Para todos aquellos que postulen a la convocatoria para aspirantes a jueces y fiscales les dejamos estas preguntas sobre derecho constitucional. En este caso, les compartimos treinta y ocho preguntas que fueron parte de los exámenes de la Junta Nacional de Justicia. ¿Te animas a resolver las preguntas?
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Preguntas sobre derecho constitucional
1. En relación a la restricción del control judicial de constitucionalidad de las leyes que han sido declaradas válidas por el TC, señale la respuesta correcta:
a. La ley cuya validez fue confirmada por el TC y que, posteriormente, es declarada nula o sin efectos jurídicos, mantiene vigente su restricción de efectuarse el control de constitucionalidad sobre la misma, en tanto la posterior declaración no tiene efectos retroactivos.
b. La declaratoria constitucional de validez de una ley efectuada por el Tribunal Constitucional no restringe el ejercicio del control de constitucionalidad de la misma.
c. La restricción del control de constitucionalidad de una ley cuya validez ha sido declarada por el TC se supera si este último advierte que en un caso dado y bajo circunstancias concretas, su aplicación podría resultar inconstitucional.
d. El supuesto de inconstitucionalidad sobrevenida de una ley —previamente declarada válida por el TC— producto de la modificación de la Constitución Política, limita el ejercicio del control judicial de constitucionalidad.
2. El artículo 118 de la Constitución Política del Perú, establece taxativamente las atribuciones del Presidente de la República. Señale cuál de las siguientes alternativas no contiene una de dichas atribuciones
a. Dirigir la política general del Gobierno.
b. Administrar la hacienda pública.
c. Regular las tarifas arancelarias.
d. Aprobar el Presupuesto y la Cuenta General.
3. Son reconocidos como organismos constitucionalmente autónomos:
a. Superintendencia Nacional de Administración Tributaria, Jurado Nacional de Elecciones, Banco Central de Reserva, Junta Nacional de Justicia.
b. Superintendencia Nacional de los Registros Públicos, Oficina Nacional de Procesos Electorales, Ministerio Público, Banco Central de Reserva.
c. Superintendencia de Banca y Seguros, Contraloría General de la República, Defensoría del Pueblo, Registro Nacional de Identificación y Estado Civil.
d. Superintendencia Nacional de Bienes, Tribunal Constitucional, Ministerio Público.
4. El Tribunal Constitucional, en una importante sentencia (STC 1417-2005-AA/TC), ha señalado que las distintas eficacias de las disposiciones constitucionales, da a lugar a que estas puedan ser divididas entre:
a. Normas jurídicas sustantivas y nomas jurídicas procesales.
b. Normas regla y normas principio.
c. Normas constitucionales y normas legales.
d. Normas jurídicas y normas constitucionales.
5. Señale la alternativa correcta respecto al proceso de cumplimiento según el TC:
a. Mediante el proceso de cumplimiento solo se puede controlar la inactividad material de la administración.
b. El objeto esencial del proceso de cumplimiento es proteger el derecho constitucional de legalidad de las normas y actos administrativos emitidos.
c. Para declararse procedente la demanda de cumplimiento, además de acreditarse la renuencia del funcionario o autoridad pública, el mandato (contenido en la norma legal, la ejecución del acto administrativo o la orden de emisión de una resolución) debe ser vigente, cierto y claro.
d. A partir de la vigencia del Código Procesal Constitucional, se prevé, respecto al requerimiento necesario para la procedencia del proceso de cumplimiento, que la carta notarial constituye el único documento por el cual el demandante debe reclamar el cumplimiento de un deber legal o administrativo.
