El Instituto Nacional Penitenciario (INPE) informó que el expresidente Martín Vizcarra realizó, el 22 de agosto, una llamada desde el penal Barbadillo argumentando que se comunicaría con su abogado. Sin embargo, habría utilizado la autorización para establecer contacto con RPP y emitir «declaraciones de naturaleza política y/o proselitista».
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Según el Oficio D000888-2025-INPE-PRE, difundido por el abogado Luis Miguel Caya, el expresidente solicitó autorización para llamar a su abogado defensor a fin de informarle sobre su traslado al penal Ancón II. No obstante, el personal penitenciario constató que, durante la comunicación, se enlazó con un tercero no autorizado y solicitó:
En relación a la comunicación telefónica que el referido interno realizó con el medio de comunicación Radio Programas del Perú (RPP) el 22 de agosto del año en curso en horas de la noche, antes de ser trasladado desde el Establecimiento Penitenciario Barbadillo al Establecimiento Penitenciario Ancón II, se solicita informar «quien fue la persona que autorizó para que el interno realice una llamada telefónica donde el mismo realizó declaraciones de naturaleza política y/o proselitista por varios minutos, siendo interrumpida la llamada por personal penitenciario».
El director del penal Barbadillo informó que Vizcarra solicitó la llamada a las 19:08 horas, dirigida a su abogado Erwin Siccha. Sin embargo, un técnico de pabellón advirtió que se trataba de un contacto con el medio y procedió a cortar la comunicación a las 19:13 horas. «Se comunicó al interno que no puede realizar ese tipo de declaraciones a la prensa sin ninguna autorización», se lee en la nota informativa remitida al INPE.
La institución recordó que toda entrevista a un interno debe realizarse bajo lo dispuesto en la Directiva 008-2021-INPE-GG, aprobada mediante Resolución Presidencial 251-2021-INPE/P, procedimiento que no se habría cumplido en este caso. «Se ha tratado de burlar al realizar una llamada solicitada para establecer comunicación con su abogado y comunicarse finalmente con un tercero no autorizado», señaló el oficio.
Durante la conversación con RPP, el exmandatario relató que las decisiones adoptadas en su contra no tenían fundamento y que su traslado respondió a factores ajenos a la evaluación técnica del INPE. En ese contexto, detalló:
Esto empieza desde el día miércoles 13 en que el juez dicta una prisión preventiva que no tiene ninguna justificación legal, aduciendo que no tengo arraigo familiar, como que yo vivo solo, desconociendo que tengo esposa, hija, nietos, es increíble. Y luego eso origina que me trasladen el día jueves 14 aquí al penal de Barbadillo, donde me encuentro actualmente. Aquí vino la junta calificadora del INPE, me evaluó el día jueves 14 y determinó que me correspondía estar en Barbadillo. Después de una semana vino una segunda junta de calificación, el miércoles 20, y nuevamente recomendó que me quede en este penal.
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El exmandatario afirmó que la decisión obedecía a intereses externos al sistema penitenciario. «La misma junta me dijo que si se decidía otra cosa era por decisión política de otro nivel. El INPE depende del Ministerio de Justicia y el Ministerio depende de la presidenta Dina Boluarte. Yo lo digo con todas sus letras: estoy siendo víctima de una decisión política», manifestó.
El reporte del INPE señala que la llamada se interrumpió cuando personal penitenciario advirtió que Vizcarra no se comunicaba con su abogado, sino con un medio. En ese marco, el exmandatario reconoció mediante la llamada:
He sido absolutamente respetuoso de todas las normas (…) sin embargo, ante este tipo de abusos estoy haciendo una falta de comunicarme aunque esto pueda generar algún problema con mi persona.
El pasado miércoles 27, Vizcarra retornó al penal de Barbadillo tras permanecer en el tópico del penal Ancón II, en cumplimiento de lo dispuesto por el nuevo ministro de Justicia, Juan José Santiváñez. El traslado se efectuó pocas horas después del anuncio oficial, ubicándose al exmandatario en un ambiente acondicionado dentro del establecimiento penitenciario.