Sumilla: La ley les ha autorizado a los notarios dar fe de los actos y contratos que ante él se celebren, formalizando la voluntad de los otorgantes y redactando los instrumentos a los que confiere autenticidad; este, no puede, a su sola voluntad, dejar de requerir los documentos que la ley le exige que solicite. Los notarios –como todo profesional del Derecho- están sujetos a la regla genérica de no causar daño a nadie con sus actos, cuando eso no ocurre por acción u omisión, por dolo o negligencia deben responder por el daño causado.
CORTE SUPREMA DE JUSTICIA DE LA REPÚBLICA
SALA CIVIL PERMANENTE
Casación N° 3148-2018, La Libertad
Nulidad de acto jurídico y pago de daños y perjuicios
Lima, quince de junio de dos mil veintiuno
La SALA CIVIL PERMANENTE DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA DE LA REPÚBLICA: vista la causa número tres mil ciento cuarenta y ocho de dos mil dieciocho, en audiencia pública llevada a cabo en la fecha y producida la votación con arreglo a Ley; emite la siguiente sentencia:
I. ASUNTO
En el presente proceso sobre nulidad de acto jurídico y pago de daños y perjuicios, la parte demandada, Ramón Eli Rodríguez Gamarra, procurador público adjunto encargado de los asuntos judiciales de la Superintendencia Nacional de los Registros Públicos y el litisconsorte necesario pasivo, Manuel Rosario Anticona Aguilar, han interpuesto recurso de casación[1], contra la sentencia de vista de fecha 21 de marzo de 2018[2], que confirmó la sentencia de primera instancia, de fecha 20 de setiembre de 2013[3], que declaró fundada la demanda interpuesta, ordenando que los codemandados, Registros Públicos de La Libertad-Zona Registral N.° V-Sede Trujillo (Sunarp), Manuel Rosario Anticona Aguilar y otros, paguen en forma solidaria al demandante, Julio César Gonzales Horna, la suma de cien mil soles (S/ 100,000.00).
II. ANTECEDENTES
1. Demanda
Mediante escrito de fecha 6 de agosto de 2009[4], Julio César Gonzales Horna, interpuso demanda de nulidad de acto jurídico y pago de daños y perjuicios, contra Carlos Federico Ayala García, Cecilia Antonieta Anticona de La Rosa (sic), Henry Luis Becerra Noriega, William Alfonso Castillo Huamanchumo, Municipalidad Distrital de Moche y SunarpOficina Registral de La Libertad Zona Registral N.° V-Sede Trujillo, con las siguientes pretensiones:
– Nulidad de acto jurídico contenido en la minuta de fecha 24 de noviembre de 2007 y nulidad de la escritura pública de compraventa que lo contiene de fecha 26 de noviembre de 2007, otorgado por los esposos, Carlos Federico Ayala García y Cecilia Anticona de La Rosa a favor de Henry Luis Becerra Noriega por ante la Notaría Pública Anticona.
– Nulidad de la minuta de compraventa de bien inmueble, de fecha 5 de setiembre de 2008, otorgada por Henry Luis Becerra Noriega a favor de William Alfonso Castillo Huamanchumo, por la causal de simulación absoluta y fin ilícito.
– Declararse la nulidad de la inscripción registral y cancelación de los asientos registrales, aparecidos en los asientos N.° 00005, N.° 0006, partida N.° P14065172 de la Zona Registral N.° V-Se de Trujillo de la Sunarp.
– Pago de daños y perjuicios que los demandados deberán cancelar en forma solidaria ascendente a trescientos sesenta mil soles (S/ 360,000.00).
