Nuestra historia se remonta al 10 de setiembre del 2018, fecha en que se publicó el Decreto Legislativo 1400, que aprueba el nuevo régimen de la garantía mobiliaria. Transcurrido su vacatio legis, se producirá la derogación de la Ley 28677 que regula actualmente dicho régimen. A continuación, abordaremos las implicancias de este marco legislativo, que promueve la delincuencia, el lavado de activos, afecta la seguridad jurídica y la propiedad de todos los peruanos.
Primero, esta norma elimina en la SUNARP el Registro Mobiliario de Contratos, y es que el Decreto Legislativo 1400 cierra el Registro Mobiliario de Contratos (Registro Jurídico) y el Sistema Integrado de Garantías y Contratos (SIGC).
En su lugar, crea un Sistema meramente Informativo de Garantías Mobiliarias (SIGM), lo que implica eliminar un registro jurídico y reemplazarlo por un registro administrativo o de avisos, el » Sistema Informativo de Garantías Mobiliarias (SIGM)», que es sólo una base de datos, meramente informativa, en la que los propios usuarios cargan la información de sus garantías.
Luego, elimina la función del Registrador. Los avisos publicitados en el SIGM no tienen ningún tipo de calificación registral, es decir nadie validará que la información incorporada sea legal, correcta, suficiente, etc.
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Las inscripciones en el SIGM (plataforma única donde se inscriben voluntariamente los avisos electrónicos para publicitar garantías mobiliarias) se efectúan en mérito a cualquier medio escrito que contenga el acto de «Constitución de Garantía» y puede realizarlo cualquier persona Natural o Jurídica y la impresión de este aviso tendrá la calidad de documento público, esta situación vulnera la seguridad jurídica, puesto que este nuevo documento público tendría los mismos o menos filtros que una publicación en Facebook, Instagram o TikTok es decir ningún control legal, este aviso cuya impresión se convirtió en documento público pudo realizarse en mérito a un contrato escrito en una servilleta de bar.
La SUNARP dispone la entrada en funcionamiento de este nuevo sistema de avisos SIGM «Sistema Informativo de Garantías Mobiliarias (SIGM)» para el 3 de marzo de 2025, lo que viene generando gran preocupación en diversos sectores, ya que por la eliminación de la calificación registral y la participación notarial, se pueden ver incrementados los riesgos como el lavado de activos, pérdida de dominio, cobro de intereses abusivos e ilegales y una evidente falta de seguridad jurídica en todas las transacciones.
Con la aplicación del DL 1400, los contratantes suscriben cualquier medio escrito y publicitan su Garantía en el Sistema informativo de Garantías Mobiliarias y de contratos (SIGM), generando así un grave riesgo jurídico ya que la falta de control en las transacciones puede derivar en la vulneración del derecho de propiedad de las personas, exponiendo a los ciudadanos a la posible pérdida de sus bienes por no contar con las debidas garantías legales.
No existirá la calificación de la capacidad, libertad y conocimiento del otorgante, que constituye un aspecto fundamental en los actos jurídicos, situación que conllevará al aumento de delitos contra ciudadanos que pueden ser obligados o simplemente no comprendan los efectos jurídicos del documento que firmarán sin ningún control legal.
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Asimismo, esta norma representa un retroceso en la lucha contra la corrupción y el lavado de activos, al eliminar el control sobre la bancarización, lo que facilita la circulación de dinero de origen ilícito y elimina los mecanismos de lucha contra la corrupción y lavado de activos.
Esta falta de control derivará en un incremento significativo de los costos de las transacciones y aún peor en un descontento generalizado que se traduzca en el inicio de una serie de largos y costosos procesos judiciales, que generaría una sobrecarga en el sistema judicial peruano y al no tener mecanismos de control para garantizar la legalidad y transparencia de las operaciones, impedirá una correcta protección de derechos de todas las partes. Es decir, la falta de regulación e intervención legal generará una mayor carga en disputas judiciales, lo cual fomentará el uso y búsqueda de créditos informales como el gota a gota.
