Sumario: 1. Introducción; 2. Análisis de la primera jornada electoral; 3. Perfiles en disputa: trayectorias y visiones contrapuestas; 4. La tacha contra Delia Espinoza y el principio de preclusión; 5. Propuestas institucionales: del voto electrónico a la auditoría de gestión, 6. Cronograma y pasos finales hacia el decanato; 7. Conclusiones.
1. Introducción
El Colegio de Abogados de Lima (CAL), fundado el 31 de julio de 1804, constituye una de las instituciones más antiguas y gravitantes de la sociedad civil peruana. Su creación, anterior a la independencia del Perú, no solo formalizó el ejercicio del derecho en la capital, sino que estableció un baluarte para la ética profesional y la defensa de la constitucionalidad. Históricamente, el decanato del CAL ha sido un espacio de influencia donde se forjan opiniones jurídicas que orientan el debate nacional. Su relevancia trasciende el mero ámbito gremial; es, en esencia, un termómetro de la institucionalidad y la salud democrática del país.
En el contexto actual, la elección del sucesor de Raúl Canelo Rabanal adquiere un matiz político particular. El actual decano ha decidido incursionar en la arena legislativa como candidato al Senado por el partido Libertad Popular, lo que marca un periodo de transición institucional significativo. La orden busca ahora un liderazgo que devuelva al gremio su autonomía y prestigio, en medio de una crisis de legitimidad que afecta a diversos organismos del sistema de justicia.
Tras los comicios celebrados el pasado 28 de febrero de 2026, el panorama electoral ha quedado configurado bajo las reglas del balotaje. De acuerdo con el marco estatutario, ningún candidato logró alcanzar la mayoría absoluta —el 50% más uno de los votos válidos—, lo que ha forzado una segunda vuelta. Este escenario obliga a los agremiados a elegir entre dos figuras de alta exposición pública cuyas trayectorias representan visiones contrapuestas de la abogacía y la representación institucional.
Para comprender la magnitud de este proceso, es imperativo desglosar las cifras que dejaron las urnas en la primera vuelta. El caudal electoral obtenido por los finalistas, sumado a la dispersión de los votos de las listas minoritarias, configura un tablero de alianzas estratégicas que definirán el futuro de la orden para el periodo 2026-2028.
2. Análisis de la primera jornada electoral
La jornada electoral del 28 de febrero destacó por una movilización masiva que reflejó el civismo gremial de los letrados capitalinos. Más de 48,000 abogados habilitados acudieron a las instalaciones de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos (UNMSM) para ejercer su derecho al voto. El proceso fue supervisado rigurosamente por el comité electoral que preside la doctora Tania Paliza y contó con la validación del notario público Adolfo Pariamachi, garantizando la transparencia de los resultados en un clima de alta expectativa.
La configuración del espectro gremial tras el escrutinio general revela una polarización marcada y un sector importante de indecisión o disconformidad. Los resultados oficiales se detallan a continuación:
- Delia Milagros Espinoza Valenzuela (Lista 3): Alcanzó el liderazgo de la contienda con 18,899 votos, lo que representa el 39.1% del total. Su ventaja sobre el segundo lugar es superior a los 6,000 votos, consolidándose como la opción con mayor respaldo inicial.
- José Humberto Abanto Verástegui (Lista 11): Se posicionó en el segundo lugar con 12,604 votos, obteniendo el 26.1%. Su pase al balotaje confirma su capacidad de convocatoria dentro de un sector del gremio que busca una postura más crítica frente a la gestión actual.
- Votos blancos y nulos: Este rubro acumuló un total de 4,376 votos (810 blancos y 3,566 nulos). Este «bloque de silencio» es fundamental, pues representa a un sector de la orden que podría definir la elección si es persuadido por las propuestas técnicas de la segunda vuelta.
- Desempeño de las listas minoritarias: La dispersión del voto fue notable entre los otros seis aspirantes: Ruth Emperatriz Monge Guillerua (6.4%), Pedro Ángulo Arana (5.8%), Óscar Ramón Peña González (4.4%), Judith Giovanna Torres Anaya (3.2%), Francisco Gómez Valdez (3.1%) y Jorge Luis Rioja Vallejos (2.9%).
El análisis de estas cifras sugiere que los votos de Monge y Angulo, que suman aproximadamente un 12.2%, se convierten en el activo más codiciado para los finalistas. La fragmentación obliga a Espinoza y Abanto a trascender sus discursos de base para captar a los electores que optaron por perfiles institucionales o académicos. La matemática electoral es clara: el ganador será aquel que logre convencer a la «tercera vía» y a quienes viciaron su voto por desconfianza en el sistema de votación presencial. Tras este balance numérico, es necesario profundizar en las figuras que personifican estas opciones.
