La Procuradora General del Estado debe evaluar seriamente la permanencia del Procurador Público Especializado Supranacional y su adjunto, pues su ‘defensa’ del Estado peruano ha sido notoriamente paupérrima y en detrimento de todos.
Primero: Un Estado no comparece ante un tribunal internacional sin una posición determinada sobre el asunto en discusión.
Segundo: Por lo menos cabía plantear si el indulto concedido al expresidente se debía discutir en una solicitud de medidas provisionales (donde se discute sobre la gravedad, urgencia e irreparabilidad del daño, sobre todo cuando ya existió un antecedente de libertad) o en el procedimiento de supervisión de cumplimiento de sentencia.
Tercero: Plantear, con fundamentos, a la Corte IDH si una mera comunicación, sin resolución de por medio, dirigida al Estado, surte efectos jurídicos.
Cuarto: En una audiencia sobre medidas cautelares, como fue la de hoy, el Estado se debe referir a las condiciones de gravedad, urgencia e irreparabilidad. Los procuradores ni siquiera se refirieron al estado de salud del expresidente ni al peligro de fuga considerando su avanzada edad, delicada salud y el impedimento de salida del país.
Quinto: Como lo hicieron bien los representantes de las víctimas, se debe plantear a la Corte IDH cuestiones que a futuro y en el presente y otros casos sirvan para la defensa jurídica del Estado peruano.
Sexto: La defensa del Estado no puede ser: «Acataremos lo que decida la Corte IDH». Esto no es una defensa, es un lavamanos. Si los procuradores están cuidando su reputación, deben renunciar al cargo para que lo hagan en el sector privado y no a expensas de los intereses del Estado peruano. ¡No es justo!
Los congresistas de la República ayudarían mucho en la debida fiscalización de la deficiente actuación de los referidos funcionarios.
