Fundamento destacado: 11. Por tanto la configuración del Sistema de Defensa Judicial del Estado y la actuación de los procuradores públicos en el Estado Constitucional de Derecho, debería presuponer, en opinión de este Supremo Colegiado, una colaboración activa y tenaz con los órganos jurisdiccionales en procura de la solución justa, pacífica y oportuna del conflicto judicial, pues no debe olvidarse que el Sistema de Defensa Judicial del Estado, como órgano constitucional, se encuentra íntimamente vinculado al respecto, promoción y defensa de los derechos fundamentales de la persona. De manera tal que los actos temerarios y dilatorios de los procuradores públicos a sabiendas de la desestimación evidente de sus pretensiones, deberían ser sancionados como faltas graves que atontan contra el valor supremo de justicia. Bajo esta concepción constitucional es que se debe redefinir el sistema de defensa judicial del Estado, debiendo actuar ésta, a través de sus procuradores públicos, en coordinación fluida con los titulares de ministerios, órganos públicos ejecutivos y no ejecutivos y demás reparticiones administrativas, a efectos que estos le sinceren la realidad del caso justiciable, y atendiendo a ello, el Procurador Público diseñe la estrategia judicial a seguir, gozando éste último de real autonomía al momento de ejercer la defensa y el ataque del Estado; pues, siendo profesionales en derecho, su actuación judicial y administrativa debería estar imbuida primeramente de criterios deontológicos.
EXP. N.° 04063-2007-PA/TC
LIMA
JOSÉ ESTEBAN FERNÁNDEZ
ORDINOLA
SENTENCIA DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL
En Lima, a los 31 días del mes de agosto de 2009 el Pleno del Tribunal Constitucional, en sesión de Pleno Jurisdiccional, con la asistencia de los magistrados Vergara Gotelli, Mesía Ramírez, Beaumont Callirgos, Calle Hayen, Eto Cruz y Álvarez Miranda, pronuncia la siguiente sentencia, con el fundamento de voto del magistrado Vergara Gotelli, que se agrega.
ASUNTO
Recurso de agravio constitucional interpuesto por don José Esteban Fernández Ordinola contra la resolución de fecha 10 de mayo del 2007, segundo cuaderno, expedida por la Sala de Derecho Constitucional y Social de la Corte Suprema de Justicia de la República, que confirmando la apelada declaró infundada la demanda de autos.
ANTECEDENTES
Con fecha 30 de enero del 2004 el recurrente interpone demanda de amparo contra los vocales integrantes de la Sexta Sala Civil de la Corte Superior de Justicia de Lima, señores Sara Taipe Chávez, María Elena Palomino Thompson, Jaime Amado Álvarez Guillen, y la jueza a cargo del Primer Juzgado de Derecho Público de Lima, doña Yanet Salcedo Saavedra, solicitando: i) se declare la nulidad de la resolución N.° 16, de fecha 9 de agosto del 2001, que declaró procedente la solicitud de inejecutabilidad de sentencia ejecutoriada, así como de la resolución de vista N.° 157, de fecha 5 de marzo del 2002, que confirmó la inejecutabilidad de sentencia, por ser vulneratorias de sus derechos constitucionales a la cosa juzgada, obligatoriedad en el cumplimiento de las sentencias, tutela judicial efectiva, debido proceso, seguridad social y libre acceso a prestaciones de salud y pensiones; ii) se ordene la ejecución de sentencia que ordena su reposición en el nivel y grupo ocupacional desempeñado (Director de Asuntos Jurídicos de la Oficina General de Asesoría Jurídica de la Presidencia del Consejo de Ministros – Nivel F3); iii) se comprenda en el cómputo del tiempo de servicios dejado de laborar para efectos pensionables. Sostiene que siguió un proceso sobre acción de amparo (signado con el N.° 1333-97) contra la Presidencia del Consejo de Ministros, en virtud del cual —con sentencia firme— se ordenó su reposición en el nivel y grupo ocupacional que desempeñaba a la fecha en que se violó su derecho constitucional (Director de Asuntos Jurídicos de la Oficina General de Asesoría Jurídica de la Presidencia del Consejo de Ministros – Nivel F3, Directivo de Carrera). No obstante ello, refiere que después de haberse realizado varios requerimientos a la Presidencia del Consejo de Ministros a efectos que disponga su reposición y luego de haberse resuelto en forma negativa varios pedidos de inejecutabilidad de sentencia, los magistrados demandados, al expedir la resolución de vista N.° 157 y la resolución N.° 16, declararon confirmar procedente el pedido de inejecutabilidad de sentencia firme propuesto por el Procurador Público encargado de los asuntos de la Presidencia del Consejo de Ministros, e improcedente la pretendida ejecución. Aduce que las referidas resoluciones se basaron en argumentos que ya habían sido esgrimidos en la etapa postulatoria del mismo proceso (recogidos en la parte considerativa de la sentencia no ejecutada) y en aplicaciones impertinentes de ejecutorias del Tribunal Constitucional (Exps. N.° 22-97-AA/TC y N.° 104-95-AA/TC).
[Continúa…]