3. Perfiles en disputa: trayectorias y visiones contrapuestas
La importancia de la trayectoria personal del decano es fundamental, ya que esta figura es la personificación del gremio ante los poderes del Estado. En esta contienda, los perfiles de los candidatos no solo son distintos en su ejercicio profesional, sino que encarnan la fricción que actualmente divide al sistema de justicia peruano.
Delia Espinoza: Su perfil es el de una magistrada de carrera con una trayectoria extendida en el Ministerio Público. Es fundamental precisar que su estatus actual es el de Fiscal Suprema en funciones, aunque se encuentra suspendida e inhabilitada para el ejercicio de la función pública. Esta condición es el eje de la controversia sobre su candidatura. Espinoza defiende su derecho a postular argumentando que el CAL es una corporación de derecho público interno con autonomía gremial, lo que no colisionaría con su situación administrativa en el Estado. Su discurso apela a la modernización y a la recuperación de la dignidad institucional.
Humberto Abanto: Se presenta como un abogado penalista de amplia trayectoria en la defensa libre, especialmente en casos de alta complejidad política y jurídica. Ha sido una figura visible en la defensa de diversos funcionarios vinculados al Ministerio Público, lo que le ha otorgado un perfil de confrontación técnica y política. Su candidatura se basa en la defensa de la libertad del ejercicio profesional y en una crítica abierta a lo que considera una instrumentalización de las instituciones para fines de persecución o legitimación social.
La fricción entre ambos candidatos tiene antecedentes directos en procesos judiciales de relevancia nacional. Delia Espinoza fue quien lideró la investigación contra Patricia Benavides, también exfiscal de la Nación, por presuntamente encabezar una red criminal. Por su parte, Humberto Abanto actuó como abogado defensor de Benavides, solicitando incluso su restitución ante los órganos jurisdiccionales.
Esta rivalidad se ha trasladado a la campaña gremial con declaraciones punzantes. Abanto ha acusado públicamente a Espinoza de pretender usar el decanato del CAL como un «trampolín» para recuperar legitimidad social y forzar su retorno al Ministerio Público. Según el penalista, Espinoza buscaría que la sociedad perciba su elección como un respaldo a su actuación fiscal. Ante ello, Espinoza ha sido enfática en su rebuttal: «no voy a instrumentalizar mi gremio para favorecerme». La candidata sostiene que su postulación responde a un compromiso con sus colegas y no a una estrategia de supervivencia jurídica. No obstante, la competencia no solo se libra en el campo de las trayectorias, sino también en el terreno de las impugnaciones legales.
4. La tacha contra Delia Espinoza y el principio de preclusión
La seguridad jurídica es el presupuesto indispensable para la validez de cualquier proceso electoral, especialmente en un gremio de abogados. Recientemente, el proceso se ha visto sacudido por la tacha interpuesta por el abogado Wer Medina contra la candidatura de Delia Espinoza. Este recurso introduce una controversia procesal que pone a prueba la solidez del Comité Electoral.
El argumento de la tacha se centra en la supuesta incompatibilidad de Espinoza para el cargo. Según Medina, al mantener ella el título vigente de Fiscal Suprema —independientemente de su suspensión—, existiría un impedimento legal para que asuma la conducción del CAL. El impugnante sostiene que la condición de magistrada suprema es permanente y colisiona con la naturaleza del decanato, que exige una dedicación incompatible con la jerarquía del Ministerio Público.
Frente a esta pretensión, la defensa de Espinoza ha calificado el recurso como una «leguleyada». El sustento jurídico de su posición reside en el principio de preclusión de plazos. En el derecho electoral, la preclusión implica que las etapas del proceso se cierran de manera definitiva, impidiendo que se retroceda a fases ya superadas. Espinoza argumenta que el cronograma electoral establecía fechas específicas para las tachas y que estas ya vencieron antes de la primera vuelta. «La preclusión quiere decir que ya pasó la etapa y las puertas no se reabren», señaló la candidata, enfatizando que no se puede cuestionar una candidatura cuando ya ha sido validada y ha participado en las urnas.
Es notable la postura asumida por Humberto Abanto respecto a este recurso. A pesar de ser su contendor directo, Abanto ha rechazado la exclusión de Espinoza. El penalista sostiene que excluirla en esta etapa restaría legitimidad al proceso y que la decisión final debe quedar en manos de los electores. «Excluirla ahora, aunque me beneficiase, le daría ilegitimidad a esa elección», afirmó. Esta postura busca evitar que el próximo decanato nazca con un vicio de origen o una sombra de duda sobre su representatividad. Superadas las controversias procesales, el debate debe centrarse en las soluciones técnicas para el colegiado.
5. Propuestas institucionales: del voto electrónico a la auditoría de gestión
El Colegio de Abogados de Lima atraviesa una crisis de servicios que exige una modernización urgente. Los agremiados demandan una gestión que responda a la era digital y que garantice la transparencia absoluta en el manejo de los fondos recaudados. En este contexto, las propuestas de los candidatos buscan ofrecer soluciones técnicas a problemas históricos de la orden.
