticos aspirantes al Concejo Municipal, 18 hacen alguna mención sobre personas con discapacidad en sus planes de gobierno; 7 incluyen a las personas con discapacidad en sus principios, misión, visión y/o valores; 11 identifican problemáticas que afectan a las personas con discapacidad; 15 incluyen alternativas de solución y/o acciones concretas a favor de las personas con discapacidad; 5 incluyen un acápite específico para dicha población (Acción Popular, Democracia Directa, Frente Popular Agrícola FIA del Perú, Juntos por el Perú y el Partido Popular Cristiano); y únicamente 3 promueven la participación política de las personas con discapacidad en sus planes de gobierno (Acción Popular, Juntos por el Perú y el Partido Popular Cristiano)[10].
Con relación a la denominación usada dentro de los planes de gobierno, solo 14 de los 21 partidos políticos cumplen con la definición desarrollada por la Ley General de las Personas con Discapacidad y la Convención Internacional de los derechos de las personas con discapacidad, desde el enfoque social según el cual la discapacidad es el resultado de la deficiencias aunadas a barreras sociales[11]. En este punto, la organización política Acción Popular iguala la noción de discapacidad a la de limitaciones o deficiencias[12] desde un enfoque médico, sin tomar en cuenta la definición utilizada en la legislación interna, mientras que el partido Perú Patria Segura no solo no toma en cuenta el enfoque social mencionado, sino que además en su proyecto diferencia “grupos vulnerables” de “aquellos con discapacidad”, cuando estos se encuentran subsumidos dentro de aquellos.
Los partidos que desarrollan de forma más progresista los derechos de las personas con discapacidad son las agrupaciones Juntos por el Perú y el Partido Popular Cristiano. Ambas organizaciones identifican la falta de accesibilidad en espacios públicos, sanciones e infracciones, y la necesidad de transversalizar la atención de personas con discapacidad en las políticas pública de la ciudad. Además, plantean políticas de infraestructura, desarrollo económico, enfoque de discapacidad en temas de educación y salud, e incluso su participación política en grupos de trabajo y diálogo.
Finalmente, el partido Perú Libertario no considera ningún tipo de propuesta para las personas con discapacidad, lo cual demuestra la falta de enfoque de derechos humanos de la organización política.
Mujeres
La violencia contra la mujer y los feminicidios se han hecho más evidentes en los últimos años. Según datos del Observatorio de Criminalidad del Ministerio Público, solo el 2017 se registraron 8 656 denuncias por violación sexual en Lima Metropolitana, las cuales representan el 34.5% del total de casos registrados en todo el país. En el mismo periodo se reportaron 24 feminicidios, y solo en el primer trimestre de este año los Centros de Emergencia Mujer (CEM), que dependen del MIMP, atendieron a 6, 721 mujeres víctimas de agresión física, económica, sexual o psicológica[13]. La fundación Thomson Reuter elaboró una encuesta en el año 2017 con la finalidad de establecer un ranking de las ciudades más seguras para las mujeres. De los 19 países analizados, Lima se ubica como la quinta ciudad más peligrosa con puntajes bastante bajos en, por ejemplo, oportunidades económicas para las personas de sexo femenino, acceso a servicios de salud, nivel de violencia sexual en la ciudad y prácticas culturales que puedan lastimarlas[14].
Estas son algunas de las varias manifestaciones de inequidad entre hombres y mujeres. Además, de tener en cuenta que en Lima Metropolitana el 50.6% de votantes pertenecen a este grupo en situación de vulnerabilidad, lo cual implica una urgente y necesaria atención por parte de los partidos políticos a las distintas problemáticas que padecen.
De los aspirantes al sillón municipal, 17 incluyen alternativas de solución y/o acciones concretas en favor de las mujeres, generalmente relacionadas a la promoción del empleo, a la lucha contra la violencia y al cuidado de la salud. A su vez, de estos 17 partidos, 16 consideran acciones en contra de la violencia de género; 10 incluyen un acápite específico sobre la mujer en sus planes de gobierno; 12 incluyen a las mujeres dentro de sus principios, misión, visión y/o valores de sus planes de gobierno; 8 consideran el lenguaje inclusivo; y solo 4 promueven su participación política[15].