6. En el Expediente 02132-2008-PA/TC-ICA (Caso: Rosa Felicita Elizabeth Martínez García), el Tribunal Constitucional ha señalado respecto al control judicial difuso de constitucionalidad de las normas legales, lo siguiente:
«17. Este Tribunal tiene dicho que el control judicial difuso de constitucionalidad de las normas legales es una competencia reconocida a todos los órganos jurisdiccionales para declarar inaplicable una ley, con efectos particulares, en todos aquellos casos en los que aquella resulta manifiestamente incompatible con la Constitución (artículo 138° de la Norma Fundamental). El control difuso es, entonces, un poder-deber del juez consustancial a la Constitución del Estado Democrático y Social de Derecho. Conviene siempre recalcar que la Constitución es una auténtica norma jurídica, la Ley Fundamental de la Sociedad y del Estado, y un derecho directamente aplicable.»
En este marco, señale la alternativa correcta respecto a los criterios que deben seguirse para proceder al control judicial difuso de constitucionalidad de las normas legales:
a. El juez sólo podrá declarar la invalidez de una ley cuando esta se encuentre directamente relacionada con la solución del caso, término este último que debe entenderse como circunscrito únicamente a la pretensión principal.
b. Debe acreditarse que la aplicación de la ley objeto de control judicial difuso ha causado o puede causar un agravio directo, no solo al caso concreto, sino también a los procesos judiciales similares en los que se aplique la misma norma.
c. El juez debe verificar si en el acto o norma infralegal cuestionados en el proceso judicial se ha aplicado la norma legal que se acusa de inconstitucional.
d. El ejercicio del control judicial de constitucionalidad de las leyes no puede realizarse respecto de leyes o normas con rango de ley cuya validez haya sido confirmada por el Tribunal Constitucional en el seno de un control concreto de constitucionalidad.
7. De acuerdo a los lineamientos establecidos por el TC, se colige que en el proceso de cumplimiento:
a. El acatamiento de una norma legal o un acto administrativo tiene su más importante manifestación en el nivel de su eficacia.
b. La determinación del mandato contenido en la norma legal, cuyo cumplimiento se pretende, se obtiene a partir de la interpretación teleológica de la misma.
c. El acatamiento de la norma legal o acto administrativo es una facultad discrecional del funcionario o autoridad pública.
d. El carácter sumario y complejo que reviste este tipo de proceso, implica que el juzgador efectúe un análisis profundo de las normas o actos administrativos cuyo cumplimiento se solicita.
8. Conforme a la Constitución Política del Estado, marque la respuesta incorrecta:
a. La República del Perú es democrática, social, independiente y soberana.
b. El Estado es uno e indivisible.
c. El gobierno del Perú es unitario, representativo y desconcentrado y se organiza según el principio de la separación de poderes.
d. El poder del Estado emana del pueblo.
9. En el Expediente 00709-2007-PC/TC-LIMA (Caso: Consuelo E. Espinoza Barba de Yong), en el cual se aborda un proceso de cumplimiento, se señala lo siguiente:
«1. Conforme al artículo 200°, inciso 6) de la Constitución Política, el proceso de cumplimiento tiene por finalidad que se ordene a cualquier autoridad o funcionario renuente al acatamiento de una norma legal o de un acto administrativo. Dicha finalidad del proceso de cumplimiento también ha sido reconocida por el artículo 1.° del Código Procesal Constitucional. El artículo referido señala que el proceso de cumplimiento -como todo proceso constitucional- tiene por finalidad proteger los derechos constitucionales, disponiendo el cumplimiento de un mandato legal o de un acto administrativo.»
10. Señale la alternativa correcta respecto al proceso de cumplimiento según el TC:
a. Mediante el proceso de cumplimiento solo se puede controlar la inactividad material de la administración.
b. El objeto esencial del proceso de cumplimiento es proteger el derecho constitucional de legalidad de las normas y actos administrativos emitidos.
c. Para declararse procedente la demanda de cumplimiento, además de acreditarse la renuencia del funcionario o autoridad pública, el mandato (contenido en la norma legal, la ejecución del acto administrativo o la orden de emisión de una resolución) debe ser vigente, cierto y claro.
d. A partir de la vigencia del Código Procesal Constitucional, se prevé, respecto al requerimiento necesario para la procedencia del proceso de cumplimiento, que la carta notarial constituye el único documento por el cual el demandante debe reclamar el cumplimiento de un deber legal o administrativo.