Señala que adquirió la propiedad del inmueble ubicado en calle José Gálvez N.° 377, habilitación urbana Moche, sector A del casco urbano, manzana 35, lote N.° 3, distrito de Moche, vía proceso de prescripción adquisitiva de dominio (expediente N.° 0742-2002), habiéndose remitido los partes a Registros Públicos a efecto de inscribir su derecho, sin embargo, tal inscripción fue observada, poniéndose en conocimiento del Juzgado que el derecho de propiedad que se pretendía cancelar ya no le correspondía a los esposos demandados, Carlos Federico Ayala García y Cecilia Antonieta Anticona de La Rosa, pues la referida sociedad conyugal había transferido en venta el inmueble a favor del señor Henry Luis Becerra Noriega, con fecha 25 de noviembre de 2007, cuando el proceso se encontraba aun en giro, con el agravante que esta venta fue realizada después de tres días que fuera notificada la resolución expedida por la Primera Sala Civil que confirmaba la sentencia, siendo que dicha notificación fue realizada a los abogados con fecha 22 de noviembre de 2007.
Agrega que ni el notario ni el registrador observaron el requisito de pago del impuesto predial, lo que permitió que se inscribiera el nuevo acto jurídico.
En cuanto a la pretensión del pago de daños y perjuicios, sostiene el demandante que al haberse celebrado los actos jurídicos materia de impugnación en forma dolosa e ilícita y al valerse abusivamente de documentos expedidos por la Municipalidad Distrital de Moche, logrando registrarlo dolosamente, ya no ha sido posible inscribir su título de propietario (sentencia) lo que le ha causado daños y perjuicios graves de orden económico, de salud y moral.
2. Contestación de la demanda
– La codemandada, Municipalidad Distrital de Moche, contestó la demanda[5], indicando que el solo hecho de haber vendido los formularios con desconocimiento respecto del uso que se les iba dar a los mismos no puede originar responsabilidad en su contra.
– El codemandado, William Alfonso Castillo Huamanchumo, contestó la demanda[6], indicando que es falso que el acto de transferencia de compraventa a su favor sea un acto simulado, ilegal, contrario al orden público o a las buenas costumbres, toda vez que, conforme se acredita con las documentales aportadas por el demandante, ésta ha sido celebrada por el titular propietario del inmueble que aparecía con derecho inscrito en Registros Públicos.
– Los codemandados, Carlos Federico Ayala García y Cecilia Antonieta Anticona de La Rosa, contestaron la demanda[7] indicando que el derecho que aduce el demandante no estaba inscrito en los Registros Públicos y por ende los absolventes podían efectuar los actos que en su calidad de propietarios con derecho inscrito y vigente les asistía.
– La codemandada, Superintendencia Nacional de los Registros Públicos-Sunarp, absolvió la demanda[8], indicando que en la calificación integral del título, se determinó la capacidad y atribuciones de los otorgantes, lo que dio origen a la inscripción; que el demandante no ha cumplido con acreditar el daño que ocasionó su representada, pues no ha existido ilicitud o conducta antijurídica o que el agente causante del daño haya actuado con dolo o culpa, tampoco se verifica relación de causalidad adecuada entre el hecho causante y el daño causado; añade que no ha intervenido en la expedición del acto jurídico que motivó el registro, no existiendo por parte de la Zona Registral N.° V-Sede Trujillo, irregularidad alguna , ni mucho menos parcialidad con los demandados.
– El litisconsorte necesario pasivo, notario Manuel Rosario Anticona Aguilar, contestó la demanda[9], indicando que como notario, para otorgar una escritura pública de compraventa, solo requiere que se acredite el derecho de propiedad de quien está disponiendo del bien inmueble y en el presente caso los vendedores Carlos Federico Ayala García y Cecilia Anticona de La Rosa acreditaron su derecho de propiedad con la copia literal de dominio de la Partida Registral N.° P14065172.
[Continúa…]
Descargue la resolución aquí
[1] Páginas 46 del cuaderno de casación y 1230 del expediente principal.
[2] Página 1187.
[3] Página 827.
[4] Página 64.
[5] Página 190.
[6] Página 209.
[7] Página 261.
[8] Página 280.
[9] Página 434.
