La congresista Patricia Juárez, integrante de Fuerza Popular, presentó un proyecto de ley para que la Autoridad de Transporte Urbano para Lima y Callao (ATU) represente a los transportistas agraviados en los procesos penales derivados de delitos de extorsión, sicariato, homicidio y/o delitos conexos.
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Esta representación, indica la iniciativa legislativa, «comprende la presentación y seguimiento de la denuncia penal, la colaboración en la investigación, la actuación en el proceso penal y demás actuaciones conexas, conforme a lo previsto en la ley».
La acción no limitará el derecho de la víctima, en caso de decidirlo, de intervenir en cualquier etapa del proceso penal. Para ello, añade a la Ley de Organización y Funciones del Ministerio de Transportes y Comunicaciones disponer las medidas para que los organismos públicos adscritos a su competencia ejerzan funciones de representación en procesos penales.
PROYECTO DE LEY QUE ESTABLECE MEDIDAS PARA GARANTIZAR Y PRESERVAR LA SEGURIDAD CIUDADANA EN EL SERVICIO DE TRANSPORTE PÚBLICO URBANO EN LAS PROVINCIAS DE LIMA Y CALLAO
La congresista de la República que suscribe, CARMEN PATRICIA JUÁREZ GALLEGOS, integrante del Grupo Parlamentario Fuerza Popular, en uso de las atribuciones que confiere el artículo 107 de la Constitución Política del Perú y en observancia de lo dispuesto por los artículos 74, 75 y 76 del Reglamento del Congreso de la República; propone el proyecto de ley siguiente:
FÓRMULA LEGAL
LEY QUE ESTABLECE MEDIDAS PARA GARANTIZAR Y PRESERVAR LA SEGURIDAD CIUDADANA EN EL SERVICIO DE TRANSPORTE PÚBLICO URBANO EN LAS PROVINCIAS DE LIMA Y CALLAO
Artículo 1. Objeto de la Ley
La presente Ley tiene por objeto establecer medidas a cargo de la entidad pública competente, destinadas a garantizar y preservar la seguridad ciudadana en la prestación del servicio de transporte público urbano de personas en las provincias de Lima y Callao.
Artículo 2. Representación de la ATU en procesos penales
Autorízase a la Autoridad de Transporte Urbano para Lima y Callao (ATU), en su condición de ente rector y responsable de la gestión del transporte público urbano en dicho ámbito, a ejercer la representación de la parte agraviada en los procesos penales derivados de delitos de extorsión, sicariato, homicidio y/o delitos conexos, cuando estos afecten la continuidad, regularidad o seguridad en la prestación del servicio público de transporte urbano de personas, o pongan en riesgo la vida e integridad de los operadores del servicio (representante y/o, conductor y/o, cobrador).
La representación comprende la presentación y seguimiento de la denuncia penal, la colaboración en la investigación, la actuación en el proceso penal y demás actuaciones conexas, conforme a lo previsto en la ley.
Lo dispuesto no limita el derecho de la víctima de intervenir en cualquier etapa del proceso penal si decide hacerlo.
[Continúa…]

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