11. En relación a lo establecido por la Constitución Política del Perú, respecto a la función pública, marque la respuesta incorrecta:
a. Todos los funcionarios y trabajadores públicos están al servicio de la Nación.
b. Están impedidas de ejercer la función pública, mediante designación en cargos de confianza, las personas sobre quienes recaiga una sentencia firme y definitiva, en calidad de autoras o cómplices, por la comisión de delito doloso.
c. La ley regula el ingreso a la carrera administrativa, y los derechos, deberes y responsabilidades de los servidores públicos.
d. No están comprendidos la carrera administrativa los funcionarios que desempeñan cargos políticos o de confianza.
12. De acuerdo a lo establecido en el marco constitucional peruano, el Presidente de la República está facultado para disolver el Congreso si éste ha censurado o negado su confianza a dos Consejos de Ministros. El decreto de disolución contiene la convocatoria a elecciones para un nuevo Congreso, las que se realizan dentro de los cuatro meses de la fecha de disolución. En ese interregno, el Poder Ejecutivo legisla mediante:
a. Decretos Leyes.
b. Decretos de Urgencia.
c. Decretos Legislativos.
d. Durante dicha etapa el Poder Ejecutivo no puede legislar.
13. Conforme al artículo 147 de la Constitución Política del Estado, para ser magistrado de la Corte Suprema se requiere:
a. Guardar en todo momento conducta intachable
b. Ser mayor de cuarenta y cinco años.
c. Haber sido magistrado de la Corte Superior o Fiscal Superior durante quince años, o haber ejercido la abogacía o la cátedra universitaria en materia jurídica durante 20 años.
d. Formación jurídica sólida y razonar jurídicamente a partir de casos concretos.
14. En cuanto a la reforma de la Constitución Política de 1993, es uno de sus requisitos formales explícitos:
a. La reforma solo puede ser realizada por una Comisión Permanente ad hoc y por mayoría de sus integrantes.
b. Contar con un quórum superior a los dos tercios de los votos del número legal de congresistas en dos legislaturas ordinarias sucesivas.
c. La convocatoria a referéndum es un requisito obligatorio para poder realizar cualquier reforma constitucional.
d. Contar con la aprobación del Presidente de la República ante el Pleno del Congreso.
15. De acuerdo al Tribunal Constitucional los límites que se imponen al legislador penal o administrativo, a efectos de que las prohibiciones que definen sanciones, sean éstas penales o administrativas, estén redactadas con un nivel de precisión suficiente que permita a cualquier ciudadano de formación básica, comprender sin dificultad lo que se está proscribiendo bajo amenaza de sanción en una determinada disposición legal.
a. Principio de razonabilidad.
b. Principio de tipicidad.
c. Principio de causalidad.
d. Principio de licitud.
16. El Pleno del Jurado Nacional de Elecciones aprecia los hechos con criterio de conciencia. Resuelve con arreglo a ley y a los principios generales de derecho. En materias electorales, de referéndum o de otro tipo de consultas populares, sus resoluciones son dictadas en instancia final, definitiva, y no son revisables. Contra ellas no procede recurso alguno (art. 181° Constitución Política de 1993). Conforme a la interpretación del TC es correcto afirmar:
a. Una interpretación literal del referido artículo no es constitucional.
b. Las resoluciones del JNE así afecten derechos no pueden ser sometidas a un filtro de constitucionalidad.
c. Las demandas de amparo interpuestas contra el JNE deberán ser declaradas improcedentes in limine.
d. Las resoluciones del JNE no son revisables en sede constitucional y no cabe ninguna interpretación o argumento en contrario.
17. De acuerdo al artículo 39-A de la Constitución Política del Estado, están impedidos de ejercer la función pública:
a. Todas las personas que tengan investigación preparatoria abierta por delito contra la Administración Publica.
b. Todas las personas con sentencia condenatoria en primera instancia.
c. Solo aquellas personas con sentencia condenatoria en primera instancia, no pueden ejercer cargos de confianza.
d. Las personas contra las cuales se ha dictado mandato de prisión preventiva.
