La Asociación de Jueces para la Justicia y Democracia (Jusdem) emitió el pronunciamiento en respaldo al juez Richard Concepción Carhuancho, luego de que el primer vicepresidente del Congreso presentara una denuncia ante la Junta Nacional de Justicia por el ejercicio del control difuso de convencionalidad.
En su comunicado, Jusdem rechazó categóricamente que este mecanismo pueda calificarse como “prevaricato”, al recordar que el control difuso está reconocido por la Constitución, la jurisprudencia nacional y el sistema interamericano de derechos humanos, y constituye un deber funcional ineludible para garantizar la supremacía constitucional y convencional.
La asociación también lamentó los intentos de criminalizar decisiones judiciales adoptadas conforme a la Constitución y al derecho internacional, advirtiendo que estas acciones generan un clima de hostilidad contra la judicatura y ponen en riesgo la independencia judicial.
Finalmente, Jusdem invocó a la ciudadanía y a la comunidad internacional a defender activamente la democracia, la separación de poderes y la independencia judicial en el país, reafirmando su compromiso con la protección de los derechos fundamentales y la vigencia del Estado Constitucional de Derecho
COMUNICADO JUSDEM
Asociación de Jueces para la Justicia & Democracia
PRONUNCIAMIENTO 13-CD-JUSDEM-2025
La Asociación de Jueces para la Justicia y Democracia – JUSDEM, en ejercicio de la facultad de expresarnos en defensa de los Derechos Humanos y el Estado Constitucional de Derecho, ante la denuncia presentada por el primer vicepresidente del Congreso de la República ante la Junta Nacional de Justicia contra el juez Richard Concepción Carhuancho por ejercer control difuso de convencionalidad, expresamos lo siguiente:
• Rechazamos categóricamente las declaraciones que califican como “prevaricato” el ejercicio legítimo del control difuso de convencionalidad por parte de jueces y juezas. Este mecanismo, expresamente reconocido por la Constitución, así como por la jurisprudencia nacional e interamericana, constituye un deber funcional ineludible del Poder Judicial para garantizar la supremacía de la Constitución y de los tratados internacionales de derechos humanos. Su inobservancia no solo vulnera estos mandatos, sino que puede comprometer la responsabilidad internacional del Estado.
• Recordamos que en un Estado Constitucional de Derecho las juezas y jueces tienen el deber de verificar la compatibilidad de las normas con la Constitución y las obligaciones internacionales del Estado peruano. Este deber ha sido reconocido expresamente por el propio Estado peruano en reiteradas oportunidades en sus intervenciones ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y la Corte Interamericana de Derechos Humanos.
• Lamentamos que se busque criminalizar decisiones judiciales ajustadas a la Constitución y al derecho internacional. Esta práctica genera un clima de hostilidad que atenta contra la independencia judicial y busca inhibir a jueces y juezas en el cumplimiento de su deber.
• Invocamos a la ciudadanía y a la comunidad internacional a defender activamente la democracia, la separación de poderes y la independencia judicial en el Perú. Sin jueces y juezas independientes, la democracia queda desprotegida y los derechos fundamentales, en riesgo.
La Asociación de Jueces para la Justicia y Democracia – JUSDEM reafirma su compromiso con la independencia judicial, la protección de los derechos fundamentales y la defensa del Estado Constitucional de Derecho frente a intentos de debilitamiento institucional.
Lima, 26 de agosto de 2025
