A continuación compartimos el comunicado oficial suscrito por los fiscales Vela Barba, Juárez Atoche, Mori Gómez y Puma Quispe, integrantes del Equipo especial Lava Jato.
Este pronunciamiento es una respuesta a la decisión de la Oficina Desconcentrada de Control Interno de Lima, que decidió abrir investigación de oficio contra los fiscales Pérez Gómez y Amenabar Almonte por presuntas irregularidades en la diligencia de detención preliminar del fallecido expresidente Alan García Pérez.
COMUNICADO DEL EQUIPO ESPECIAL DE FISCALES
El Equipo Especial tiene el deber de informar a la ciudadanía en general que durante la notificación y ejecución de la medida de detención preliminar y allanamiento, ordenada con la Resolución N° 02, de 16 de abril de 2019, emitida por el Segundo Juzgado de Investigación Preparatoria Nacional Permanente Especializado en delitos de Corrupción de Funcionarios, en contra del señor Alan Gabriel Ludwing García Pérez y otros investigados, se ha respetado estrictamente el debido proceso y sus derechos fundamentales.
En ese contexto, se ha seguido estrictamente el protocolo que para este tipo de diligencias se tiene establecido respetando los derechos del señor García Pérez como investigado, lo que ha sido explicado en detalle por el señor Ministro del Interior y el señor Director General de la Policía Nacional en conferencia de prensa, lamentando profundamente la decisión trágica adoptada por el señor García Pérez durante la ejecución de la medida de detención preliminar y allanamiento ordenada legalmente por el Poder Judicial.
Finalmente, mostramos nuestra profunda preocupación y rechazo por las acciones tomadas de oficio por el Órgano Desconcentrado de Control Interno del Ministerio Público, hecho que se suma a otras investigaciones iniciadas de forma sorpresiva y arbitraria desde el año pasado en contra de los fiscales del equipo especial, que sin conocer los acontecimientos y únicamente con recortes periodísticos, ha abierto investigación preliminar contra los magistrados Pérez Gómez y Amenábar Almonte. por presuntas infracciones administrativas, sin precisar, la supuesta inobservancia a su deber funcional en el ejercicio de sus funciones. Situación que consideramos que vulnera la autonomía fiscal y la independencia en el ejercicio de la función jurisdiccional.