18. «Al respecto, este Tribunal Constitucional considera necesario expresar que la opción de rechazar la demanda en virtud de la ausencia de firmeza de las resoluciones cuestionadas a la fecha de interposición de la demanda, es una respuesta constitucional, legal y válida en términos procesales, siempre que al momento de adoptar dicha decisión, la respuesta al recurso impugnatorio aún se encuentre pendiente; sin embargo, dicha opción frente al cambio de condición de la resolución impugnada de pendiente a definitiva —durante el trámite de un proceso constitucional—, deja de responder a un criterio constitucional y pasa a ser solo una respuesta legal que no observa los fines esenciales de los procesos constitucionales y privilegia las formas procesales por encima de la tutela procesal que merece el derecho a la libertad individual y sus derechos conexos invocados, lo cual a todas luces evidenciaría una respuesta contraria al ………….. cuya máxima expresión se desarrolla a través del hábeas corpus.» F. j. 23 STC Exp. O4780-2017-HC/TC y 00502-2018-HC/TC (Acumulado).
¿Cuál de las opciones corresponde al espacio punteado?
a. Principio de igualdad procesal
b. Principio de autonomía procesal
c. Principio de informalidad procesal
d. Principio de formalidad procesal
19. Conforme a la Constitución Política del Estado, son atribuciones de la Junta Nacional de Justicia: (marque la respuesta incorrecta)
a. Nombrar, previo concurso público de méritos y evaluación personal, a los jueces y fiscales de todos los niveles. Dichos nombramientos requieren el voto público y motivado conforme de los dos tercios del número legal de sus miembros
b. Ratificar, con voto público y motivado, a los jueces y fiscales de todos los niveles cada siete años; y ejecutar conjuntamente con la Academia de la Magistratura la evaluación parcial de desempeño de los jueces y fiscales de todos los niveles cada tres años seis meses. Los no ratificados o destituidos no pueden reingresar al Poder Judicial ni al Ministerio Público
c. Aplicar la sanción de destitución, amonestación o suspensión de hasta ciento veinte (120) días calendario, a los jueces de la Corte Suprema y fiscales supremos; a solicitud de la Corte Suprema o de la Junta de Fiscales Supremos, respectivamente, así como a los jueces y fiscales de todas las instancias, aplicando criterios de razonabilidad y proporcionalidad
d. Registrar, custodiar, mantener actualizado y publicar el Registro de Sanciones Disciplinarias de Jueces y Fiscales
20. En todo proceso, de existir incompatibilidad entre una norma constitucional y una norma legal, los jueces deben aplicar:
a. La norma constitucional.
b. La norma legal.
c. La que sea más favorable al reo.
d. La más pertinente al caso concreto.
21. En un Estado Constitucional de Derecho, el “principio de igualdad” se reafirma:
a. En el principio de generalidad y el principio de supremacía constitucional.
b. En el principio de generalidad y abstracción de las normas jurídicas.
c. En el principio de dignidad humana.
d. En el principio de humanidad y supremacía constitucional.
22. La teoría jurídica europea ha desarrollado un método que se denomina el “test de ponderación” o, también llamado por nuestra jurisdicción constitucional, el “test de proporcionalidad”. Ahora bien, en términos generales, este procedimiento metodológico busca:
a. Fortalecer la decisión judicial final.
b. Una aplicación más armónica de los principios.
c. Descartar la aplicación de un principio.
d. Desplazar la aplicación de las normas jurídicas.
23. Sobre el formalismo jurídico
a. Tiene una de sus expresiones más importantes en el positivismo jurídico decimonónico.
b. Defiende la labor judicial como una actividad lógico-racional en la que no tienen cabida las valoraciones personales del juez.
c. Ha sido criticado por diferentes movimientos que podrían agruparse en lo que se denomina “la revuelta contra el formalismo”.
d. Todas las respuestas anteriores son correctas.
