Algunos la califican como un «atentado contra la libertad de expresión», otro señalan que sería «el fin de viejo Estado despilfarrador». La polémica que ha originado el denominado proyecto «Ley Mulder» (a punto de aprobarse por insistencia) parece no acabar desde su presentación, el 15 de noviembre del año pasado. La propuesta legal del congresista aprista señala la necesidad de prohibirle al Estado la contratación y difusión de anuncios en medios privados, disponiendo penas de hasta ocho años de cárcel para quien infrinjan este mandato.
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Tal como se recuerda, el proyecto plantea la modificación de la Ley 28874, «Ley que regula la publicidad estatal»; ordenando que el Estado que se valga de sus propios medios de comunicación para informar a la población de sus actividades. Posterior a su presentación, el congresista Mauricio Mulder sustentó su proyecto el 5 de diciembre del 2017, señalando que durante el gobierno de Alan García se gastaron 388 millones de soles y en la gestión de Ollanta Humala 764 millones; todo en publicidad estatal en medios privados.
El mismo día Mulder insistió en que se «debe usar mejor el dinero de los peruanos», reiterando que su proyecto busca que el Estado «no influya en el pensamiento libre que debe tener la prensa». Dos meses después, el 28 de febrero del presente año, el proyecto fue aprobado, en primera votación por la Comisión Permanente del Congreso; con votos del Apra, Fuerza Popular, APP y uno del Frente Amplio.
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Para entonces, el proyecto ya había sufrido ciertas modifaciones. Se establecieron excepciones a la prohibición, en casos de desastres o emergencias nacionales y campañas de educación electoral. La Junta de Portavoces decidió exonerar de segunda votación a la «Ley Mulder», con las firmas de los portavoces de Fuerza Popular, Daniel Salaverry; y de Alianza para el Progreso, César Villanueva, respectivamente. De ese modo, la autógrafa de la ley fue en enviada al Ejecutivo. El 21 de marzo (curiosamente el mismo día que PPK renunció a la presidencia), el gobierno observó el proyecto.
Todo parece haberse consumado tras la decisión de Comisión de Transporte del Congreso de aprobar el proyecto por insistencia, por lo que no tardaría en entrar en vigencia. Sin embargo, todavía se agotará una discusión más en el Pleno del Congreso en los próximos días. Por un lado, probablemente Fuerza Popular y el APRA; por el otro, la diezmada bancada de Peruanos por el Kambio. Pese a que se ha propuesto repensar la norma, las razones que esgrimen los defensores (bancadas) y sus críticos (ciertos medios de comunicación), parecen irreconciliables.
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El proyecto, por lo que se puede evidenciar en las redes sociales, parece encontrarse respaldado por un gran caudal de la población. ¿Qué razones acercan al ciudadano común a apoyar esta medida? En primer lugar, el despilfarro es real. Un diario local tuvo acceso a documentos oficiales de la Secretaría General de la PCM, que corroboran un gasto total de S/ 571.564,406 en publicidad estatal desde el 28 de julio de 2016. Es decir, el gobierno de PPK gastó más de un millón de soles diarios por este concepto.
Sumado a ello, como apunta en analista Enrique Valderrama, en los últimos siete años el gasto en publicidad ha sido descontrolado y desmedido. Lamentablemente se aumentó el gasto corriente irresponsablemente, dejando sin resolver temas inaplazables como la atención de los desastres naturales o la lucha contra la pobreza. Sin embargo, por otro lado, los opositores al proyecto también tienen buenos argumentos. El propio presidente Vizcarra ha señalado que “no se puede limitar la necesidad de información”.
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Ciertamente, esta declaración parece fundarse en la necesidad del gobierno por llevar información necesaria hasta las zonas rurales, que no cuentan con conexión a Internet, por ejemplo. Sin embargo, reconoció que era posible que «algunos sectores se hayan excedido». El constitucionalista César Landa afirma, por su parte, que la norma podría violar el derecho constitucional de los ciudadanos a tener información de asuntos públicos. En ese sentido, cabría la posibilidad de presentar una demanda de inconstitucionalidad, si el referido proyecto prosperara.