De todos los planes presentados para la alcaldía, Alianza para el Progreso, Perú Libertario, Perú Patria Segura, Peruanos por el Kambio, Solidaridad Nacional y Vamos Perú no identifican ninguna problemática sobre las mujeres en sus planes de gobierno. Asimismo, los que reúnen más falencias son Peruanos por el Kambio y Solidaridad Nacional quienes, además de no reconocer ninguna problemática, tampoco toman en cuenta posibles soluciones en ningún campo, ni siquiera en torno a la violencia, promoción del empleo, cuidado de la salud y participación política.
El candidato de Alianza para el Progreso solo menciona que la nueva agenda debe tomar en cuenta la necesidad de las mujeres, y Somos Perú identifica el acoso sexual como un problema pero no dice cómo logrará evitarlo.
Finalmente, solo 11 de los candidatos proponen construir o potenciar casas de acogida o de refugio para víctimas de violencia familiar, a pesar de la existencia de las leyes N° 30364 y N° 30314 que obligan a las municipalidades de todo el país a crear y administrar casas refugio para mujeres víctimas de violencia y/o de tentativa de feminicidio y a prevenir el acoso sexual callejero, además de otros mandatos especificados en el Plan Nacional contra la Violencia de Género 2016-2021 y la Ley Orgánica de Municipalidades[16].
Pueblos indígenas
La actual configuración de Lima Metropolitana, son producto de los cambios sociales y migraciones en las últimas décadas. Nuestra capital está compuesta tanto por población urbana como de origen rural, incluyendo población quechua, aymara e indígena amazónica; asimismo, es la ciudad con la mayor cantidad de quechua hablantes en el mundo[17].
Según el último Censo Nacional 2017[18], en el departamento de Lima la población censada que habla alguna lengua indígena asciende a 1 595 860 personas. De esta población el 17.66% se reconoce como descendiente o parte de algún pueblo indígena (quechua, aimara y nativo o indígena de la Amazonía), y la población quechua es el grupo mayoritario (16.36% del total). Asimismo, según cifras de la ENAHO[19] el 14% de la población que habla quechua y el 10% de la población que habla aymara se encuentran en situación de pobreza. Por otro lado, mientras que el 83% de personas que hablan quechua tiene acceso al sistema de desagüe, el 90% que no habla alguna lengua indígena tiene acceso a dicho servicio. Asimismo, el 84% que habla quechua tiene acceso a la educación frente al 91% que no habla alguna lengua indígena que cuenta con ese derecho.
Es evidente que existe una situación compleja con las personas pertenecientes a pueblos indígenas en la ciudad de Lima, a pesar de contar con derechos individuales y colectivos que el Estado debería garantizar. En ese sentido, la promoción de una ciudadanía intercultural resulta de vital importancia, por lo que los planes de gobierno deberían tomar en cuenta el enfoque intercultural.
De los 21 partidos políticos, podemos observar que 13 de ellos sí incluyen la interculturalidad y/o la diversidad cultural en sus principios, misión, visión y/o valores de sus planes de gobierno; 3 identifican problemáticas en torno a la interculturalidad y/o diversidad cultural; 7 consideran acciones a favor de la interculturalidad y/o la valoración de la diversidad cultural; y solo 1 considera su participación política[20].
La protección de los derechos de los pueblos indígenas es una de las más preocupantes en la agenda electoral. Casi todos los candidatos focalizan su plan de gobierno en un tema de promoción de la diversidad cultural, sin tomar en cuenta las problemáticas individuales y colectivas que aquejan las personas auto identificadas como indígenas. Ningún partido político toma en cuenta las problemáticas de carácter especial que tienen las poblaciones indígenas dentro de Lima Metropolitana, ni ha planteado soluciones frente a la desagregación que vienen sufriendo hasta la fecha.
Los partidos políticos que han propuesto alternativas de solución, reducen la problemática indígena a una política asimilacionista[21] según la cual pretenden que sean las personas auto identificadas como indígenas quienes se integren a las propuestas desarrolladas para toda la ciudad sin tomar en cuenta sus problemáticas específicas y alternativas de solución conjunta. Por ejemplo, de los 7 partidos políticos que proponen soluciones alternativas, ninguno considera alguna política que ataque de forma directa la discriminación, exclusión y segregación de los pueblos indígenas, así como su situación de pobreza extrema. Por el contrario, dentro de sus posibles soluciones a la problemática plantean soluciones tales como “desfiles de danzas” o “promoción de la diversidad gastronómica”. Solo el partido político Juntos por el Perú trabaja mínimamente el tema del racismo y el enfoque intercultural, pero sin plantear soluciones concretas. Finalmente, 5 de los 21 partidos no incluyen ninguna propuesta para las personas identificadas como indígenas: Unión por el Perú, Todos por el Perú, Somos Perú, Siempre Unidos y Perú Patria Segura.