24. De acuerdo a nuestra jurisprudencia constitucional (Exp. N.º 010-2002-AI/TC), ella ha sostenido que el “principio de proporcionalidad” se deriva de la cláusula del Estado de Derecho y, en consecuencia, comporta una garantía:
a. De una justicia legal
b. Del derecho a un debido proceso
c. De la seguridad jurídica y de las exigencias de justicia material
d. Del derecho a la tutela judicial efectiva.
25. El Tribunal Constitucional, en una importante sentencia (sentencia 1417-2005-AA/TC), ha señalado que la distinta eficacia de las disposiciones constitucionales, da lugar a que éstas puedan ser divididas entre “Normas-regla” y “normas-principios”. Sobre este último tipo de normas, los ha definido como: (Marque la respuesta correcta).
a. Son mandatos concretos de carácter autoaplicativo.
b. Son mandatos judicializables.
c. Son mandatos de optimización, normas abiertas de eficacia diferida, que requieren de la intermediación de la fuente legal, para alcanzar plena concreción y ser susceptibles de judicialización.
d. Son mandatos flexibles, que requieren de fuente jurisprudencial.
26. Raquel Gómez trabajaba más de diez años en una empresa de productos de perfumería. Como su rendimiento fue satisfactorio, se le encargó la dirección de una división que debía redoblar esfuerzos para aprovechar una temporada en la que la venta de los productos estaba creciendo. Sin embargo, Raquel le comunicó al Gerente de la empresa no solo que no podía asumir la dirección aludida, sino que debía pedir licencia porque estaba embarazada. Un día después, Raquel Gómez recibió una carta mediante la cual la empresa la despedía de su trabajo y le comunicaba, además, que había depositado en su cuenta bancaria el monto correspondiente a la indemnización que por ley le correspondía. Ante esta circunstancia, Raquel Gómez interpone una demanda de amparo solicitando, como petitorio, que se ordene su reposición en su centro de trabajo:
El derecho constitucional objeto de la demanda interpuesta por Raquel Gómez es:
a. El derecho a la maternidad.
b. El derecho a la igualdad.
c. El derecho a la remuneración.
d. El derecho a la libre contratación.
27. Respecto al mismo caso, si Usted es el Juez Constitucional:
a. Admite a trámite la demanda.
b. Rechaza liminarmente la demanda.
c. Declarar improcedente la demanda.
d. Declara infundada la demanda.
28. En el diario oficial “El Peruano” se ha publicado un Decreto Supremo expedido por el presidente de la República, concerniente al sector Economía y Finanzas. Esta norma establece las reglas correspondientes a la elaboración del proyecto de Ley General de Presupuesto. Sin embargo, el presidente de un partido político de oposición al gobierno está en contra del contenido de este Decreto Supremo, porque le parece que las reglas aprobadas afectarán la eficiencia del proceso de elaboración del referido proyecto de ley, actividad que se realiza anualmente. También advierte que el Decreto Supremo está firmado por el presidente de la República pero no se encuentra refrendado por ningún Ministro. Habiendo advertido este hecho, interpone una demanda de Acción Popular y, como petitorio, solicita se declare la Nulidad del Decreto Supremo.
Si Usted es un Juez Superior integrante de la Sala a cargo del proceso iniciado con la demanda de Acción Popular, propondría a la Sala:
a. Que la declare fundada.
b. Que la declare improcedente.
c. Que la declare infundada, porque la afirmación de que las reglas contenidas en un Decreto Supremo son deficientes, es un reproche de tipo político, pero no una razón para anular un Decreto Supremo mediante un proceso de Acción Popular.
d. Que la declare inadmisible.
