[Actualización]
El expresidente, Alan García Pérez salió presuroso de la sede central del Ministerio Público anunciando la suspensión por segunda vez del interrogatorio que se tenía programado para hoy a las 10.00 a.m por el caso Línea 1 del Metro de Lima.
Esta foto confirma que Alan García llegó al despacho fiscal de Domingo Pérez, acompañado de su abogado Erasmo Reyna.
Minutos más tarde, el expresidente Alan García manifestó su incomodidad a través de su cuenta de Twitter, desde donde indicó que «todas las especulaciones han sido respondidas el 19 de octubre pasado»
Llegué al Lima , asistí a la Fiscalía e inexplicablemente la audiencia se suspendió por segunda vez. Lamentable porque todas las especulaciones han sido respondidas el 19 de octubre pasado. #OtrosSeVendenYoNo
— Alan García (@AlanGarciaPeru) 15 de noviembre de 2018
Hasta el momento se desconocen las razones de la suspensión de la diligencia.
[Nota original]
El fiscal anticorrupción José Domingo Pérez Gómez recibió en su despacho al investigado Alan García Pérez para interrogarlo por la adjudicación de la línea 1 del Metro de Lima (tramos 1 y 2) a la empresa Odebrecht. La cita es a las 10:00 a.m. El expresidente ya ingresó a la sede principal del Ministerio Público.
Esta es la segunda vez que Domingo Pérez cita al exmandatario. Esta vez, José Domingo Pérez buscará que el investigado amplíe su versión sobre los procedimientos y responsabilidades en la adjudicación de la obra durante su segundo gobierno (2006-2011).
El fiscal José Domingo Pérez investiga la licitación de la línea 1 del Metro de Lima, así como la emisión del Decreto de Urgencia 032-2009, que declaraba de necesidad pública la ejecución y puesta en marcha de este servicio de transporte. Según la fiscalía, dicha norma se habría emitido luego de un presunto acuerdo entre el expresidente, Alan García Pérez y el exdirectivo de Odebrecht en el Perú, Jorge Barata.
Fue el Equipo Especial de la fiscalía para el caso Lava Jato quienes iniciaron esta investigación, luego de que la empresa Odebrecht declarara haber pagado US$ 24 millones en sobornos a diversos funcionarios públicos de nuestro país a cambio de obtener beneficios en las licitaciones de obras públicas. La fiscalía cuenta con documentación que probaría que la empresa Odebrecht habría pagado cerca de 8 millones de dólares a cambio de la adjudicación de esta obra durante el gobierno de García.
En su cuenta de Twitter, el exmandatario aprista dijo no temerle a la investigación fiscal; aunque hubo muchos intentos por desacreditar al citado fiscal.
Como recuerda, en 2017 fueron detenidos los exfuncioanarios Jorge Cuba, exviceministro de transporte; Edwin Luyo, miembro del comité de licitaciones de la obra, y un funcionario del Ministerio de Transportes y Comunicaciones, Edwin Navarro.
Vale acotar que, según la fiscalía, en el segundo gobierno de Alan García se favoreció a la constructora Odebrecht con licitaciones de la Línea 1 del Metro de Lima, a cambio de más de 8 millones de dólares en sobornos que se dieron al entonces viceministro de Comunicaciones, Jorge Cuba, y también a los exintegrantes de los comités de licitaciones: Edwin Luyo, Mariella Huerta y Santiago Chau.
Asimismo, el abogado de Alan García, Erasmo Reyna, indicó que esta diligencia se realizará en breve y manifestó su tranquilidad por la investigación:
Hemos pedido al fiscal realizar otros actos de investigación con miras a descartar la responsabilidad de Alan García […] El fiscal no tiene ningún tipo de elementos que pudieran sustentar, siquiera forzadamente, un pedido de esta naturaleza, de ninguna manera. Estamos absolutamente tranquilos respecto a estas investigaciones.
En diciembre de 2017, por el mismo caso, el expresidente Alan García le remitió una carta al fiscal a cargo del caso Hamilton Castro, sin embargo, esta vez no actuó de la misma manera.
Cabe recordar que, el expresidente Alan García y el fiscal José Domingo Pérez ya estuvieron frente a frente por el caso Hospitales, en donde García declaró como testigo en el juicio oral. Los imputados Rómulo León y Fortunato Canaán fueron condenados a cuatro años de prisión efectiva.