La defensa del expresidente Pedro Castillo solicitó, mediante una petición formal ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH), la cesación de la prisión preventiva que viene cumpliendo desde diciembre de 2022. El recurso, tramitado por el abogado Carlos Perea Pasquel, plantea que el exmandatario enfrente el proceso judicial bajo vigilancia electrónica.
En el documento difundido por La República, se argumenta que Castillo Terrones se encuentra «civilmente secuestrado» y califican su reclusión como una forma de detención arbitraria de carácter político. La solicitud sostiene que transcurrieron más de dieciocho meses desde su detención y que los intentos por revocar la medida en sede nacional han sido reiteradamente rechazados.
La petición fue presentada bajo el mecanismo de denuncia previsto en el sistema interamericano. «La petición la hemos presentado en virtud de antecedentes y fundamentos jurídicos que demuestran que Pedro Castillo es un preso político», precisó Perea Pasquel.
En su escrito, se acusa directamente al Juzgado Supremo de Investigación Preparatoria y a la Sala Penal Permanente de la Corte Suprema del Perú como órganos presuntamente responsables de haber vulnerado el derecho a la libertad personal.
El texto remarca que, desde su detención, «aproximadamente 30 abogados han presentado distintos recursos y escritos procesales» para solicitar su libertad, pero todas las solicitudes fueron declaradas infundadas. También se indica que, si bien se le imputa el delito de rebelión, no se ha acreditado la existencia de armas ni actos violentos, por lo que —según la defensa— la conducta imputada no se subsume en el tipo penal.
“El verbo rector del delito de rebelión prescribe el uso de armas. El presidente Castillo levantó un papel y no un arma”, se afirma en el escrito presentado ante la Corte IDH.
La defensa sostiene que el sistema de justicia nacional ya agotó todos los mecanismos ordinarios, motivo por el cual se recurre a instancias internacionales. En esa línea, se invocó el artículo 283 del Código Procesal Penal peruano, que permite solicitar la cesación de la prisión preventiva cuando existan nuevos elementos de convicción.
Asimismo, se solicita que se reemplace la prisión preventiva por una medida de comparecencia con vigilancia electrónica, con base en el Decreto Legislativo N 1322 y el Decreto Supremo 016-2017-JUS, que regulan el uso de grilletes electrónicos como alternativa a la prisión en casos que no impliquen alta peligrosidad.
El documento remitido a la CIDH no constituye aún una solicitud de medida cautelar, pero la defensa ha adelantado que se encuentra en proceso de preparación de dicho recurso. «En esencia, busca lo mismo que la petición, pero por otra vía. Se le pide a la Corte que, mientras se resuelve el juicio, dicte una medida urgente para proteger los derechos del detenido», explicó el letrado.
El recurso lleva como encabezado «Solicitamos libertad de preso político» y enumera tres fundamentos centrales: i) la supuesta naturaleza política de la detención; ii) la atipicidad de la conducta imputada; y iii) la aplicación de medidas menos gravosas conforme al principio de proporcionalidad. En el texto se lee también:
Denunciamos al Juzgado Supremo de Investigación Preparatoria y a la Suprema Corte Permanente de Justicia del Perú como responsables de mantener arbitrariamente en prisión a Pedro Castillo Terrones, en violación de los estándares interamericanos de derechos humanos.
La Corte aún no se ha pronunciado sobre la admisibilidad del recurso. De ser admitido, el Estado peruano será notificado y se iniciará el proceso de evaluación conforme a los procedimientos establecidos por la Convención Americana sobre Derechos Humanos.