29. Si Usted es un Juez Superior integrante de la Sala a cargo del proceso iniciado con la demanda de Acción Popular, y se expide sentencia declarando fundada la demanda, pero esta no es apelada; Usted propondría a la Sala:
a. Que declare que la sentencia ha adquirido autoridad de cosa juzgada.
b. Que disponga que la sentencia se publique en el diario oficial “El Peruano”
c. Que disponga que el expediente se eleve en consulta a la Sala Constitucional y Social de la Corte Suprema.
d. Que imponga al Estado el deber de pagar los costos del proceso.
30. Antonio Ramírez interpone una demanda de amparo contra la Oficina de Normalización Previsional solicitando, como petitorio, que se declare la nulidad de la resolución que le deniega la pensión de jubilación. Admitida a trámite la demanda, el Juez Especializado Constitucional competente de la Corte Superior de Lima fija fecha para la realización de la Audiencia Única y notifica la demanda a la ONP. Luego de que la ONP contestó la demanda, y después de que se realizó la Audiencia Única, el Juez expide sentencia declarando infundada la demanda. Antonio Ramírez interpone recurso de apelación contra esta sentencia. Antes de que se realice la Vista de la Causa en la Sala Constitucional competente de la Corte Superior de Lima, Antonio Ramírez ofrece un medio probatorio que no requiere actuación.
Si Usted es un Juez Superior integrante de la Sala a cargo del trámite del recurso de apelación, propondría a la Sala:
a. Que admita el medio probatorio ofrecido.
b. Que admita el medio probatorio únicamente si tiene como finalidad acreditar hechos trascendentes para el proceso.
c. Que declare improcedente el medio probatorio ofrecido, porque en el amparo los medios probatorios se deben ofrecer con la interposición de la demanda y con el escrito de contestación.
d. Que declare improcedente el medio probatorio, porque solo se pueden ofrecer medios probatorios en primera instancia.
31. Raúl Martínez interpone demanda de amparo contra la empresa en la que trabaja. Solicita, como petitorio, que se deje sin efecto el acto mediante el cual se le despidió. Sostiene que no incurrió en ninguna falta y que la razón de su despido es que pertenece a un partido de una ideología contraria a la del partido al que pertenecen los miembros del Directorio de la empresa. La empresa contesta la demanda y afirma que la causa del despido no tiene ninguna vinculación con la identidad política del demandante. El Juzgado declara fundada la demanda, pero no expresa ninguna motivación de la decisión adoptada. La empresa interpone apelación y, resolviendo esta, la Sala Constitucional de la Corte Superior confirma la sentencia apelada.
Contra la sentencia de segundo grado Raúl Martínez interpone recurso de agravio constitucional.
El recurso de agravio constitucional interpuesto por la empresa debe ser:
a. Declarado improcedente.
b. Concedido por la Sala Constitucional de la Corte Superior.
c. Declarado fundado por el Tribunal Constitucional, porque la sentencia de segundo grado, al confirmar una sentencia inmotivada, afecta el debido proceso de la empresa.
d. Declarado infundado por el Tribunal Constitucional, porque las sentencias de primer y segundo grado no incurrieron en ningún error de derecho al declarar fundada la
demanda.
32. Jacinto Rodríguez interpone una demanda de amparo solicitando se le restituya la propiedad de un inmueble ubicado en la ciudad de Lima. Afirma, como fundamento de su petitorio, que hace una semana el Estado inscribió en los Registros Públicos la propiedad de dicho inmueble. Jacinto Rodríguez explica en su demanda que él es propietario del inmueble desde hace cincuenta años, cuando lo adquirió de su anterior propietario, y que nunca le transfirió su propiedad al Estado. Precisa, sin embargo, que su derecho de propiedad sobre el inmueble no está inscrito en los Registros Públicos. En su escrito de demanda, ofrece un conjunto de medios probatorios entre los cuales se encuentra: (i) la declaración de 5 testigos; y (ii) una inspección judicial.
Si Usted es el Juez Constitucional:
a. Admite a trámite la demanda, pero declara improcedentes la declaración de testigos y la inspección judicial ofrecidos, como medios probatorios, por Jacinto Rodríguez.
b. Rechaza liminarmente la demanda.
c. Admite a trámite la demanda, y admite la declaración de testigos y la inspección judicial ofrecidos, como medios probatorios, por Jacinto Rodríguez.
d. Declara improcedente la demanda.