Población LGTBI
Las personas LGTBI (siglas con las que se agrupa a las personas lesbianas[22], gays[23], bisexuales[24], trans[25] e intersex[26]) es uno de los grupos sociales históricamente excluidos en Perú. En el año 2017 se realizó la Primera Encuesta Virtual para personas LGBTI, en la que se logró obtener respuestas de 12 026 personas LGBTI, de las cuales el 65.5% se concentraban en Lima. En esta encuesta se logró identificar que el 50.9% de los encuestados sienten temor de expresar su orientación sexual y/o identidad de género, para los cuales las principales razones son las siguientes: miedo a ser discriminado o agredido 72.5%, miedo a perder la familia 51.5% y miedo a perder el trabajo y oportunidades laborales 44.7%. Un 62,7% de los encuestados declararon haber sufrido discriminación y/o violencia. Dichos actos ocurrieron principalmente en espacios públicos 65.6%, el ámbito educativo 57.6% y en los medios de transporte 42.3%, siendo los principales actores un compañero o padre en la escuela 55.8%, líderes religiosos 42.7% y servidores públicos 32.7%[27].
Frente a este panorama, es evidente que existe una tarea pendiente en reducir la discriminación y violencia en contra de las personas LGTBI, mediante la promoción y la implementación de políticas públicas que garanticen derechos en igualdad. Como es de suponer, esta tarea alcanza a las organizaciones políticas que pretenden asumir una función pública, haciéndose importante incluir dentro de sus planes de gobiernos alternativas de soluciones y acciones concretas frente a las problemáticas específicas que sufre este sector de la población.
De los 21 partidos políticos aspirantes, solo 4 consideran a las personas LGTBI en sus planes de gobierno, (Perú Nación, Juntos por el Perú, Frente Amplio y el FREPAP); 2 las incluyen únicamente en sus principios, misión, visión y/o valores (Perú Nación y FREPAP); 2 identifican problemáticas que afectan a las personas LGTBI (Frente Amplio y Juntos por el Perú); y solo 1 considera en todos los criterios señalados a las personas LGTBI (Juntos por el Perú), el cual incluye alternativas de solución, promoción de la participación política y un acápite específico sobre esta población. Finalmente, 17 partidos políticos no incluyen ninguna propuesta para las personas LGTBI[28].
En este punto, se evidencia la misma problemática de las poblaciones indígenas. Existe casi un nulo interés de la mayoría de los partidos políticos en regular la agenda de las personas LGTBI. Asimismo, solo los partidos políticos Frente Amplio y Juntos por el Perú usan la denominación LGTBI y LGTBIQ, respectivamente. A su vez, el partido político Juntos por el Perú es el único que regula de manera progresista la agenda de las personas LGTBIQ, al proponer ordenanzas municipales contra la discriminación, planes de seguridad con enfoque de género, programas de salud sexual y reproductiva, capacitación de servidores, e incluso la participación política de los mismos dentro de mesas de trabajo con la sociedad civil.
Población afroperuana
De acuerdo con el mapa geo-étnico del Ministerio de Cultura, la concentración de población afroperuana es marcadamente mayor en Lima Metropolitana, Callao y Piura[29]. Asimismo, según la Encuesta Nacional de Hogares (ENAHO), en el año 2004 el 35.7% de la población afroperuana se encuentra en situación de pobreza y el 43.3% de la población encuestada ha presenciado algún acto de maltrato o discriminación hacia población afroperuana. Dichas situaciones suceden con mayor incidencia en Lima 54.6%.[30]
Se logra evidenciar que la discriminación y la desigualdad siguen siendo una constante para los pueblos indígenas amazónicos, andinos y para las personas afroperuanas. Sin embargo, pese a contar con características relativamente comunes y problemáticas específicas, la población afroperuana se encuentra sub representada políticamente y su agenda no es atendida, así como tampoco cuentan con políticas públicas enfocadas en su especial situación.
