Fundamentos destacados: 99. De lo anterior se colige que no se concedió a la víctima el tiempo ni los medios adecuados para preparar su defensa, lo que repercutió en la imposibilidad del señor Lynn de preparar y ejercer adecuadamente su defensa para controvertir la imputación en su contra. Si bien el Tribunal no está en capacidad de determinar puntualmente el tiempo prudencial que debe concederse para garantizar el derecho de defensa de una persona privada de libertad sometida a procedimiento disciplinario, lo cierto es que la autoridad penitenciaria debe procurar un periodo razonable que, en las circunstancias en las que se encuentre la persona, y conforme a sus posibilidades reales, le asegure la oportunidad de defenderse, de argumentar y de agenciarse de los medios para controvertir la imputación en su contra.
100. En línea con lo indicado, la Corte advierte que desde las 19:45 horas del 26 de marzo, y hasta que el Director del centro resolvió el procedimiento, el 27 de marzo a las 19:30 horas, el señor Lynn se habría encontrado en aislamiento provisional en virtud de la medida cautelar dictada (supra párr. 98). Esta situación evidencia la imposibilidad real de la víctima de preparar y llevar adelante de forma adecuada su defensa material en el procedimiento administrativo.
101. En ese contexto, en virtud de las circunstancias propias de la privación de libertad, dada la situación especial en que la persona recluida se encuentra frente a las autoridades penitenciarias, resulta necesario que estas asuman determinadas iniciativas que garanticen a la persona imputada el ejercicio real de su derecho de defensa y, en general, el respeto de las garantías del debido proceso[93]. En efecto, deviene exigible que la autoridad penitenciaria, además de permitir a la persona privada de libertad la confrontación argumentativa de la conducta inculpada, asegure que dicha persona esté en capacidad de proponer y aportar elementos probatorios que respalden su específica posición argumentativa.
CORTE INTERAMERICANA DE DERECHOS HUMANOS
CASO LYNN VS. ARGENTINA
SENTENCIA DE 2 DE JULIO DE 2025
(Fondo y Reparaciones)
En el caso Lynn Vs. Argentina,
la Corte Interamericana de Derechos Humanos (en adelante también “Corte Interamericana”, “Corte” o “Tribunal”), integrada por la siguiente composición*:
Nancy Hernández López, Presidenta;
Rodrigo Mudrovitsch, Vicepresidente;
Ricardo C. Pérez Manrique, Juez,
Patricia Pérez Goldberg, Jueza,
Alberto Borea Odría, Juez, y
Diego Moreno Rodríguez, Juez,
presentes, además,
Pablo Saavedra Alessandri, Secretario, y
Gabriela Pacheco Arias, Secretaria Adjunta,
de conformidad con los artículos 62.3 y 63.1 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos (en adelante también “Convención Americana” o “Convención”) y con los artículos 31, 32, 42, 65 y 67 del Reglamento de la Corte (en adelante también “Reglamento” o “Reglamento de la Corte”), dicta la presente Sentencia que se estructura en el siguiente orden:
[Continúa…]


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![EXP. N.° 0022-2009-PI/TC LIMA GONZALO TUANAMA TUANAMA Y MÁS DE 5000 CIUDADANOS SENTENCIA DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL En Lima, a los 09 días del mes de junio de 2010, el Tribunal Constitucional en sesión de Pleno Jurisdiccional, con la asistencia de los magistrados Mesía Ramírez, Beaumont Callirgos, Vergara Gotelli, Landa Arroyo, Calle Hayen, Eto Cruz y Álvarez Miranda, pronuncia la siguiente sentencia con los fundamentos de voto de los magistrados Vergara Gotelli y Landa Arroyo, que se agregan. ASUNTO Demanda de Inconstitucionalidad interpuesta por Gonzalo Tuanama Tuanama, en representación de más de 5000 ciudadanos contra el Decreto Legislativo N.° 1089. DEMANDA Y CONTESTACIÓN a) Demanda contra el Decreto Legislativo N.° 1089, que regula el Régimen Temporal Extraordinario de Formalización y Titulación de Predios Rurales Con fecha 01 de julio de 2009, se interpone demanda de inconstitucionalidad contra el Decreto Legislativo N.° 1089, que regula el Régimen Temporal Extraordinario de Formalización y Titulación de Predios Rurales, publicada en el diario oficial El Peruano el 28 de junio de 2008. Los demandantes refieren que “'sin entrar al fondo del contenido de la norma”, ésta fue promulgada sin efectuar ninguna consulta previa e informada a los pueblos indígenas, tal como lo ordena el Convenio 169 de la Organización Internacional De Trabajo (OIT), afectándose con ello los derechos fundamentales de los pueblos Indígenas, como el derecho a la consulta previa y el derecho colectivo al territorio ancestral, establecidos en los artículos 6, 15, 17 del mencionado convenio. De igual forma, expresan que no se tomaron en cuenta los artículos 19, 30 y 32 de la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas (DNUDPI) aprobado por la Asamblea General de la Organización de Naciones Unidas. Alegan que con dicha norma se afectan otros derechos establecidos en el Convenio N.° 169, como el derecho sobre las tierras de los pueblos indígenas (artículos 13 al 19), en el considerando que no se tomaron en cuenta medida que garanticen la protección de sus derechos de propiedad y posesión. Refieren que se afecta también el derecho a la libre determinación de las comunidades nativas, previsto en el artículo 17 del Convenio, que declara el respeto de sus formas tradicionales de transmisión de sus territorios. Por último, alegan que se estaría vulnerando lo previsto en el artículo 19 del Convenio en cuanto se afecta el derecho al desarrollo de políticas agrarias adecuadas para los pueblos indígenas. [Continúa...] Descargue la resolución aquí](https://img.lpderecho.pe/wp-content/uploads/2023/01/Logo-LP-con-fondo-guinda-LPDERECHO-1068x561.png)

![Aplicación temporal del delito de desaparición forzada: (i) si la desaparición cesó antes de la vigencia de la ley, solo cabría secuestro; (ii) si la ley entra en vigor mientras persiste la negativa a informar, se aplica desde ahí; (iii) si el agente ya no era funcionario al entrar en vigor, el tipo no aplica y (iv) el cambio de puesto o funciones del funcionario no extingue su deber de informar (doctrinal legal) [AP 9-2009/CJ-116, f. j. 15]](https://img.lpderecho.pe/wp-content/uploads/2024/03/banner-pleno-congreso-4-LPDerecho-218x150.jpg)
![No hay «amenaza mínima» o «insignificante» en el robo: Dos sujetos quitaron los pasadores de las zapatillas a una de las agraviadas y les amarraron los pies, mientras les tomaban fotos y les decían que miraran a la arena, si no les «meterían plomo» y se llevarían sus cuerpos [RN 683-2025, Lima Sur, f. j. 11]](https://img.lpderecho.pe/wp-content/uploads/2025/07/MAZO-ESPOSAS2-LPDERECHO-218x150.jpg)
![Código Penal peruano [actualizado 2025]](https://img.lpderecho.pe/wp-content/uploads/2024/05/VENTA-CODIGO-PENAL-LPDERECHO-324x160.jpg)

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