El último jueves 26, el Gobierno designó a Roger Arévalo Ramírez nuevo presidente del directorio de Petroperú en reemplazo de Edgar Zamalloa Gallegos. Sin embargo, de acuerdo con un reportaje de Cuarto Poder, fue denunciado en septiembre de 2019 en la comisaría de San Isidro por una trabajadora de 20 años de su oficina privada.
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Según el parte policial, la joven indicó que no reportó los hechos de inmediato por temor, además de experimentar un estado constante de nerviosismo. En el documento se precisa que las conductas denunciadas no habrían sido aisladas, sino reiteradas en el tiempo. La denunciante sostuvo que fue objeto de tocamientos, abrazos y besos sin consentimiento en reiteradas ocasiones dentro del entorno laboral.
El caso se encuentra en investigación en la Quinta Fiscalía Provincial Corporativa Especializada en Violencia contra la Mujer de Lima, donde se evalúa la presunta comisión del delito de acoso sexual y se encuentra en estado de «denuncia pendiente». La imputación fiscal se enmarca en la modalidad de hostigamiento o persecución sin consentimiento, y el estado del proceso figura como denuncia pendiente.
Vínculos con el caso Odebrecht y entorno político
El mismo día en que asumió funciones en Petroperú, el 26 de marzo, Arévalo participaba en una audiencia judicial vinculada al Caso Odebrecht. La diligencia correspondía a la etapa de control de acusación contra 29 investigados por presunta agrupación ilícita en procesos arbitrales relacionados con la empresa brasileña.
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De acuerdo con la hipótesis fiscal, Arévalo habría intervenido como perito económico emitiendo informes en arbitrajes del proyecto de la carretera Interoceánica Sur, los cuales habrían favorecido a la constructora en perjuicio del Estado. En ese contexto, el Ministerio Público advirtió sobre la gravedad de los hechos atribuidos a los especialistas designados en dichos procesos.
Por otro lado, se ha señalado que Arévalo es tío de Hugo Chávez Arévalo, quien ocupó la gerencia general de la empresa durante el gobierno de Pedro Castillo. La gestión de Chávez Arévalo concluyó en medio de investigaciones por presuntas irregularidades en la compra de biodiésel y supuestos pagos para acceder al cargo, lo que derivó en su inhabilitación administrativa.
