La Corte Suprema de Justicia de Lima declaró improcedente el recurso de hábeas corpus presentado por el expresidente Pedro Castillo Terrones contra la jueza Norma Beatriz Carbajal Chávez, integrante de la Sala Penal Especial del máximo tribunal. La decisión fue emitida tras evaluar los argumentos vinculados a una supuesta afectación de derechos constitucionales.
La defensa del exmandatario solicitaba que se reemplace a la magistrada Carbajal del órgano jurisdiccional que revisa su caso, con el alegato de que su permanencia vulneraba el derecho a la libertad personal, al debido proceso y a la tutela jurisdiccional efectiva. Asimismo, sostenían que se había configurado una posible afectación a la imparcialidad judicial, motivo por el cual invocaron el control constitucional vía hábeas corpus.
No obstante, la Corte Suprema concluyó que no se acreditaban actos u omisiones que constituyeran una amenaza real o efectiva contra los derechos fundamentales invocados. En tal sentido, declaró improcedente el recurso interpuesto y dispuso el archivo del expediente una vez ejecutada la resolución y declarada consentida por las partes:
No se advierte la configuración de una vulneración constitucional que justifique la intervención del juez constitucional ni la modificación de la composición de la Sala Penal Especial.
El tribunal, además, estableció que la decisión deberá ser notificada a las partes procesales y que su ejecución queda supeditada a la declaratoria de consentimiento de la misma.
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La Sala Penal Especial de la Corte Suprema es el órgano encargado de procesar a altos funcionarios, entre ellos expresidentes de la República, conforme a la Ley Orgánica del Poder Judicial y el Código Procesal Penal. La permanencia de la jueza Carbajal en este colegiado ha sido considerada válida por el Poder Judicial, que ha reiterado su competencia para conocer los procesos seguidos contra Pedro Castillo.
El exmandatario enfrenta actualmente diversas investigaciones fiscales y procesos judiciales por presuntos delitos cometidos durante su gestión, entre ellos organización criminal, tráfico de influencias y rebelión. En ese contexto, su defensa ha interpuesto diversos recursos constitucionales —entre ellos acciones de amparo y hábeas corpus— con el objetivo de cuestionar resoluciones judiciales o la imparcialidad de los jueces que lo procesan.