33. De acuerdo a la jurisprudencia constitucional [STC Exp N.º 03893-2014-PA/TC], nuestro Tribunal Constitucional precisó que, el “control constitucional de los actos del Ministerio Público” se sustenta:
a. El Derecho a la verdad
b. En el respeto a la dignidad humana
c. El Derecho a la tutela judicial efectiva
d. El Derecho de acceso a la justicia
34. Sobre la validez de los decretos – leyes en el sistema jurídico peruano, marque la opción correcta:
a. No son normas válidas en el sistema jurídico peruano.
b. Son normas con rango legal y se controlan mediante acción de inconstitucionalidad.
c. Para evaluar su validez tras el restablecimiento del Estado Constitucional, el Tribunal Constitucional ha asumido la teoría de la caducidad.
d. Son normas con rango reglamentario y se controlan mediante acción popular.
35. En el sistema de justicia penal, sobre la “no revictimización”:
a. Es un principio absoluto en el sistema de justicia.
b. No tiene un reconocimiento en la doctrina dominante.
c. No puede estar por encima del derecho constitucional a la presunción de inocencia contemplado en el literal «e» del inciso 24 del artículo 2 de la Constitución Política.
d. Es una obligación del juez su aplicación.
36. Ricardo Pérez es un historiador que se encuentra estudiando los hechos políticos del pasado reciente en el Perú. Uno de estos hechos involucra a funcionarios que actualmente se encuentran en el ejercicio del poder político. Por eso, con la finalidad de que Ricardo Pérez concluya sus investigaciones, fue detenido y conducido al aeropuerto y subido a un avión con destino a Argentina. En el Perú se supo de este destierro una semana después, e inmediatamente se reunión un grupo de colegas de Ricardo Pérez para conversar acerca de los medios que existían para lograr su regreso. Uno de ellos era Abogado y, con la aprobación de los otros colegas de Ricardo Pérez, interpuso un habeas corpus en cuyo petitorio se solicita se ordene al Poder Ejecutivo que autorice el regreso al país de Ricardo Pérez.
La demanda de habeas corpus interpuesta:
a. Es infundada.
b. Es improcedente, porque en la demanda no se afirma que Ricardo Pérez se encuentre privado de su libertad individual.
c. Es fundada.
d. Debe ser rechazada liminarmente.
37. Sobre el caso anterior, el derecho a la libertad individual comprende:
a. El derecho a libre desenvolvimiento de la personalidad.
b. El derecho a la libre creación artística, intelectual y científica.
c. El derecho a no ser privado del documento nacional de identidad.
d. El derecho a la libertad de conciencia.
38. Antonio Rivas cometió un delito y fue condenado a purgar una condena de diez años de prisión. En el establecimiento penal recibió un trato adecuado, y utilizó el tiempo para realizar estudios y trabajos eventuales. Cuando se cumplió su condena, estaba dispuesto a reinsertarse en la sociedad y consideraba que se encontraba rehabilitado. Su abogado solicitó al Juez competente que ordenara su excarcelación. El Juez expidió el oficio a la autoridad penitenciaria. Sin embargo, después de la recepción de dicho oficio ya habían transcurrido cinco meses, sin que Antonio Rivas fuera puesto en libertad. Ante ello, Fernando Gálvez, amigo suyo, interpuso una demanda de habeas corpus y, como petitorio, solicitó que se ordene a la autoridad penitenciaria que ponga inmediatamente en libertad a Antonio Rivas.
La demanda interpuesta por Fernando Gálvez es:
a. Improcedente, porque el único juez competente para disponer la libertad de Antonio Rivas es el juez que expidió la sentencia que le impuso la condena.
b. Improcedente, porque Ricardo López no ha acreditado ser el representante procesal de Joaquín López.
c. Infundada.
d. Fundada.
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