La Asociación de Jueces para la Justicia y Democracia (JUSDEM) alertó sobre los riesgos de aprobar el Proyecto de Ley que elimina la autonomía del proceso de extinción de dominio, destacando que esta herramienta es clave en la lucha contra la criminalidad y la corrupción al atacar los bienes provenientes de actividades ilícitas. Según JUSDEM, vincular este proceso a una sentencia penal firme favorecería a la delincuencia, debilitaría la seguridad ciudadana, y podría exponer al Perú a sanciones internacionales y pérdida de confianza económica frente a organismos como la OCDE.
PRONUNCIAMIENTO N.o 25-CD-JUSDEM-2024
La Asociación de Jueces para la Justicia y Democracia – JUSDEM, en ejercicio de la facultad de expresarnos en defensa de los Derechos Humanos y el Estado Constitucional de Derecho’, ante la inminente aprobación del Proyecto de Ley que elimina la naturaleza autónoma del proceso extinción de dominio, reiterando anteriores pronunciamientos emitidos sobre el respecto, se dirige a la opinión pública para expresar lo siguiente:
DESTACAMOS, que la actual Ley de Extinción de Dominio se ha adoptado en el marco de una política criminal internacional que el Estado peruano ha asumido en cumplimiento de sus compromisos internacionales en la lucha frontal contra la criminalidad y la corrupción, atacando su base económica, esto es, neutralizando los beneficios económicos que generan mediante el aprovechamiento de bienes provenientes de actividades ilícitas o destinadas a ellas.
RELIEVAMOS, en esa medida, que la figura de extinción de dominio reafirma la aplicación y reconocimiento del derecho de propiedad consagrado en la Constitución, pues, los bienes adquiridos con capital ilícito o utilizados para fines ilícitos, no adquieren legitimidad ni pueden gozar de protección legal.
RESALTAMOS, así, que la autonomía del proceso de extinción de dominio guarda estricta correspondencia con la política pública de seguridad ciudadana y lucha contra la delincuencia, dotando a los operadores jurídicos de una herramienta independiente y autónoma de la acción penal, que se dirige exclusivamente contra bienes adquiridos producto de actividades contrarias al ordenamiento jurídico, o usados para dicho propósito.
ALERTAMOS que, al modificarse la actual norma, se incurre en grave afectación a los intereses nacionales de contrarrestar la grave situación de inseguridad ciudadana que padece la población por el avance exponencial y sangriento de la criminalidad en todas sus formas.
DENUNCIAMOS, en ese orden, que se expone al Estado en responsabilidad internacional, degradando la condición económica de país fiable a país de riesgo frente a organismos financieros internacionales como la OCDE, que exigen el proceso de extinción de dominio independiente del proceso penal como mecanismo que, haciendo frente de modo efectivo al avance de la criminalidad, resguarda la economía nacional en beneficio de la ciudadanía en general.
ADVERTIMOS, que al establecerse como requisito para el ejercicio de la acción extintiva la mediación de una sentencia condenatoria penal firme, solo se legisla a favor de la delincuencia, asumiendo en los hechos que el Congreso se constituya como aparato legal a favor de la criminalidad.