De los 21 partidos políticos aspirantes al sillón municipal solo 6 incluyen, de alguna manera, a la población afroperuana en sus principios, misión, visión y/o valores: 5 a través de menciones expresas acerca de la lucha contra la discriminación racial (Acción Popular, Todos por el Perú, Juntos por el Perú, Partido Popular Cristiano, y Frente Amplio por Justicia, Vida y Libertad), y 1 (Perú Libre) mediante el reconocimiento de la llegada de población africana en la historia del país. A su vez, solo 3 identifican problemáticas que afectan a la población afroperuana (Frente Amplio por Justicia, Vida y Libertad, Fuerza Popular y Juntos por el Perú). Y por último solo 1 considera acciones concretas a favor y promoción de su participación política (Juntos por el Perú)[31]. Finalmente, 14 de los partidos políticos no tienen ninguna mención respecto a la población afroperuana.
La ausencia o deficiencia de las políticas públicas, vale decir, de decisiones del gobierno para atender la realidad de los problemas de estos grupos vulnerables, así como para adecuar los servicios públicos con criterios de género, interculturalidad, enfoque de discapacidad o de cualquier otra índole, incrementan la exclusión, acentúan las desigualdades y evitan el libre desarrollo de la personalidad. Esta falencia mantiene o agudiza las condiciones en las que las ciudades son menos habitables. De lo expuesto, se logra evidenciar que la agenda afroperuana y la agenda LGTBI corresponden a las poblaciones que menor desarrollo han tenido dentro de los planes de gobiernos de los candidatos para Lima, lo cual evidencia que aún existe un desafío muy grande con relación a estos grupos en específico. Asimismo, se logra evidenciar que las propuestas enfocadas a las poblaciones indígenas se reducen a criterios de diversidad e inclusión cultural, sin tomar en cuenta las especiales necesidades individuales y colectivas del grupo en específico. Quizás son las políticas enfocadas a las de personas con discapacidad y las mujeres las que mejor desarrollo han tenido en los planes de gobierno de los candidatos, aunque como se ha expuesto aún existe un déficit en la identificación concreta de los problemas y soluciones idóneas y efectivas.
Evidentemente, aún existen muchos retos para los partidos políticos en materia de poblaciones de situación de vulnerabilidad. La ciudad, desde sus orígenes, ha sido un espacio de relaciones para la convivencia y ha segregado muchas veces los espacios de diversidad y diferencias. Es menester generar conciencia de la exclusión social de estos grupos vulnerables a través de la historia y empezar a erradicar las diferentes barreras que impiden el goce absoluto de sus derechos.
Es momento de cambiar la ciudad y hacerla diferente: una ciudad accesible, diversa y con que tome en cuenta nuestras propias diferencias.
[1] Corte IDH. Caso Vera Vera y otra Vs. Ecuador. Excepción Preliminar, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 19 de mayo de 2011, párr. 41; Caso «Instituto de Reeducación del Menor» Vs. Paraguay. Excepciones Preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 2 de septiembre de 2004, párr. 158.
[2] Corte IDH. Caso Ximenes Lopes Vs. Brasil. Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 4 de julio de 2006, párr. 103; Caso Baldeón García Vs. Perú. Sentencia de 6 de Abril de 2006. Fondo, Reparaciones y Costas, párr. 81; y Caso Masacre de Pueblo Bello Vs. Colombia. Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia 31 de enero de 2006, párr. 111.
[3] Brugué, Quim, Ricard Gomà y Joan Subirats (2002). “De la pobreza a la exclusión social. Nuevos retos para las políticas públicas”, en Revista Internacional de Sociología, tercera época, 33, septiembre-diciembre, pág. 7.
[4] JNE. Es el documento donde las organizaciones políticas, a partir de un diagnóstico y una visión de desarrollo, establecen los lineamientos de política, estrategias y acciones que desarrollarán en caso de llegar al gobierno. Constituyen un compromiso moral o la expresión de voluntad de una organización política, por lo que sirven para que la ciudadanía haga seguimiento de las promesas electorales y exija su cumplimiento.
[5] Ley N° 29973, Ley General de la Persona con Discapacidad. Fecha: 24 de diciembre de 2012. Se puede ver aquí. Consultado el 01 de octubre de 2018.
[6] INEI. Censo Nacional 2017: XII de Población, VII de Vivienda y III de Comunidades Indígenas. Sistema de consulta de bases de datos población con alguna discapacidad en Lima Metropolitana. Se puede ver aquí. Consultado el 02 de octubre de 2018.
[7] JNE. ERM 2018: Las personas con discapacidad en los planes de gobierno. Dirección Nacional de Educación y Formación Cívica Ciudadana y Programa para la igualdad política. Se puede ver aquí. Consultado el 30 de setiembre del 2018.
[8] INEI. Perú: Características de la población con discapacidad. Se puede ver aquí. Consultado el 30 de setiembre del 2018.
