El congresista no agrupado Edwin Martínez solicitó a la Junta Nacional de Justicia (JNJ) vacar a Rafael Ruiz Hidalgo tras denunciarse que ocultó una sentencia en su contra, por prevaricato, durante su postulación al organismo autónomo. Esta decisión se dictó en el año 2010, según el programa Punto Final.
De acuerdo al legislador, Ruiz Hidalgo contravino lo dispuesto en el artículo 11, incisco d) de la Ley Orgánica de la Junta Nacional de Justicia (Ley 30916). Por ello, correspondería que sea reemplazado por su suplente:
Dicha norma establece que los condenados con sentencia consentida o ejecutoriada por la comisión de delito doloso están impedidos para ser elegidos miembros de la Junta Nacional de Justicia. Asimismo, señala que, la rehabilitación, luego de cumplida una sentencia condenatoria no habilita para el desempeño del cargo.
En consecuencia, siguiendo el artículo 13 de la misma ley, el miembro de la JNJ que incurra en cualquiera de los supuestos previstos en los artículos 11, 12, 66, 67 y 69 deberán ser separados por vacancia y reemplazados por su suplente según el artículo 19.
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Asimismo, se le sindica de infringir el artículo III del Título Preliminar de la Ley Orgánica de la JNJ, la misma que «protege el principio de legalidad, el cual exige que los miembros de la Junta actúen con respeto a la Constitución».
JNJ pide remitir sentencia y anuncia procedimiento disciplinario
A través de un oficio firmado por el presidente de la entidad, Gino Ríos, la JNJ solicitó al Poder Judicial, el último 10 de marzo, remitir dicha sentencia. De acuerdo a la institución, se busca «contar con información oficial y detallada sobre el caso».
Una vez recibido el citado documento, según la JNJ, se «iniciará el procedimiento correspondiente […] conforme a lo establecido por la ley, garantizando el respeto a las normas que rigen la institución».
Según el programa Punto Final, la condena contra Ruiz Hidalgo está vinculada a una decisión que tomó en 2004, cuando se desempeñaba como juez suplente del 13 Juzgado Laboral de Lima. En aquella ocasión, ordenó el embargo de las cuentas de varias empresas relacionadas con el Grupo Gloria, en el marco de una demanda laboral presentada por un supuesto extrabajador.
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Sin embargo, en el transcurso del proceso penal se descubrió que las empresas embargadas no tenían vínculo alguno con el caso. Como resultado, se determinó que el entonces magistrado había emitido una «resolución contraria a la ley», lo que derivó en su condena a tres años de prisión.
Esta pena fue suspendida condicionalmente por dos años, bajo la condición de cumplir con ciertas reglas de conducta, tales como no cambiar de domicilio, presentarse ante la Corte de Justicia y abonar una reparación civil de S/1000.
Aparte de la condena, se le impuso una inhabilitación de un año para ejercer cargos públicos. A pesar de haber apelado la decisión, la Corte Suprema rechazó sus recursos en 2013.
Actualmente, según la plataforma institucional de la JNJ, Ruiz Hidalgo se dedica a la docencia en Derecho Constitucional en la Universidad de Lima y forma parte de la Comisión Permanente de Evaluación y Ratificación de la JNJ.
