El Ministerio Público abrió 30 días de investigación preliminar contra los que resulten responsables de la empresa call center ‘Konecta’, por la presunta comisión del delito de violencia y resistencia a la autoridad y otros ante la declaración de estado de emergencia nacional.
Así lo dio a conocer la fiscalía mediante su cuenta oficial de Twitter. También señaló que el fiscal provincial penal a cargo de la investigación, Marco Guzmán Baca, de la 30° Fiscalía Provincial Penal de Lima, dispuso diligencias a cargo de la Comisaría de Surquillo.
El local de la empresa, ubicado en el Cercado de Lima, fue intervenido por la Policía Nacional, luego que una trabajadora afirmó que se les había obligado a asistir a laborar pese a la declaratoria de emergencia por el coronavirus.
Konecta emitió un pronunciamiento en el que aducía que seguía ofreciendo sus servicios por acatar lo dispuesto en el artículo 4, inciso J del Decreto Supremo 044-2020-PCM. Aseguró, además, que cuenta “con todas las medidas de salubridad necesarias interpuestas y recomendadas por las autoridades de salud”.
Al respecto debemos señalar que, en efecto, la norma señala que los call center pueden continuar en funcionamiento, no obstante, esta disposición debe interpretarse de forma sistemática, y que solo los call center que brinden servicios esenciales son los que deben seguir funcionando. En este caso estamos ante una empresa que brinda servicios de forma tercerizada a Movistar, por lo que no se trataría de un servicio esencial.
