El abogado y actual fiscal penal de Sicuani, Marco Antonio Lavilla Quispe, se presentó a la entrevista personal ante la Junta Nacional de Justicia (JNJ) como parte de su postulación para acceder a la judicatura. Durante su intervención, el candidato destacó que su aspiración al cargo se sustenta en sus 26 años de trayectoria legal, los cuales comprenden 11 años en la defensa libre y 14 años en el Ministerio Público.
Al ser consultado sobre su puntaje de 68 en la evaluación de conocimientos, una nota ajustada al mínimo aprobatorio, Lavilla defendió su postulación afirmando que su amplia experiencia y su conocimiento práctico desde diversas perspectivas de la administración de justicia lo capacitan plenamente para asumir el puesto, más allá de las circunstancias de un examen escrito.
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Trayectoria y el reto de administrar justicia
Durante la evaluación, los miembros del pleno indagaron sobre el registro de diversas medidas disciplinarias en su contra, entre las que figuran amonestaciones y multas. El postulante justificó que estas sanciones, generadas por el retraso en la resolución de casos procesales, respondieron a una grave carencia logística de la institución, ya que durante ocho años laboró sin asistente administrativo pese a haber formulado alrededor de treinta peticiones para obtener personal.
Asimismo, brindó sus descargos frente a un proceso judicial en archivo provisional por violencia y resistencia a la autoridad, explicando que se trató de una denuncia formulada en 2017 en represalia por una litigante a quien tuvo que retirar de una sala luego de que esta amenazara a un fiscal superior con un cúter.
En el ámbito estrictamente dogmático, el candidato abordó los retos de asumir casos de violencia contra la mujer e integrantes del grupo familiar, un área que describió como un cambio radical en su carrera profesional. Lavilla Quispe expuso las diferencias sustanciales entre un delito común de lesiones graves y uno en el contexto de violencia familiar, precisando que este último constituye un «delito de infracción al deber», donde existe un deber de garante entre las partes. Bajo esta premisa procesal, señaló que las reglas de participación delictiva varían, descartando la coautoría propia de la teoría del dominio del hecho para dar paso a figuras de autoría o complicidad, dada la naturaleza especial del ilícito.
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Debate jurídico: igualdad de oportunidades y presunción de inocencia
Uno de los momentos más destacados de la entrevista se produjo cuando se le preguntó si la reciente norma que establece dejar de lado la perspectiva de género para reemplazarla por la igualdad de oportunidades constituye un adelanto o un retroceso jurídico. El postulante afirmó contundentemente que representa un «adelanto», argumentando que las políticas gubernamentales previas ya han logrado concientizar a las mujeres y a los grupos vulnerables sobre sus derechos y los mecanismos para denunciar. Por ello, consideró adecuado y acorde a la evolución legal que ahora se busque garantizar la posibilidad de acceder a la esfera pública y privada de forma igualitaria entre el varón y la mujer.
Finalmente, ante las interrogantes del doctor Galindo sobre la fuerte tensión existente entre la urgencia de dictar medidas de protección basadas únicamente en la declaración de la víctima y el respeto al principio constitucional de presunción de inocencia, Lavilla reconoció que la normativa preventiva actual genera presunciones de culpabilidad que pueden llegar a desnaturalizar el sistema.
A modo de solución, el candidato propuso la modificación de la norma para implementar formatos de análisis de riesgo y vulnerabilidad mucho más rigurosos, tomando como referencia modelos internacionales, para no depender exclusivamente de la palabra del denunciante. Pese a sus observaciones críticas, ratificó que de asumir la judicatura, condicionará siempre su actuación a la dimensión jurídica, respetando el ordenamiento legal peruano y los tratados internacionales.
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