JNJ: Resuelve el examen que solo tres postulantes aprobaron. ¿Puedes?

La Comisión Especial ha dado a conocer el nombre de los aspirantes a integrar la Junta Nacional de Justicia, lo escandaloso de esto es que solo tres personas han superado esta fase del concurso.

Cabe agregar que el examen abordó temas básicos de derecho civil, penal, constitucional, administrativo, disciplinario y gestión pública.

A continuación compartimos las preguntas y respuestas del examen.

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EVALUACIÓN DE CONOCIMIENTOS

1. Sobre los Decretos de Urgencia en el ordenamiento constitucional peruano, señale la afirmación incorrecta:

A. Se pueden referir a materias tributarias.
B. Se pueden referir a materias económicas.
C. Se pueden referir a materias financieras.
D. Son medidas extraordinarias.
E. Deben ser aprobados por el Consejo de Ministros.

2. El proceso de hábeas data protege el siguiente derecho:

A. Derecho a no ser incomunicado
B. Derecho del secreto de las comunicaciones
C. Derecho de acceso a los medios de comunicación social
D. Derecho a la inviolabilidad y secreto de los documentos privados
E. Derecho de acceder a información que obre en poder de una entidad pública

3. El jurista cuya doctrina constitucionalista ideó la creación del primer Tribunal Constitucional del mundo fue:

A. Carl Schmitt.
B. Rudolf Smend.
C. Hans Kelsen.
D. Herman Heller.
E. Konrad Hesse.

4. La supremacía de la Convención Americana de Derechos Humanos y el efecto vinculante de las resoluciones de la Corte Interamericana de Derechos Humanos fundamentan el control de:

A. Legalidad.
B. Normatividad.
C. Constitucionalidad.
D. Convencionalidad.
E. Sistémico

5. La Junta de Fiscales Supremos está constituida por:

A. Los Fiscales Supremos.
B. El Fiscal de la Nación y los Fiscales Supremos.
C. El Fiscal de la Nación y los Fiscales Supremos Titulares.
D. Los Fiscales Supremos Titulares y Fiscales Supremos Adjuntos.
E. Los Fiscales Supremos Cesantes y/o Jubilados y el Fiscal de la Nación.

6. Es una competencia de la Corte Suprema de Justicia de la República:

A. Conocer todo tipo de contiendas de competencia producidas entre jueces de inferior
jerarquía
B. Conocer las consultas efectuadas por los órganos jurisdiccionales cuando estos
aplican el control de constitucionalidad difuso
C. Conocer las apelaciones interpuestas contra las sentencias expedidas en procesos
competenciales y en procesos de acción popular
D. Conocer las demandas de Nulidad de Cosa Juzgada Fraudulenta cuando se imputa
fraude judicial a magistrados integrantes de una Sala Superior
E. Ejercer el control de constitucionalidad concentrado

7. No es una función del Fiscal de la Nación:

A. Ejercer ante el Tribunal Constitucional la acción de inconstitucionalidad
B. Ejercer el derecho de iniciativa legislativa
C. Formular cargos ante el Poder Judicial cuando se presume enriquecimiento ilícito de
funcionarios públicos
D. Ejercer acciones penales contra altos funcionarios públicos, previa resolución acusatoria
del Congreso.
E. Determinar la procedencia de la extradición pasiva

8. Las normas que integran el Título Preliminar del Código Procesal Penal de 2004:

A. Tienen el mismo valor que las normas sobre cooperación judicial internacional.
B. Prevalecen sobre cualquier otra disposición del Código Procesal Penal de 2004.
C. Prevalecen sobre cualquier otra disposición del Código Penal de 1991.
D. Se aplican solamente para procesos comunes.
E. Se aplican solamente para procesos especiales.

9. Conforme al TUO de la Ley de Procedimiento Administrativo General, indique qué entidad no forma parte de la Administración Pública:

A. Congreso de la República
B. Ministerio de Justicia y Derechos Humanos
C. Empresas prestadoras de servicios públicos
D. Cooperativas de ahorro y crédito
E. Tribunal Constitucional

10. Sobre los requisitos de validez del acto administrativo, marque la alternativa incorrecta:

A. La competencia administrativa es un elemento de validez que tiene relación con el principio de legalidad en la medida que establece qué entidad es la competente para dictar un acto administrativo.
B. El objeto del acto administrativo debe ser concreto, claro y adherido a la institucionalidad normativa.
C. Los actos de mero trámite sí precisan motivación.
D. El procedimiento regular es el cauce necesario donde la administración y el administrado pueden ejercer sus facultades y derechos en cumplimiento del requisito esencial de validez.
E. La motivación debe ser expresa que refleje una vinculación entre los hechos y la
exposición de las razones jurídicas.

