El presidente del Poder Judicial, Javier Arévalo, se refirió al pronunciamiento de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) en relación a la norma que prescribe los delitos de lesa humanidad ejecutados antes del 2002.
La iniciativa fue aprobada en el Congreso el jueves 4 de julio. El dictamen del Proyecto de Ley 6951 recomienda precisar la aplicación y los alcances del delito de lesa humanidad y crímenes de guerra.
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Semanas atrás, los familiares de las víctimas de los casos La Cantuta y Barrios Altos presentaron una solicitud de medidas provisionales ante la Corte IDH por esta norma. En respuesta, la entidad accedió al petitorio y requirió al Estado peruano lo siguiente:
[…] Que a través de sus tres Poderes tome las acciones necesarias para que no se adopten, se dejen sin efecto o no se otorgue vigencia al proyecto de ley No. 6951/2023-CR que dispone la prescripción de los crímenes de lesa humanidad perpetrados en el Perú, a los que se hace referencia en las Sentencias de los casos Barrios Altos y La Cantuta u otras iniciativas de ley similares, a fin de garantizar el derecho de acceso a la justicia de las víctimas de esos casos.
Descargos
En diálogo con los medios de comunicación, este viernes 5 de julio, Arévalo Vela sostuvo que “lo que no puede hacer la Corte Interamericana es ordenarle al Poder Judicial que intervenga en impedir que se promulgue una ley”:
Los jueces sabrán si la declaran inaplicable o si es inconstitucional. […] Si el juez considera que la norma atenta contra la Constitución y convenios internacionales, hará uso del control difuso. Y si es correcta la ley, la aplicará, y no por ello serán responsables de su decisión.
La máxima autoridad judicial añadió que existe “otra opción” frente a las críticas a este dictamen: “Que los interesados recurran al Tribunal Constitucional impugnando la ley con la opción de inconstitucionalidad”.
