Fundamento destacado: 66. En conclusión, por lo tanto, el hecho de que la fiscalía no presentara las pruebas en cuestión ante el juez de primera instancia y no le permitiera pronunciarse sobre la cuestión de la divulgación privó a los demandantes de un juicio justo. Los hechos del presente caso lo diferencian del caso Edwards antes citado, en el que el procedimiento de apelación fue adecuado para subsanar los defectos de la primera instancia, ya que en esa fase la defensa había recibido la mayor parte de la información que faltaba y el Tribunal de Apelación pudo examinar el impacto del nuevo material en la seguridad de la condena a la luz de una argumentación detallada y fundamentada de la defensa (op. cit., p. 35, §§ 36-37).
CASO DE ROWE Y DAVIS c. EL REINO UNIDO
(Demanda nº 28901/95)
SENTENCIA
ESTRASBURGO
16 de febrero de 2000
En el asunto Rowe y Davis contra el Reino Unido,
El Tribunal Europeo de Derechos Humanos, reunido, de conformidad con el artículo 27 del Convenio para la Protección de los Derechos Humanos y de las Libertades Fundamentales (“el Convenio”), en su versión modificada por el Protocolo nº 11[1], y con las disposiciones pertinentes del Reglamento del Tribunal[2], en calidad de Gran Sala integrada por los siguientes jueces
Sr. L. Wildhaber, Presidente,
Sra. E. Palm,
Sr. L. Ferrari Bravo,
Sr. L. Caflisch,
Sr. J.-P. Costa,
Sr. W. Fuhrmann,
Sr. K. Jungwiert,
Sr. M. Fischbach,
Sr. B. Zupančič,
Sra. N. Vajić,
Sr. J. Hedigan,
Sra. W. Thomassen,
Sra. M. Tsatsa-Nikolovska,
Sr. T. Panţîru,
Sr. E. Levits,
Sr. K. Traja,
Sir John Laws, juez ad hoc,
así como de la Sra. M. de Boer-Buquicchio, Secretaria adjunta,
Habiendo deliberado en privado el 20 de octubre de 1999 y el 26 de enero de 2000,
Dicta la siguiente sentencia, adoptada en la última fecha mencionada:
PROCEDIMIENTO
1. El asunto fue remitido al Tribunal por la Comisión Europea de Derechos Humanos (“la Comisión”) el 12 de marzo de 1999, dentro del plazo de tres meses establecido por los antiguos artículos 32.1 y 47 del Convenio. Tiene su origen en una solicitud (nº 28901/95) contra el Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte presentada ante la Comisión, en virtud del antiguo artículo 25, por dos nacionales británicos, el Sr. Raphael Rowe y el Sr. Michael Davis, el 20 de diciembre de 1993. La solicitud de la Comisión se refería a los antiguos artículos 44 y 48 y a la declaración por la que el Reino Unido reconocía la competencia obligatoria del Tribunal (antiguo artículo 46). El objeto de la solicitud era obtener una decisión sobre si los hechos del caso revelaban un incumplimiento por parte del Estado demandado de sus obligaciones en virtud del artículo 6 del Convenio.
2. De acuerdo con las disposiciones del artículo 5 § 4 del Protocolo nº 11, junto con los artículos 100 § 1 y 24 § 6 del Reglamento del Tribunal, una sala de la Gran Sala decidió el 31 de marzo de 1999 que el caso sería examinado por la Gran Sala del Tribunal. La Gran Sala incluía de oficio a Sir Nicolas Bratza, el juez elegido respecto al Reino Unido (artículo 27 § 2 del Convenio y regla 24 § 4), al Sr. L. Wildhaber, Presidente del Tribunal, a la Sra. E. Palm, Vicepresidenta del Tribunal, y a los Sres. Costa y M. Fischbach, Vicepresidentes de las Secciones (Artículo 27 § 3 del Convenio y Regla 24 § 3 y 5 (a)). Los demás miembros designados para completar la Gran Sala fueron el Sr. L. Ferrari Bravo, el Sr. L. Caflisch, el Sr. W. Fuhrmann, el Sr. K. Jungwiert, el Sr. B. Zupančič, la Sra. N. Vajić, el Sr. J. Hedigan, la Sra. W. Thomassen, la Sra. M. Tsatsa-Nikolovska, el Sr. T. Panţîru, el Sr. E. Levits y el Sr. K. Traja (artículo 24 § 3). Posteriormente, Sir Nicolas Bratza, que había participado en el examen del asunto por parte de la Comisión, se retiró de la Gran Sala (artículo 28). En consecuencia, el Gobierno del Reino Unido (“el Gobierno”) designó a Sir John Laws para que actuara como juez ad hoc (artículo 27 § 2 del Convenio y regla 29 § 1).
3. De conformidad con la decisión de la Gran Sala, el 20 de octubre de 1999 se celebró una vista pública en el Edificio de Derechos Humanos de Estrasburgo, en este asunto y en los asuntos Jasper c. el Reino Unido (solicitud nº 27052/95) y Fitt c. el Reino Unido (solicitud nº 29777/96).
Compareció ante el Tribunal
(a) por el Gobierno
Sr M. Eaton, Foreign and Commonwealth Office, Deputy Legal Adviser, Agente,
Sr. R. Cranston, Solicitor-General, MrJ. Eadie, Barrister-at-Law, Counsel,
Sr. R. Heaton, Home Office,
Sra. G. Harrison, Ministerio del Interior,
Sr. C. Burke, Customs and Excise, MsF. Russell, Crown Prosecution Service,
Sr. A. Chapman, Law Officer’s Department, Asesores;
(b) para los demandantes
Sr. B. Emmerson, Barrister-at-Law, Counsel,
Sra. M. Cunneen, Solicitor (Liberty), MsP. Kaufman, Barrister-at-Law, MrS. Young, Solicitor,
Sr. A.B.R. Masters, Barrister-at-Law, Advisers.
El Tribunal escuchó las intervenciones de los Sres. Emmerson y Cranston, así como sus respuestas a las preguntas formuladas por varios de sus miembros.
[Continúa…]
