Sumario: 1. La aspiración independentista; 2. Argumentos a favor; 3. Puyas entre el gobierno español y el catalán; 4. La salida vía referéndum; 5. El futuro de Cataluña.
1. La aspiración independentista
Las aspiraciones independentistas de un gran sector de Cataluña (hasta hoy una comunidad autónoma española), después de varios años de intensos debates en el parlamento español; parecen capitalizarse con el referéndum convocado por la Generalitat [1], y realizado el último domingo 1 de octubre, con resultados aplastantes a favor de la fundación de una senda república catalana. Y aunque el Derecho Internacional es claro en señalar que estas secesiones se deberían producir solo en caso de dominio colonial o dictatorial (cosa que evidentemente no sucede en Cataluña, pero por ejemplo sí en el Sahara Occidental), lo cierto es que la figura de la autodeterminación, que no siempre ha respetado las reglas del juego, ha tenido un papel trascendente a lo largo de la historia reciente.
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La decisión del gobierno catalán de impulsar esta consulta para acelerar lo que, para bien o para mal, parece inevitable; responde a variados aspectos políticos, económicos y culturales. Pese a la férrea oposición del ejecutivo español (que encabeza, recordemos, el cuestionado presidente Mariano Rajoy), que ha tachado al referéndum de ilegal, los ciudadanos catalanes se han sumado crecientemente a las urnas para decidir el destino de su región. Contra la represión policial (que desde acá condenamos), ellos han hecho prevalecer la figura de la democracia directa, que diversos especialistas (como Norberto Bobbio) respaldaron alguna vez.
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2. Argumentos a favor
Los partidarios de una probable independencia de Cataluña afirman que ellos poseen su propia lengua y cultura, que sienten que la simbología española no los representa y por último, que están lejos de aceptar una dinastía monárquica. Así, argumentan además que Cataluña está transfiriendo un exceso de recaudación fiscal en pos de una diversificación solidaria dentro del presupuesto total español. Consideran que de erigirse como nación independiente, los ciudadanos catalanes gozarían de mayor prosperidad. Ante esto, desde el Palacio de La Moncloa (Madrid), desdeñan estos argumentos sosteniéndose en la Constitución de 1978, que establece que España es indivisible.
Si realizamos una linea cronológica de los sucesos que antecedieron al referéndum del domingo, nos remontaremos al 2006, cuando el gobierno español decidió otorgarle más poder a la región con un sólido Estatut catalán. Dos años después, se podría decir que acontenció lo que finalmente empujaría estos anhelos independentistas: la crisis financiera del sistema económico en 2008. Y aunque Cataluña supo contener las duras consecuencias de la especulación financiera, lo cierto es que esta respondía a políticas económicas de los gobierno adscritos a las pautas de Washington. Y cuando a partir del impulso independentista se concretó una primera consulta ciudadana (organizada por diversas asociaciones) de 2009, donde se preguntó: «¿Estás de acuerdo en que Cataluña sea un estado de derecho, independiente, democrático y social, integrado en la Unión Europea?»; esta resultó un apabullante éxito en favor de los anhelos secesionistas, ya que el SÍ obtuvo un respaldo del 95% del total de votos.
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3. Puyas entre el gobierno español y el catalán
Para entonces las voces de rechazo al Estado español ya no solo parecían ser la mayoría, sino casi las únicas. La tensión se extendió con la decisión del Tribunal Constitucional español (al darle la razón al Partido Popular) de eliminar diversos puntos del documento del 2006. Ante esta situación, los catalanes empezaron a votar masivamente por los partidos políticos que pregonaban la independencia como la Esquerra Republica de Catalunya, que ha logrado posicionarse como la tercera fuerza en importancia dentro del senado español. Con el lema Som una nació. Nosaltres decidim, en 2010 rechazaron al TC por considerar que sus decisiones atentaban contra su identidad.
