Fundamento Destacado: 2.13. El derecho de amnistía (perdón de los delitos) dispuesto por el parlamento a y promulgada por la presidenta de la república, es anticonvencional y no supera a otros derechos enfrentados como derecho a la verdad, resuelto por la Corte Interamericana de Derechos Humanos en el caso Barrios Altos v. Perú del 2001, el derecho a la tutela jurisdiccional efectiva del artículo 139, inciso 3 de la Constitución Política y del artículo 44 de la Constitución que impone al Estado los deberes como garantizar la plena vigencia de los derechos humanos, aunado al ejercicio de la persecución penal que le es competente en monopolio al Ministerio Público.
Durante los debates procesales se ha manifestado por el abogado defensor de XXXX que existe afectación del derecho de tutela jurisdiccional efectiva de su cliente por el tiempo transcurrido en investigación; no obstante, como se dijo nos encontramos ante un delito de lesa humanidad que es la desaparición forzada en el que la tutela jurisdiccional efectiva es en favor de las víctimas al tratarse de un delito permanente en el tiempo, y los actos de amnistía del legislativo no pueden ser contrarios a las garantías que exige la Constitución como la defensa de los derechos humanos del artículo 44 y el control de Convencionalidad de la Corte Interamericana de derechos Humanos a través de su jurisprudencia aplicable al Estado Peruano que voluntariamente suscribió la convención americana de Derechos Humanos, además que el Perú no es una isla sino sujeta al Sistema Regional de Derechos Humanos.
Sumilla: Control difuso, judicial review a la Ley 32,419 denominada “amnistía a los miembros de las fuerzas armadas, de la Policía Nacional del Perú y los Comité de Autodefensas de los hechos ocurridos entre los años 1980 y 2000” por hechos de desaparición forzada en contexto de lesa humanidad acontecido en 1990 Huanta – Ayacucho.
CORTE SUPERIOR NACIONAL DE JUSTICIA PENAL ESPECIALIZADA
SÉPTIMO JUZGADO DE INVESTIGACIÓN PREPARATORIA NACIONAL
EXPEDIENTE: 00385-2023-2-5001-JR-PE-07
ESPECIALISTA: CAMPOS VEGA ELIANA DENISSE
Decide: Juez Jorge Luis Chávez Tamariz
RESOLUCIÓN N° 10
//Lima, 09 de setiembre de 2025.-
I. ASUNTO (ISSUE)
Determinar, si corresponde estimar la petición del general del Ejército Peruano en situación de retiro XXXX de la excepción de amnistía por el delito de desaparición forzada de personas (delito de lesa humanidad), en agravio de XXXX a través de la regla del artículo 6.1.d del Código Procesal Penal
1.1. El representante del Ministerio Público señala en su requerimiento fiscal que tiene como antecedente, que mediante Disposición N.º 08 de fecha 18/AGO/2023 se ha dispuesto formalizar y continuar la investigación preparatoria contra: XXXX y XXXX, como presuntos autores mediatos del delito contra la Humanidad, en la modalidad de desaparición forzada de personas (como delito de Lesa Humanidad), delito previsto y sancionado en el primer párrafo del artículo 320° del Código Penal, en agravio de XXXX, por un plazo de CIENTO VEINTE DÍAS; posteriormente, con disposición N.º 10 de fecha 04/DIC/2023, se ha dispuesto prorrogar y declarar complejo la investigación preparatoria contra los investigados antes citados; asimismo, con Disposición N.º 11 de fecha 01 de abril de 2024 se dispuso concluir la investigación preparatoria.
1.2. Respecto al requerimiento acusatorio, el fiscal formula acusación contra XXXX Y XXXX, como autores mediatos del Delito contra la Humanidad, en la modalidad de DESAPARICIÓN FORZADA DE PERSONAS, conducta prevista y sancionada en el primer párrafo, del artículo 320º del Código Penal vigente, en agravio de XXXX.
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La imputación concreta de los acusados es:
– Se imputa a XXXX, con grado de General de Brigada del Ejército Peruano, en su condición de Comandante General de la Segunda División de Infantería de Ayacucho y Jefe Político Militar de la Subzona de Seguridad N.º 5 (SZSNC -5), desde el 01 de enero al 31 de diciembre de 1990, estando a su cargo las Unidades y/o zonas de Huamanga, Huanta, Cangallo, entre otros, como parte de la estrategia de lucha contrasubversiva en la zona bajo su responsabilidad, haber planificado, ordenado y conducido1 operaciones contrasubversivas ofensivas y disuasivas, destinadas a la detención y eliminación de personas que sean sospechosas de pertenecer, simpatizar y/o colaborar con la organización Terroristas PCP. Sendero Luminoso; en ese contexto, por el grado jerárquico dentro de la cadena de mando, tenía conocimiento de las acciones desplegadas por los Jefes de Batallones Contrasubversivas, de forma diaria, tales como el Batallón Contrasubversivo “Los Cabitos N° 51 – Huanta” o también denominado “Cuartel de Castropampa” a cargo del Comandante de Unidad y Jefe del Batallón (en la fecha de los hechos) – Teniente Coronel del Ejército Peruano XXXX; siendo así, al tomar conocimiento de la detención y traslado del agraviado XXXX a las instalaciones del Batallón Contrasubversivo “Cabitos N° 51” – Huanta ”, la noche del 25 de enero de 1990, por una “patrulla” de efectivos militares del Batallón Contrasubversivo “Los Cabitos N ° 51 – Huanta, por presuntamente SER sospechoso de pertenecer, simpatizar y/o colaborar con la organización terrorista PCP “Sendero Luminoso”, tenía la obligación y deber de informar sobre su destino, empero, conforme obra en el Oficio N.º 141/ K3/2da DI/21.01, de fecha 07 de marzo de 1990, no cumplió con dicho deber funcional en el eslabón jerárquico como Jefe Político Militar; es decir, no brindó una información “cierta” sobre el paradero del agraviado, toda vez que hasta la fecha se desconoce el paradero de XXXX y figura como “Desaparecido”, siendo la última vez que fue visto con vida por sus familiares, al momento de su detención por parte de los efectivos militares del Batallón Contrasubversivo “Los Cabitos N° 51 Huanta”, esto es bajo custodia y posición de garante del Ejército Peruano; por tanto, le es exigible la carga de dar una explicación satisfactoria y convincente de lo sucedido y/o paradero de la presunta víctima.
El imputado, desde su rol de órgano ejecutor de las estrategias contrasubversivas en Ayacucho, al ser el máximo Jefe de la Segunda División de Infantería de Ayacucho y Jefe Político Militar de la Sub zona de Seguridad N.º 5 (SZSNC -5), ejerció poder de mando para la conducción política y militar – directas – de las estrategias de enfrentamiento contra organizaciones subversivas terroristas que actuaban en la zona.
[Continúa…]
 dispuesto en la Ley 32419, es anticonvencional y no prevalece sobre otros derechos como a la verdad, la tutela jurisdiccional efectiva a favor de la víctima y el deber del Estado de garantizar los derechos humanos [Exp, 00385-2023-2, f. j. 2.13]){kind=link}