11. Sobre el principio non bis in idem, marque la alternativa correcta:

A. Son aplicables las disposiciones sancionadoras al momento de incurrir el administrado
en la conducta a sancionar.
B. Permite la imposición sucesiva o simultánea de una pena y una sanción administrativa
cuando se aprecie la misma identidad el sujeto, el hecho y el fundamento.
C. Acumula las infracciones en aquella que tenga mayor gravedad de sanción.
D. Permite la imposición de dos sanciones administrativas cuando estas cautelen
bienes jurídicos distintos.
E. Tiene que haber coincidencia solamente en la identidad de sujeto y de fundamento para
que se configure el principio non bis in idem.

12. En materia sancionadora, las disposiciones de la Ley del Procedimiento Administrativo General son supletorias a las leyes especiales. Esto significa que:

A. las leyes especiales, en todos los casos, pueden regular en contrario de las disposiciones
de la Ley del Procedimiento Administrativo General, sin excepciones.
B. la ley especial rige cuando las leyes especiales regulan el mismo supuesto regulado por
la Ley del Procedimiento Administrativo General.
C. cuando la Ley del Procedimiento Administrativo General establece una condición
favorable para el administrado, esta no puede ser desconocida por la ley especial.
D. la Ley especial puede restringir derechos de los administrados reconocidos por la Ley
del Procedimiento Administrativo General, alegando su condición de especialidad.
E. las leyes especiales y la Ley del Procedimiento Administrativo General no tienen relación
concurrente interpretativa.

13. Respecto a los deberes de los cónyuges, marque la alternativa correcta:

A. Cada cónyuge puede ejercer cualquier oficio permitido por ley, así como efectuar
cualquier trabajo fuera del hogar con el asentimiento expreso o tácito del otro.
B. Si uno de los cónyuges se dedica exclusivamente al hogar, la obligación de sostener a
la familia recae en el otro, sin tener este último la obligación de colaborar con las
necesidades propias del hogar.
C. Compete al cónyuge que sostiene económicamente el hogar fijar el domicilio conyugal y
decidir las cuestiones referentes a la economía del hogar.
D. Los cónyuges tienen deber de cohabitación, el cual deberá mantenerse en toda
circunstancia, mientras el vínculo matrimonial no se haya disuelto.
E. Si se ignora el paradero de uno de los cónyuges, el otro no podrá ejercer la
representación de la sociedad conyugal.

14. Respecto a quien ejecutó o participó en las actividades criminales generadoras del dinero, bienes, efectos o ganancias en el delito de lavado de activos, marque la alternativa que contenga la afirmación verdadera:

A. Puede ser investigado por el delito de lavado de activos.
B. No puede ser considero autor del delito de lavado de activos, pero sí partícipe del mismo.
C. No puede ser considero autor ni partícipe del delito de lavado de activos.
D. No puede ser considerado autor del delito de lavado de activos, pero sí puede
comprendérsele como tercero civil responsable.
E. Solo en casos evidentes, y de manera excepcional, puede ser condenado por el delito
de lavado de activos

15. Respecto al delito de tráfico de influencias, marque la alternativa correcta:

A. El vendedor de influencias solo es sancionado en los casos en los que invoque o cuente
con influencias reales, que le permitan afectar potencialmente el bien jurídico protegido.
B. El vendedor de influencias solo es sancionado en los casos en los que invoque o cuente
con influencias simuladas, aunque ello implique no se llegue a lesionar de manera
efectiva el bien jurídico protegido.
C. Es un delito de resultado en el que, necesariamente se exige la lesión del bien jurídico.
D. Es un delito en el que el legislador ha elevado actos preparatorios al nivel de actos
ejecutivos.
E. Es irrelevante que el sujeto activo sea un funcionario público, dado que el legislador no
ha previsto en el tipo penal agravante alguna para estos supuestos.

16. El delito de lavado de activos es un delito

A. que solo lesiona la administración de justicia.
B. que lesiona la economía de mercado.
C. que solo atenta contra el orden financiero.
D. especial.
E. pluriofensivo.

17. La siguiente definición: “conjunto de órganos de control, normas, métodos y procedimientos, estructurados e integrados funcionalmente, destinados a conducir y desarrollar el ejercicio del control gubernamental en forma descentralizada”, corresponde a:

A. Control gubernamental
B. Control interno
C. Control externo
D. Sistema Nacional de Control
E. Sistema de Control Interno

18. El Sistema Nacional de Control realiza:

A. control previo.
B. control previo, simultáneo y verificación posterior.
C. control previo y verificación posterior.
D. control simultáneo y verificación posterior.
E. verificación posterior

19. Son herramientas de valoración y medición de habilidades y aptitudes en el sector público.

A. La pasión por el servicio
B. El trabajo en grupo y el sentido de pertenencia
C. La comunicación, la pasión por el servicio, el trabajo en grupo, el sentido de
pertenencia, la adaptabilidad al cargo, la tolerancia y el liderazgo
D. La adaptabilidad al cargo y al aprendizaje contínuo
E. El liderazgo y la negociación

