La Asociación de Jueces para la Justicia y Democracia (JUSDEM) ha emitido un pronunciamiento enérgico en contra del Proyecto de Ley No. 1192/2023, que busca modificar la Ley de Carrera Judicial y el Código Penal. Según JUSDEM, estas modificaciones amenazan la independencia judicial al imponer sanciones penales a jueces y fiscales que tomen decisiones sobre detenciones y sentencias que luego sean revocadas. La asociación argumenta que estas medidas buscan proteger a la criminalidad organizada en un contexto de creciente violencia en el país, donde la corrupción y el crimen han desbordado la capacidad del sistema judicial.
El pronunciamiento también denuncia la injerencia del Congreso en las funciones judiciales, señalando que más de la mitad de los congresistas enfrentan investigaciones por delitos graves. JUSDEM hace un llamado a la comunidad internacional para que esté atenta a los intentos de perseguir a jueces y fiscales independientes, enfatizando que la justicia es fundamental para combatir la corrupción y garantizar la seguridad en la sociedad. La asociación insta a los magistrados a continuar ejerciendo su labor con valentía y a mantener la independencia judicial, un principio esencial consagrado en la Constitución.
PRONUNCIAMIENTO N.º 21-CD-JUSDEM-2024
La Asociación de Jueces para la Justicia y Democracia – JUSDEM, en ejercicio de la facultad de expresarnos en defensa de los Derechos Humanos y el Estado Constitucional de Derecho, y ante el Proyecto de Ley No. 1192/2023 y otros que modifica la Ley de Carrera Judicial, Ley de Carrera Fiscal y el Código Penal, se dirige a la opinión pública.
1.- En los últimos meses vemos como el Congreso de la República, atendiendo a intereses subalternos, viene promoviendo y aprobando Proyectos de Ley que benefician a la criminalidad organizada, lo que ha desatado una ola de violencia sin precedentes en el país, causando la muerte de muchas personas y la proliferación de organizaciones criminales dedicadas al cobro de cupos a los peruanos y peruanas que trabajan honradamente para sacar adelante a sus familias.
2.- El Congreso, como parte de su plan de sojuzgar al sistema de justicia, va a someter a debate en el pleno el Proyecto de Ley No. 1192/2023 y otros que modifica la Ley de Carrera Judicial, Ley de Carrera Fiscal y el Código Penal, en el cual se establecen sanciones penales a los jueces y juezas que dicten medidas de detención preliminar o de prisión preventiva e incluso sentencia condenatoria cuando su decisión sea revocada por la instancia superior, como también sanciones a fiscales que soliciten dichas medidas u obtengan una sentencia condenatoria, si éstas fueran revocadas, así como la imposición de una multa por cada día de detención de una persona imputada de algún delito, la que alcanzará tanto al juez, jueza, fiscal, efectivos policiales y funcionarios administrativos.
También se propone modificar el artículo 418 del Código Penal que tipifica el delito de prevaricato a fin de sancionar con pena privativa de libertad entre 10 y 15 años e inhabilitación al juez o jueza que dicte medida de detención preliminar o prisión preventiva contra algún imputado, o al fiscal que lo solicite, cuando dichas autoridades – entre otros supuestos- se hayan basado en “declaraciones o testimoniales no corroboradas”, frase que por su alto nivel de subjetividad busca intimidar y restarle mérito a las declaraciones de colaboradores eficaces y testigos, a fin de restringir dichas actuaciones probatoria y favorecer la impunidad de los corruptos y demás delincuentes.
3.- Los citados proyectos de ley, que ya fueron aprobados por la Comisión de Justicia y Derechos Humanos, atentan contra la independencia judicial que está garantizada en el artículo 139 inciso 2 de la Constitución, pues en momentos en que la delincuencia y la corrupción están desangrando al país, se pretende proteger a quienes delinquen amenazando con pena de cárcel a los jueces o juezas que dicten medidas restrictivas de la libertad y a los fiscales que las soliciten. En el colmo del absurdo, se pretende sancionarlos también por los hechos expuestos, si los primeros dictaran sentencias condenatorias y los fiscales solicitaran penas privativas de la libertad, considerando dichas actuaciones estrictamente jurisdiccionales como faltas graves en la ley de la Carrera Judicial (artículo 48) y la Ley de la Carrera Fiscal (artículo 47), todo lo cual demuestra una arbitraria injerencia en las funciones independientes de los jueces y fiscales que debe cesar, máxime cuando se legisla a espaldas de los que impartimos justicia y nunca se pide nuestras opiniones.
4.- Resulta EVIDENTE que lo que pretende este Congreso, en cuyo seno más de la mitad de los congresistas tienen carpetas fiscales abiertas por la presunta comisión de delitos de organización criminal y otros, es blindar a sus miembros debilitando severamente el sistema de justicia, afectando los valores democráticos y la separación de poderes. Esta arremetida del Congreso contra el sistema de justicia se da en el marco de la protesta de un sector de la ciudadanía como son los transportistas, contra las leyes que favorecen la impunidad y la reciente aprobación de una moción para la reforma exprés del sistema judicial y penitenciario, en su derrotero de tener una justicia anuente a sus intereses.
5.- RECORDAMOS al Congreso que: “La justicia es la principal arma con la que cuenta una sociedad civilizada para enfrentar la corrupción, el crimen y la inseguridad. Para lograr esto, se debe contar no con cualquier “justicia”, sino con una justicia fuerte; y especialmente, independiente.” 2 . Como tal, el Congreso debe tomar en cuenta la experiencia comparada de Guatemala, donde a los funcionarios que avasallaron la democracia, los Derechos Humanos y la separación de poderes les aplicaron la Ley Magnitsky que implicó la restricción de visas y afectación de sus bienes, entre otras medidas, pues la tutela de estos derechos tiene vocación de universalidad.
6.- Por tanto, RECHAZAMOS todo proyecto de ley dictado por este Congreso que beneficie a la delincuencia y atente contra la independencia judicial y le EXIGIMOS el respeto por la INDEPENDENCIA JUDICIAL reconocida por nuestra Constitución como un principio y un derecho de la función jurisdiccional.
7.- DENUNCIAMOS el quiebre del sistema democrático en nuestro país debido a que uno de los poderes estatales sobreponiéndose a los otros y además a los órganos autónomos constitucionales, vienen interviniendo en sus fueros que gozan de independencia funcional por mandato constitucional. Debemos recordar que la separación e independencia de poderes ha evolucionado históricamente con la idea de que ninguna persona (dictador) es infalible ni tiene la absoluta representación del pueblo, como tampoco lo son los congresos ni los tribunales, es por ello que existen los controles y contrapesos.
8.- INVOCAMOS a los jueces, juezas y fiscales penales a seguir cumpliendo con valentía su delicado trabajo y, si correspondiera, sancionar con criterio independiente a todo aquél que delinque.
9.- HACEMOS un llamado a la Comunidad Internacional para que tome conocimiento de que en nuestro país se pretende perseguir a jueces, juezas y fiscales independientes por ejercer sus funciones