[10] JNE. ERM 2018: Las personas con discapacidad en los planes de gobierno. Dirección Nacional de Educación y Formación Cívica Ciudadana y Programa para la igualdad política. Se puede ver aquí. Consultado el 30 de setiembre del 2018.
[11] Organización Mundial de la Salud (OMS). Clasificación Internacional del Funcionamiento, de la Discapacidad y de la Salud: CIF. Madrid: IMSERSO; 2001. Se puede ver aquí. Consultado el 30 de setiembre de 2018.
[12] Ibidem. Págs. 4 y 5.
[13] Ojo Público. Cinco de los candidatos no tienen planes para reducir la violencia contra la mujer en lima. Se puede ver aquí. Consultado el 30 de setiembre de 2018.
[14] Thomson Reuters Foundation. Se puede ver aquí. Consultado el 01 de octubre de 2018.
[15] JNE. ERM 2018: Las mujeres en los planes de gobierno. Dirección Nacional de Educación y Formación Cívica Ciudadana y Programa para la igualdad política. Se puede ver aquí. Consultado el 01 de octubre de 2018.
[16] Ojo Público. Cinco de los candidatos no tienen planes para reducir la violencia contra la mujer en lima. Se puede ver aquí. Consultado el 01 de octubre de 2018.
[17] MINCUL. Cartilla Informativa sobre pueblos indígenas u originarios (Lima). Se puede ver aquí. Consultado el 01 de octubre de 2018.
[18] INEI. Censo Nacional 2017: XII de Población, VII de Vivienda y III de Comunidades Indígenas. Sistema de consulta de bases de datos sobre la pregunta de costumbres y antepasados. Se puede ver aquí. Consultado el 30 de setiembre de 2018.
[19] Encuesta Nacional de Hogares (ENAHO, 2015) realizada por el INEI.
[20] JNE. ERM 2018: La interculturalidad en los planes de gobierno. Dirección Nacional de Educación y Formación Cívica Ciudadana y Programa para la igualdad política. Se puede ver aquí. Consultado el 01 de octubre de 2018.
[21] La experta en pueblos indígenas, Raquel Yriqoyen Fajardo, define las políticas asimilacionistas como aquellas que “pretenden desaparecer de una o cierta forma la cultura indígena, asimilando a los indígenas a la nueva nación mestiza. Lo califica como un modelo individualista de derechos que no toma en cuenta las necesidades colectivas de los pueblos indígenas (tierras, idiomas, etc.)”. En Hitos del reconocimiento del Pluralismo Jurídico y el derecho indígena en las políticas indigenistas y el Constitucionalismo Andino. Publicado en: Berraondo, Mikel (coordinador): Pueblos Indígenas y derechos humanos. Bilbao: Universidad de Deusto, 2006 (pp. 537-567).
[22] Es una mujer que es atraída física, romántica y/o emocionalmente hacia otras mujeres.
[23] Es un hombre que es atraído física, romántica y/o emocionalmente por otros hombres, aunque el término gay también se puede utilizar para describir tanto a hombres gays como mujeres (lesbianas).
[24] Describe a una persona que es física, romántica y/o emocionalmente atraída tanto por hombres como mujeres. Actualmente la bisexualidad acepta el marco de la diversidad de corporalidades dentro de su sexualidad.
[25] Describe a las personas cuya identidad de género y/o expresión de género difiere del sexo biológico, y del género que les fue asignado al nacer.
[26] Se refiere a una condición en la que la persona nace con una anatomía reproductiva o sexual y/o patrones de cromosomas u hormonal que no parecen ajustarse con las típicas nociones biológicas de hombre o mujer.
[27] INEI. Primera Encuesta Virtual para las Personas LGTBI. Se puede ver aquí.
[28] JNE. ERM 2018: La población LGTBI en los planes de gobierno. Dirección Nacional de Educación y Formación Cívica Ciudadana y Programa para la igualdad política. Se puede ver aquí. Consultado el 01 de octubre del 2018.
[29] MINCUL. Sistema de información geográfica. Se puede ver aquí. Consultado el 01 de octubre de 2018.
[30] Estudio Especializado sobre Población Afroperuana (2015), pág. 79
[31] JNE. ERM 2018: La población afroperuana en los planes de gobierno. Dirección Nacional de Educación y Formación Cívica Ciudadana y Programa para la igualdad política. Se puede ver aquí. Consultado el 01 de octubre de 2018.