20. A continuación se muestran una lista de factores a medir por parte de la evaluación de desempeño, seguidos de sus indicadores de medición. Señale la relación entre factor e indicador que sea INCORRECTA:

A. Productividad: número de casos resueltos
B. Eficiencia: costo promedio por casos atendidos
C. Efectividad o eficacia: número promedio de resoluciones expedidas por caso
D. Calidad: porcentaje de sentencias revocadas
E. Tiempo: tiempo promedio en resolución de un expediente

21. La norma constitucional “nadie está obligado a hacer lo que la ley no manda ni impedido de hacer lo que ella no prohíbe” se puede considerar:

A. Un apotegma jurídico
B. Un argumento a fortiori
C. Un argumento ab maioris ad minus
D. Un argumento ab minoris ad maius
E. Un argumento a contrario sensu

22. Sobre los Decretos Legislativos en el ordenamiento constitucional peruano, es incorrecto afirmar:

A. La ley autoritativa debe precisar la materia específica a ser regulada.
B. No pueden emplearse para regular materias reservadas a las leyes orgánicas.
C. No pueden emplearse para regular materias reservadas a la Ley de Presupuesto.
D. El Poder Ejecutivo debe dar cuenta al Congreso o a la Comisión Permanente de cada
decreto legislativo.
E. Se deben promulgar dentro de los seis meses contados desde la fecha de
publicación de la ley autoritativa.

23. En cuanto al control de convencionalidad dentro del marco del Sistema Interamericano de Protección de Derechos Humanos, no existe acuerdo en la doctrina para considerar como parámetro de control a:

A. La Convención Americana de Derechos Humanos
B. Las sentencias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos
C. La Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre
D. Las opiniones consultivas de la Corte Interamericana de Derechos Humanos
E. Los tratados celebrados en el marco del Sistema Interamericano y ratificados por los
Estados

24. Uno de los requisitos que se deben tener para acceder y permanecer en la carrera fiscal es:

A. No encontrarse afrontando un proceso de alimentos en calidad de demandado.
B. No tener afiliación vigente en ningún partido político.
C. Debe contar con nacionalidad peruana no menor a 5 años.
D. No haber sido condenado por la comisión de un delito doloso o culposo.
E. Realizar los cursos de capacitación cada 5 años.

25. Para que se dé por terminado el cargo de juez en el marco de una incapacidad física, esta debe ser:

A. Una incapacidad permanente
B. Una incapacidad transitoria, que impida el ejercicio de la función jurisdiccional por un
periodo mayor a seis (6) meses
C. Una incapacidad generada en el ejercicio de sus actividades jurisdiccionales
D. Una incapacidad permanente y comprobada, siempre que impida el ejercicio de la
función jurisdiccional
E. Una incapacidad permanente, siempre que impida el ejercicio de la función jurisdiccional

26. ¿Cuál es el valor bajo el cual el juez no debería pertenecer o asistir a eventos de índole político?

A. El de imparcialidad judicial mediante el cual el juez evitará realizar prejuicios que
pudiesen afectar la valoración de los hechos y por ende influir en su desempeño
jurisdiccional.
B. El de autonomía e independencia judicial, que establece que el Juez realizará su función
jurisdiccional sin influencia ajena o por responder a los intereses de la sociedad o presión
de terceros.
C. El de diligencia jurisdiccional mediante el cual cumplirá sus funciones jurisdiccionales
con laboriosidad y evitando retrasos o incidentes innecesarios que afecten su
desempeño y cause perjuicio en los justiciables.
D. El de transparencia que garantizará a la sociedad que el desempeño de sus funciones
no responden a intereses ajenos y son realizados conforme al derecho y los demás
valores por los que se rige su conducta.
E. El de prudencia por el cual el juez actuará con mesura y previendo las consecuencias de
sus actuaciones a fin de evitar situaciones previsibles que afecten la imagen del Poder
Judicial.

27. Respecto a la revocación del acto administrativo, marque la alternativa incorrecta:

A. La facultad revocatoria puede ser establecida en una norma con rango legal o
reglamentario.
B. La revocación que origine perjuicio económico al administrado deberá contemplar lo
conveniente para efectuar la indemnización.
C. Los actos administrativos declarativos o constitutivos de derechos o intereses legítimos
no pueden ser revocados por razones de conveniencia.
D. La revocación puede ser declarada solamente por la más alta autoridad de la entidad
competente.
E. La revocación procede cuando se trate de un acto contrario al ordenamiento jurídico que
cause agravio.

28. La conservación del acto administrativo se fundamenta en el principio de ___ cuando se privilegia la finalidad del acto por sobre las formalidades no esenciales del procedimiento.

A. simplicidad
B. celeridad
C. informalismo
D. eficacia
E. buena fe procedimental

[Continúa…]

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