En una audiencia realizada el miércoles 20 de febrero, bajo la conducción del juez Juan Carlos Checkley Soria, la defensa de Pedro Castillo sustentó su pedido para que se deje sin efecto una investigación contra el expresidente, quien se encuentra sindicado como el presunto líder de una organización criminal.
Durante su intervención, el abogado Luis Walter Medrano solicitó que se respeten las modificaciones legislativas en relación con la figura de organización criminal, entre ellas, la Ley 32108.
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De no acatarse dicha normativa, advirtió, se incurriría en una forma de rebeldía contra el Poder Legislativo, aludiendo a la misma institución que el expresidente intentó disolver a través de su fallido golpe de Estado en 2022:
El fiscal supremo, como defensor de la legalidad, tiene el deber de adecuar sus investigaciones a los nuevos parámetros legales. Si se exige tanto que debemos respetar al Poder Legislativo, con más razón debemos respetar las leyes que emita. Desobedecerlo [al Congreso] sería rebelarnos contra un poder del Estado.
Desde su reclusión tras una orden de prisión preventiva, Castillo Terrones ha emitido reiteradas críticas tanto al Congreso como al Gobierno de Dina Boluarte, quien desempeñaba el cargo de vicepresidenta durante su mandato. El exmandatario ha llegado a sostener que el golpe fue dirigido a él. Sin embargo, al igual que otras figuras en situación similar, ahora recurre a una de las leyes promulgadas y publicadas por el gobierno.
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En el marco de este proceso, la Fiscalía atribuye al exdignatario haber liderado una organización criminal durante su gestión, que presuntamente se habría enquistado en diversas instituciones del Estado como el Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC) y otros.
Como consecuencia de estos hechos, además del cargo por organización criminal, al expresidente se le imputan los delitos de colusión simple y tráfico de influencias agravado. No obstante, en agosto del año pasado, la Ley 32108 introdujo modificaciones en la tipificación del delito de organización criminal, excluyendo varios delitos, entre ellos las imputaciones contra el expresidente.
En este contexto, tanto Pedro Castillo como su abogado argumentan que, conforme a los alcances de la ley mencionada, los delitos imputados no serían suficientes para configurar una presunta red criminal, tal como se le sindica.
En consecuencia, solicitó que se aplique la norma mencionada, a pesar de que en octubre pasado el Congreso aprobó modificaciones sustanciales a la legislación sobre crimen organizado, luego de recibir diversas críticas de sectores políticos y civiles. Para sustentar este pedido, la defensa se ampara en el principio jurídico de que debe aplicarse la norma «más favorable al reo» en caso de conflicto entre normas penales en el tiempo.
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