Delia Espinoza ha estructurado su plan de gobierno sobre dos ejes estratégicos que prometen transformar la relación del abogado con su institución:
- Institucionalización del voto electrónico: Esta propuesta no es solo una comodidad, sino una necesidad democrática. La implementación de un software con altos estándares de seguridad permitiría que los más de 48,000 abogados participen desde cualquier lugar, eliminando las jornadas extenuantes bajo el sol y las aglomeraciones en la UNMSM. Esta medida beneficiaría especialmente a los colegas que residen en el extranjero o que, por motivos de salud o trabajo, no pueden desplazarse, garantizando una participación masiva y descentralizada.
- Auditoría y pericia contable: Ante las constantes dudas sobre el destino de las aportaciones y los ingresos por servicios, Espinoza propone ejecutar una auditoría integral que incluya una pericia contable de los últimos años. Esta pericia no sería un simple balance, sino un examen minucioso del flujo de caja de las gestiones anteriores. El objetivo es identificar si los recursos han sido utilizados conforme a los fines del gremio o si ha existido una desviación de fondos, asegurando que cada sol aportado por los agremiados se traduzca en mejores servicios de previsión social y capacitación.
La ejecución de una auditoría de esta naturaleza requeriría la contratación de firmas especializadas independientes, garantizando la imparcialidad del proceso. Humberto Abanto, por su parte, también ha enfatizado la necesidad de una fiscalización rigurosa, aunque su enfoque se inclina hacia la defensa gremial frente a las injerencias externas. La modernización tecnológica y la rendición de cuentas se presentan, pues, como los pilares necesarios para una gestión eficiente. Con estas cartas sobre la mesa, el cronograma electoral entra en su fase decisiva.
6. Cronograma y pasos finales hacia el decanato
El camino hacia el 14 de marzo está marcado por hitos procesales y políticos que el electorado debe seguir con atención. Estas fechas definirán no solo el tono de la campaña final, sino la viabilidad jurídica de los candidatos ante otros órganos del Estado.
- 10 de marzo: Se llevará a cabo el debate oficial y la exposición del Plan de Desarrollo Institucional. En este evento, los candidatos deberán detallar la viabilidad financiera de sus promesas y confrontar sus visiones de gremio.
- 12 de marzo: Esta es una fecha crítica de contexto externo. El Congreso de la República tiene previsto debatir los informes finales que recomiendan una nueva inhabilitación de 10 años para Delia Espinoza. Aunque este proceso es de naturaleza política, su resultado podría generar un escenario sui generis si Espinoza resulta elegida decana y simultáneamente inhabilitada por el Poder Legislativo para el ejercicio de funciones públicas.
- 14 de marzo: Jornada de la segunda vuelta electoral. El sufragio se realizará nuevamente en la UNMSM, desde las 8:00 a. m. hasta las 4:00 p. m.
Para participar en la votación, los abogados deben cumplir con los requisitos estipulados por el comité electoral: presentar el DNI y el carné de colegiatura vigente. Asimismo, es requisito indispensable figurar como «miembro hábil», lo que implica estar al día en las cuotas extraordinarias y ordinarias. El voto es obligatorio, y su omisión conlleva multas que afectan la habilitación del letrado para el ejercicio profesional. Finalmente, queda reflexionar sobre lo que esta elección representa para el futuro del derecho en Lima.
7. Conclusiones
La elección para el decanato del Colegio de Abogados de Lima 2026-2028 se presenta como uno de los procesos más complejos de su historia reciente. El enfrentamiento entre Delia Espinoza y Humberto Abanto trasciende una simple competencia por votos; es un choque de tesis sobre la autonomía del gremio y su papel en la vigilancia del sistema de justicia.
La resolución de la tacha bajo el principio de preclusión será un examen de fuego para el Comité Electoral. La estabilidad del proceso depende de que se respeten las etapas ya cerradas, evitando que intereses externos desnaturalicen la voluntad expresada en las urnas. Es imperativo que el proceso culmine con una proclamación transparente que otorgue al nuevo decano la legitimidad necesaria para liderar una institución que ha cumplido más de dos siglos de existencia.
El futuro decano heredará un CAL en transición, tras la salida de Raúl Canelo Rabanal hacia la política partidaria. El reto inmediato será unificar a un gremio fragmentado y cumplir con la promesa de modernización tecnológica. Los abogados de Lima tienen la responsabilidad de elegir a quien no solo administre los recursos de la orden, sino que actúe como una voz ética y autorizada en la defensa del Estado de Derecho en el Perú. La jornada del 14 de marzo definirá si el CAL se encamina hacia una reforma técnica profunda o si se mantiene como un escenario de disputas políticas de alta intensidad.
