El Ministerio Público inició a una investigación preliminar por los presuntos delitos de extorsión y coacción, en perjuicio del Estado, tras el hallazgo de una granada de guerra y una nota extorsiva en el área frontal del penal Miguel Castro Castro.
La fiscal encargada, Liliana Ríos, de la Primera Fiscalía Provincial Penal Corporativa de San Juan de Lurigancho, ordenó una inspección en las áreas aledañas «con el objetivo de revisar las cámaras de seguridad e identificar a posibles nuevos testigos».
El artefacto explosivo fue hallado junto a una nota intimidatoria dirigida a un interno, señalado como responsable de coordinar extorsiones y homicidios desde el interior del establecimiento penitenciario.
La misiva advierte sobre la intención de «hacer volar el penal» si las autoridades del Instituto Nacional Penitenciario (INPE) y la Policía Nacional del Perú (PNP) no adoptan las medidas que se exigen. Además, se señala que un recluso operaría al interior del penal, empleando teléfonos celulares, para coordinar sus actividades delictivas.
Jefe el INPE se manifiesta
El presidente del INPE, Javier Llaque Moya, indicó que estos actos delictivos estarían vinculados a conflictos entre bandas criminales.
Asimismo, señaló que situaciones similares se han registrado en otros penales. No obstante, reafirmó que el principio de autoridad se mantiene en las cárceles y subrayó que ningún «matón» dictará las acciones a seguir.
En declaraciones a América Noticias, indicó que anteriormente se buscó usurpar las funciones de la institución:
Ningún matón le va a decir al INPE qué cosa hacer. En aquella oportunidad, en [el penal de] Lurigancho, verificamos a los involucrados y desde la calle querían manejar el penal, pero los separamos. No actuamos por lo que ellos nos dicen.
Finalmente, mencionó que se efectúan entre 8 y 10 requisas diarias en los establecimientos penitenciarios, las mismas en las que se hallan objetos no permitidos. Sin embargo, admitió que aún existen zonas susceptibles a riesgos dentro de las prisiones.