Cuando el 12 de diciembre del 2013, Artur Mas, presidente de la Generalidad (actualmente inhabilitado para ejercer cargos públicos por su desobediencia), anunció el acuerdo de las organizaciones políticas catalanas de una consulta ciudadana que decida el futuro político de Cataluña para el 9 de noviembre de 2014; la fundación de la flamante república catalana parecía inminente. El Tribunal Constitucional se pronunció al respecto el año siguiente, con la previsible disposición de no reconocer el acuerdo catalán. Es así que el Congreso de los Diputados también rechazó la medida ante la solicitud del parlamento de Cataluña. En respuesta, este órgano aprobó una moción con la pretensión de elaborar su propia ley de consultas para amparar legalmente el proceso participativo.
4. La salida vía referéndum
Así las cosas, y pese a la aprobación por mayoría de la Ley de consultas de Cataluña, el gobierno español no tardó en reaccionar y presentó un recurso ante el TC, órgano que suspendió cautelarmente la ley catalana y el decreto que declaraba el proceso de consulta. Sin embargo, casi todas las fuerzas políticas (salvo el PP, PSOE y Ciudadanos), decidieron seguir adelante con lo pactado y celebraron la consulta donde ganó el anhelo independentista aplastantemente. Posteriormente admitirían el carácter no oficial del plebiscito, así que trazaron una hoja de ruta para conseguir la independencia de Cataluña en 18 meses. El TC español no tardaría en declarar que una resolución del parlamento catalán sobre el asunto sería declarada inconstitucional.
Ya completamente en la ilegalidad –según las normas españolas–, el presidente de la Generalidad, Carlos Puigdemont, convocaría al referéndum del 1 de octubre, después de superar una moción de confianza en el parlamento catalán. Aunque expresó su deseo de realizar una consulta acordada con el gobierno español, anunció además que esta elección se llevaría a cabo aun sin la anuencia de Madrid. Esta posición se sustenta en que la constitución español no contempla el derecho de un territorio a separarse. Aun con eso, sí existe la posibilidad de consultar a los ciudadanos sobre decisiones de «especial trascendencia» (art. 92 de su Constitución), y la potestad para obrar dicho mecanismo solo corresponde al gobierno, y además, esta consulta solo sería de carácter consultivo.
5. El futuro de Cataluña
Con los resultados ya conocidos de la inmensa diferencia entre una y otra opción (según conteo oficial el SÍ ganaría con el 90% de los votos), lo que seguiría es que el parlamento catalán declare unilateralmente la independencia de Cataluña. Esto implicaría la redacción de una nueva constitución y la formación de estructuras que sostenga el nuevo orden estatal. Básicamente se tendría que fundar elementos básicos del Estado catalán como es un tesoro público, un banco central o un ejército, por ejemplo.
El último recurso al que podría recurrir La Moncloa es el de aplicar el artículo 155 de la Constitución, que otorgar el poder al gobierno de suspender la autoridad del gobierno regional. Y aunque se ha deslizado más argumentos en contra de la escisión (que desobediencia, prevaricato o malversación de fondos), lo cierto es que esos supuestos podrían restringirse a la libre determinación que tiene Cataluña, finalmente, de decidir su futuro en comunidad.
Ya distintos sectores sociales de Cataluña anunciaron la convocatoria de una huelga general para respaldar abiertamente la fundación de una república catalana independiente. Es decir, los ciudadanos catalanes se preparan para defender, lo que sería, su derecho a la autodeterminación. Y aunque de pro y de contras ya se ha discutido lo suficiente, lo cierto es que la transición a la independencia ya se inició. El gobierno español tiene solo dos salidas en este caso: o bien reprimir y recuperar el territorio perdido por la fuerza; o negociar, mediante la apertura de una vía de diálogo con el gobierno de la Generalidad. Lo ideal sería que la Comisión Europea pueda lograr consensos que coadyuven a una resolución final sobre la situación de Cataluña.
[1] El sistema institucional en que se organiza políticamente la comunidad autónoma de Cataluña en España.
