Recientemente (9 de setiembre) se publicó el Decreto Supremo Nº 115-2025-PCM, que aprueba el Reglamento de la Ley 31814, norma que promueve el uso de la inteligencia artificial (IA) en el país. La disposición reconoce la importancia de la IA para el desarrollo económico y social, pero establece como “riesgo alto” su aplicación en la gestión de personal, en especial cuando se utiliza para determinar procesos de selección, evaluación, contratación de personal, cese de trabajadores o postulantes a un puesto de trabajo; así como, establecer condiciones laborales.
De acuerdo con la norma, también se considera de riesgo alto el uso de sistemas basados en IA que infieran emociones de los trabajadores en los entornos de trabajo. La única excepción será cuando el sistema (basado en IA) esté destinado a ser instalado o introducido por motivos médicos o de seguridad, explica Eric Castro, socio del estudio Miranda & Amado.
La regulación establece, además, que todo sistema de IA debe estar sujeto a supervisión humana, de manera que sus decisiones resulten éticas, justas y respetuosas de los derechos fundamentales. Asimismo, los desarrolladores e implementadores estarán obligados a realizar evaluaciones de impacto, documentar sus hallazgos y conservar dicha información por un plazo mínimo de tres años.
Esta normativa representa un avance en la adecuación del marco legal peruano a las tendencias internacionales en materia de inteligencia artificial. Se trata de un paso necesario para equilibrar la innovación tecnológica con la protección de los derechos laborales y humanos y evitar que formas de discriminación o estigmatización hacia los trabajadores, señala el especialista.
Destaca, además, que el concepto de ‘riesgo alto’ adoptado en el reglamento se alinea con criterios aplicados, por ejemplo, en la Unión Europea, donde se evalúa no solo la finalidad del sistema de IA, sino también sus posibles consecuencias no deseadas.
Este enfoque permitirá al país atraer inversión en tecnologías responsables, que las áreas de Gestión de Personas continúen por el camino de la innovación, pero garantizando que su aplicación no vulnere derechos fundamentales de los trabajadores o postulantes, agrega.
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Finalmente, Castro recomendó a las empresas revisar sus procesos de recursos humanos y las herramientas digitales que emplean, a fin de verificar si requieren adecuarse a las nuevas exigencias.
Las organizaciones deberán implementar protocolos de control y documentación para no incurrir en infracciones, pero también capacitar a quienes gestionan los procesos. Más allá de la obligatoriedad legal, esta es una oportunidad para fortalecer la confianza entre trabajadores y empleadores y generar cambios positivos en un contexto de creciente digitalización, puntualizó.
