La Federación Latinoamericana de Fiscales (FLF), que agrupa a representantes de once países, expresó su rechazo a la suspensión de seis meses impuesta al fiscal José Domingo Pérez y alertó sobre el riesgo de intervención al Ministerio Público del Perú. La organización recordó que la CIDH otorgó medidas cautelares a Pérez en 2021 por el hostigamiento sufrido durante su labor en el caso “Lava Jato”, y cuestionó que pese a esa protección, se le aparte de sus funciones de manera desproporcionada.
Matricúlate: Curso de preparación para el examen de la JNJ. Hasta 8 MAY libros gratis y pago en dos cuotas
La FLF también denunció que existen proyectos de ley y pronunciamientos del Ejecutivo y Legislativo que buscan reorganizar el Ministerio Público, lo que calificaron como un intento de injerencia política. Finalmente, ratificaron su compromiso de vigilar cualquier vulneración al Estado de Derecho y a la independencia fiscal en el Perú.
Inscríbete aquí Más información
PRONUNCIAMIENTO FRENTE A LA SUSPENSION DEL FISCAL JOSE DOMINGO PEREZ Y FRENTE AL RIESGO DE INTERVENCION AL MINISTERIO PUBLICO DEL PERU.
La Federación Latinoamericana de Fiscales (FLF), que afilia a asociaciones de Fiscales de: Argentina, Brasil, Chile. Colombia, Costa Rica, Honduras, Guatemala, República Dominicana, Paraguay, Uruguay y Perú, frente a la reciente suspensión (06 meses) del Fiscal Provincial Titular José Domingo Pérez, así como frente al riesgo de intervención del Ministerio Público del Perú, reflejado en varios proyectos de ley y pronunciamientos públicos de los Poderes Ejecutivo y Legislativo, bajo el argumento de ser el responsable del fracaso de la lucha contra la criminalidad, emite el siguiente pronunciamiento:
PRIMERO: La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) considera que los fiscales deben tener independencia jerárquica, institucional y real para investigar delitos, y en esa línea considera que la independencia de los poderes públicos es fundamental para la democracia. En tal virtud, la CIDH ha recomendado que los Estados garanticen la independencia judicial y la seguridad de los operadores de justicia, ha instado a los Estados a tomar medidas de protección para el personal judicial y fiscal y ha instado a los Estados a investigar y sancionar a los responsables de la violencia contra los operadores de justicia.
En concreto, en relación al Ministerio Público, ha considerado que la independencia de los fiscales es clave para mantener la independencia en la administración de justicia.
SEGUNDO: Conforme a los antecedentes, el Fiscal Provincial Titular José Domingo Pérez, en su calidad de integrante del equipo «Lava Jato», venía investigando casos muy complejos, entre estos el «Caso los Cócteles», en las que están involucrados políticos y altos funcionarios, y, como consecuencia del estricto cumplimiento de sus funciones. se ha advertido una campaña de hostigamiento y desprestigio sostenido y permanente, incluso de los mismos representantes de los poderes del Estado, a los que se sumaron algunos medios de comunicación y sorprendentemente la Autoridad Nacional de Control, órgano que le ha aperturado varias investigaciones de oficio.
TERCERO: Esta campaña lamentablemente puso en riesgo su vida e independencia, por lo que el 23 de junio de 2021, la CIDH otorgó medidas cautelares, mediante Resolución No. 55/2021, a favor de José Domingo Pérez Gómez y su núcleo familiar, ampliándose luego al Fiscal Superior Rafael Vela, debido a que se encontraban en una situación de riesgo como consecuencia de su función fiscal. Por consiguiente, con base en el artículo 25 de su Reglamento, la CIDH exigió al Estado de Perú que: a) adopte las medidas necesarias para garantizar los derechos a la vida e integridad personal de las personas identificadas como beneficiarias; b) adopte las medidas necesarias para garantizar que el señor Pérez pueda seguir desempeñando sus labores como fiscal sin ser objeto de amenazas. hostigamientos o actos de violencia en el ejercicio de las mismas; entre otras.
CUARTO: Pese a esta medida de protección el hostigamiento no paró, sino que por el contrario se incrementó, a tal punto que, por el sólo hecho de aperturar e investigar a uno de los abogados de los procesados (Oré Guardia), la Autoridad Nacional de Control, en forma desproporcionada ha dispuesto apartarlo provisionalmente de sus funciones por 06 meses, motivo por el cual, en aras de la autonomía e independencia de los fiscales RECHAZAMOS esta medida y EXIGIMOS que la instancia superior la analicen con transparencia y objetividad, tanto más que, la medida se adoptó, en el contexto en el que Fernadez Jerí, Jefe de la Autoridad Nacional de Control tiene una denuncia penal por unos audios de conversaciones con los abogados de los procesados tendientes con este fin de separarlo del caso.
QUINTO: De igual forma, conocedores de que existen varios proyectos de ley que pretenden declarar en emergencia y reorganización al Ministerio Público, reforzados con pronunciamientos y entrevistas públicas de representantes de los Poderes Ejecutivo y Legislativo en esa linea, RECHAZAMOS cualquier tipo de injerencia de algún poder el Estado u otros organismos, cualquiera sea su naturaleza, orientado a desestabilizar la labor fiscal en el Perú.
SEXTO: LA FEDERACION LATINOAMERICANA DE FISCALES, RATIFICA su compromiso en mantenerse atentos y alerta ante cualquier intento de vulneración al orden constitucional y al Estado de Derecho que afecte la institucionalidad del Ministerio Público y de sus integrantes.
FEDERACION LATINOAMERICANA DE FISCALES – FLF.
