El diputado español del partido político Sumar, Enrique Fernando Santiago Romero, envió una carta a la ONU «para que se tomen medidas frente a la detención arbitraria» del expresidente Pedro Castillo, quien cumple dos órdenes de prisión preventiva y enfrenta un juicio oral por presunta rebelión y otros cargos.
El representante por Córdoba (España) aseguró que el exmandatario está «injustamente encarcelado» y que la declaratoria de huelga de hambre, anunciada por Castillo días atrás, se produjo «como denuncia a los malos tratos sufridos».
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En la misiva, indicó que la «defensa efectiva» de Castillo, de cara al juicio oral que enfrenta, ha sido «obstaculizada» debido a que la Sala Penal Especial de la Corte Suprema, a cargo del caso, le designó a defensores públicos pese al rechazo del exdignatario —la misma decisión que adoptó, previamente, para los abogados privados que lo acompañaban—.
Santiago Romero, además, cuestionó la legalidad e independencia del proceso conducido por el juez supremo José Neyra Flores:
[Pedro Castillo] Enfrenta un proceso judicial en el que está en cuestión la legalidad, independencia y objetividad del mismo, así como el ejercicio de una defensa efectiva, obstaculizada desde el inicio en el que se nombró, contra su propia voluntad, a un defensor público.
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Pide «rápida intervención» de la ONU
El diputado español también sostuvo que «existen denuncias acerca de las continuas injerencias del Congreso de la República en el sistema judicial», situación que estaría «quebrando así su independencia e imparcialidad» en dicho juicio oral.
En otro momento, señaló que la declaratoria de huelga de hambre del exmandatario responde a «la violación sistemática de los derechos humanos en su caso». En ese sentido, cuestionó que el Instituto Nacional Penitenciario de Perú (INPE) haya aislado y prohibido las visitas a Castillo, «mas aún después de conocer algunas denuncias sobre malos tratos sufridos, vulnerando las ‘Reglas mínimas para el tratamiento de los reclusos'».
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Una de estas medidas anunciadas por el INPE, sin embargo, no se habría cumplido. De acuerdo al congresista Roberto Sánchez, exministro de Comercio Exterior y Turismo que fue excluido del citado juicio oral en una fase previa, comunicó este miércoles 12 que pudo visitar al expresidente en el marco del proceso disciplinario iniciado por la entidad:
Hoy en comunicación expresa con jefe del INPE pude, por principio humanitario, visitar al presidente Pedro Castillo en prisión de Barbadillo, constato con preocupación su firme decisión de extremar su huelga de hambre en busca de juicio justo y debido Proceso.
Finalmente, el funcionario extranjero solicitó a la ONU «su rápida intervención para mediar con el Gobierno» peruano y, con ello, «poner fin a una detención arbitraria»:
Los hechos denunciados podrían suponer una violación de los artículos 9, 14 y 26 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y la Declaración Universal de los Derechos Humanos (artículos 1, 2, 5, y 12) por lo que sería oportuna su rápida intervención, para mediar con el Gobierno del Perú, que tenga como objetivo prioritario garantizar el respeto a los derechos humanos, poniendo fin a una detención arbitraria, y a garantizar un proceso judicial con todas las garantías y en el que se cumpla lo estipulado en la Constitución peruana en lo concerniente al antejuicio político con respecto al expresidente Pedro Castillo Terrones.
Excmo. Sr. António Manuel de Oliveira Guterres
Secretario General de Naciones Unidas
Excmo. Sr. Volker Türk
Alto Comisionado para la promoción y la protección de todos los Derechos Humanos
ASUNTO: DETENCIÓN ARBITRARIA DE PEDRO CASTILLO TERRONES. EX PRESIDENTE DEL PERÚ
Por la presente, en mi condición de diputado, me dirijo a ustedes para manifestar mi más profunda preocupación por la situación humanitaria del expresidente constitucional de la República del Perú, Sr. Pedro Castillo Terrones, detenido arbitrariamente, desde hace más de dos, en el Penal de Barbadillo (Lima), enfrentando un proceso judicial en el que está en cuestión la legalidad, independencia y objetividad del mismo, así como el ejercicio de una defensa efectiva, obstaculizada desde el inicio en el que se nombró, contra su propia voluntad, a un defensor público.
Por otro lado, existen denuncias acerca de las continuas injerencias del Congreso de la República en el sistema judicial, quebrando así su independencia e imparcialidad. En este sentido, la Relatora Especial sobre la Independencia de los Magistrados y Abogados ha manifestado al respecto «Estas reformas podrían obligar a los jueces y fiscales a alinear sus interpretaciones con las expectativas políticas o legislativas predominantes en lugar de ejercer un juicio legal independiente, con el fin de evitar posibles acusaciones de mala conducta, sanciones económicas o cargos penales».
Ayer, de 10 de marzo, conocimos la terrible noticia de que el expresidente Castillo Terrones ha iniciado una huelga de hambre denunciando la violación sistemática de los derechos humanos en su caso. Esta nueva situación pone en serio riesgo su salud y su vida debido a las patologías crónicas que padece. El Instituto Nacional Penitenciario de Perú ha emitido un comunicado afirmando que ha sido aislado y que se prohíben las visitas al Sr. Castillo, situación que incrementa nuestra preocupación, más aún después de conocer algunas denuncias sobre malos tratos sufridos por el Sr. Castillo, vulnerando las «Reglas mínimas para el tratamiento de los reclusos.»
Los hechos denunciados podrían suponer una violación de los artículos 9, 14 y 26 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y la Declaración Universal de los Derechos Humanos (artículos 1, 2, 5, y 12) por lo que sería oportuna su rápida intervención para mediar con el Gobierno del Perú que tenga como objetivo prioritario garantizar el respeto a los derechos humanos poniendo fin a una detención arbitraria y a garantizar un proceso judicial con todas las garantías y en el que se cumpla lo estipulado en la Constitución peruana en lo concerniente al antejuicio político con respecto al expresidente Pedro Castillo Terrones.
De la misma forma, solicitamos desde el Alto Comisionado se aceleren las investigaciones abiertas en su oficina y en Procedimientos Especiales, dando cumplimiento al mandato de la Asamblea General de las Naciones, establecido en la Resolución 48/141 de 20 de diciembre de 1993 Naciones Unidas.
Sin más agradeciendo de antemano su interés y esperando que su intervención pueda traducirse en avances que permitan poner fin, con la mayor celeridad posible, a la grave situación en la que actualmente se encuentra el expresidente Pedro Castillo Terrones.
