El Consejo Ejecutivo del Poder Judicial (CEPJ), que preside el juez supremo José Luis Lecaros, dispuso gestionar o adquirir pruebas serológicas y moleculares para descartar la enfermedad de covid-19 en jueces, personal jurisdiccional y administrativo, cuando retornen a sus labores.
Esta medida de prevención tiene como finalidad salvaguardar la salud de los magistrados, trabajadores de la institución y usuarios del servicio de administración de justicia.
Al respecto, Lecaros Cornejo remitió un oficio al presidente del Consejo de Ministros, Vicente Zeballos Salinas, en el cual propone la suscripción de un convenio de colaboración interinstitucional con el Ministerio de Salud para la obtención de las mencionadas pruebas.
En el documento, la autoridad judicial indica que para cumplir con la RM 239-2020-MINSA, el Poder Judicial requiere de los exámenes serológicos y moleculares para aplicarlas al personal jurisdiccional y administrativo que retornará cuando concluya la cuarentena y el Estado de Emergencia Nacional.
“Esta es una obligación legal establecida en la referida resolución, caso contrario no podremos reactivar el servicio con el personal que tiene exposición de riesgo frente a la covid-19”, precisa el oficio.
MODIFICACIONES
Por otro lado, el CEPJ a través de la Resolución Administrativa 146-2020-CE-PJ realizó dos modificaciones al protocolo sobre medidas de reactivación de los órganos jurisdiccionales y administrativos del Poder Judicial, posterior al levantamiento del aislamiento social obligatorio.
En el Capítulo V, modificó el plazo de aplicación del protocolo establecido en los puntos 5.1 a), b), c), 5.2, 5.3, 5.4 a) y 5.7 a) de “7 (SIETE) primeros días” a “14 (CATORCE) primeros días”.
El otro cambio, en el Capítulo VI. Asistencia y jornada laboral, modifica el punto 6.1, a) y b) e instituye el horario de la jornada laboral de 09:00 a 14:00 horas en los grupos que corresponda, aplicable a jueces, funcionarios y servidores.
Finalmente, mediante la Resolución Administrativa N.° 147-2020-CE-PJ, el órgano de gobierno aprobó el “Plan actualizado para la vigilancia, prevención del covid-19 en el Poder Judicial” y dejó sin efecto el documento anterior.
