COMUNICADO N.° 3 LA VERDAD SOBRE LOS HECHOS
La Fiscalía ha decidido investigar a dos abogados del Estudio Oré Guardia por el delito de obstrucción de la justicia. Dicha disposición es arbitraria tanto porque carece de elementos mínimos que sustenten semejante «hipótesis», como porque se hacen afirmaciones falsas: 1. Es falso que nuestro gerente general, Arsenio Oré Guardia, haya acordado con los señores Vicente Silva Checa y Keiko Sofía Fujimori Higuchi proveer los abogados para obstaculizar la acción de la justicia. Rechazamos categóricamente esta afirmación tendenciosa de la Fiscalía. 2. El señor Vicente Silva Checa es asesor corporativo del Estudio Oré Guardia mucho antes de que asumiéramos la defensa del Partido Fuerza Popular y la señora Keiko Sofía Fujimori Higuchi. Sus servicios han sido reconocidos con una remuneración mensual de mil dólares y bonos excepcionales por temas más complejos. Es falso que las abogadas Lorena Gamero, Giulliana Loza y Danae Calderón (a la última de las mencionadas no la conocemos) pertenezcan al staff de este Estudio. Los abogados Edward García y Luis Lazo viajaron, con autorización expresa del fiscal José Domingo Pérez Gómez, para participar en las declaraciones programadas por la Fiscalía, en calidad de abogados defensores de la señora Keiko Sofía Fujimori Higuchi y el partido Fuerza Popular. Ninguno de ellos formó parte de una comitiva para amenazar testigos u obstaculizar la acción de la justicia. Es más, la Disposición N.° 93 miente cuando refiere que el Dr. Edward García no participó en ninguna declaración realizada en la ciudad de Tarapoto, pues lo cierto es que su participación consta en el Acta de la Declaración de la señora Mayra Castañón Dávila, del 27 de noviembre del 2017. 5. Es falso que el Estudio haya ejercido, aun de manera informal, la defensa de los señores Jaime Yoshiyama Tanaka y Jorge Yoshiyama Sasaki. Por tal motivo, el fiscal no puede hallar documentación que sustente esta hipótesis. Negamos rotundamente que cualquiera de los abogados de este Estudio haya realizado, conocido o avalado algún ilícito como, de manera arbitraria, se pretende atribuir. La imputación contenida en la Disposición N.9 93 contra nuestros abogados es jurídicamente insostenible. Sin perjuicio de ello, reiteramos nuestra plena disposición a colaborar con la investigación a fin de demostrar nuestro correcto desempeño profesional.Lima, 14 de diciembre del 2018
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