El constitucionalista Víctor García Toma cuestionó el aparente inicio de un proceso disciplinario de la Junta Nacional de Justicia (JNJ) contra la presidenta del Poder Judicial, Janet Tello. De acuerdo al letrado, el proceso guarda semejanzas con el realizado a la exfiscal de la Nación Patricia Benavides.
En diálogo con LP derecho, el también exministro de Justicia señaló que, si bien los magistrados de la JNJ están facultados para tramitar una denuncia contra Tello, la discrepancia se funda en el tipo de proceso:
La discrepancia, cuatro contra tres, se ha planteado en que la mayoría de los miembros de la Junta consideran que esto debe estar sujeto a un procedimiento extraordinario, sumario, especial. Muy criticado cuando se dio con el caso de la exfiscal de la Nación, la doctora Patricia Benavides. Curiosamente, los que ahora protestan, estuvieron de acuerdo.
Inscríbete aquí Más información
Asimismo, señaló que el primer problema de este caso es el tipo de procedimiento. De acuerdo a su análisis, los magistrados debieron responder a la siguiente pregunta: «Existiendo un proceso de amparo ¿Cabe la continuidad del procedimiento o, por el momento, [se debería] reservar su continuidad a las resultas de ese proceso?».
Tipo de proceso con el que, además, el expresidente del Tribunal Constitucional (TC) no se encuentra de acuerdo. «Justamente debió utilizarse el otro procedimiento para que en la investigación preliminar la presidenta de la Corte Suprema se presente y diga: ‘Yo tengo una acción de amparo donde se esta discutiendo este tema, en consecuencia, ustedes no tendrían competencia'», señaló.
CAL «tiene problemas en identificar su rol»
Por otro lado, también cuestionó el proceso disciplinario abierto por el Colegio de Abogados de Lima (CAL) contra los magistrados de la JNJ. «El Colegio de Abogados [de Lima], no de ahora sino ya hace un tiempo, tiene problemas en identificar cuál es su rol y su papel», expresó García Toma.
A su vez, señaló que los actos realizados por los integrantes de la JNJ no se realizaron «específicamente como abogados», sino como funcionarios públicos y, por ello, están sujetos al contralor político. «Me parece que es aprovechar una circunstancia con fines políticos. Eso está mal», sostuvo sobre la entidad.
