El Juzgado de Investigación Preparatoria de Trujillo dictó nueve meses de prisión preventiva contra Erotides Mercedes Calderón y Juan Valera Barroso, investigados por la presunta extorsión a una fiscal del Ministerio Público en Trujillo y por las lesiones causadas a dos personas, un guardia de seguridad y un conductor, tras la detonación de un artefacto explosivo frente a dicha sede institucional.
El último 22 de enero, se declaró fundado el pedido de ampliación de detención judicial por flagrancia, por siete días, en contra de ambos sujetos. Solo un día después, el juez Carlos Rivero Rodríguez dictó nueve meses de prisión preventiva a Carmen Flor Castillo Rosario en el marco de su investigación por presunta tenencia ilegal de municiones.
La ciudadana es sindicada de haber contribuido con el ataque perpetrado en los exteriores del inmueble. El hecho ocurrió el último lunes 20 de enero, en horas de la madrugada, cuando un artefacto explosivo detonó frente al edificio, causando daños en la infraestructura, incluyendo oficinas, equipos tecnológicos, puertas, ventanas y un saldo de dos heridos.
El impacto dejó dos heridos y causó serios destrozos en la infraestructura del inmueble y las viviendas aledañas. Un auto quedó completamente destruido. Si bien se creyó que el atentado estaba dirigido a uno de los negocios de la zona, cámaras de seguridad captaron a un desconocido acercarse a las inmediaciones, a bordo de una motocicleta, para dejar un paquete en el lugar; de acuerdo a RPP.
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Por su parte, el titular del Ministerio del Interior (Mininter), Juan José Santiváñez, ya había brindado detalles sobre la captura de los sospechosos:
Hemos capturado a las dos personas que condujeron los vehículos y que transportaron la dinamita. Hemos capturado, también, a quienes están involucrados en entregar la dinamita y el armamento, un ciudadano venezolano con su pareja, que es quien suministraría con este material a todas las organizaciones criminales en Trujillo.
De acuerdo a un comunicado del Mininter, los detenidos pertenecerían a una «red criminal dedicada a la extorsión». Este grupo fue detenido con equipos electrónicos además de municiones y dinamita.
Asimismo, el Gobierno de la presidenta Dina Boluarte calificó el hecho como un «cobarde acto de terrorismo urbano ocurrido en Trujillo». Por ello, poco después de ocurrido el ataque, comunicó lo siguiente:
El Gobierno, con el objetivo de garantizar la seguridad de la ciudadanía, anuncia que las Fuerzas Armadas (FF. AA.) y la Policía (PNP) tomarán el control de la ciudad en el marco del estado de emergencia.
Condenamos estos ataques terroristas de bandas criminales y aseguramos a la población que no descansaremos ni flaquearemos ante estos viles atentados. Reafirmamos el trabajo conjunto del Gobierno central, gobierno regional y autoridades municipales para garantizar el orden, proteger a las familias de La Libertad y conseguir un futuro con justicia para todos los peruanos.
Fiscal fue amenazada y recibió fotos de sus familiares
La titular del Ministerio Público, Delia Espinoza, informó que una fiscal del área de criminalidad organizada sufría amenazas desde «hacía días» y que incluso recibió fotos de sus familiares.
En ese marco, afirmó que hay «indicios» de que la dinamita usada por los delincuentes provenga de la minería informal. En diálogo con RPP, detalló lo siguiente:
Se nos ha informado que una fiscal que está siguiendo un caso muy grave de criminalidad organizada ha sido amenazada. Estaba siendo amenazada desde días antes. Incluso alcanzándole fotografías de su familia. Parece que esto [la explosión] tiene total relación y vinculación con lo que acaba de ocurrir. […] Los primeros elementos o indicios que estamos recibiendo es que esta dinamita procedería de la minería ilegal.
Mira la transmisión de la orden de prisión preventiva aquí:
Mira la transmisión de la ampliación de la detención judicial aquí:
