1️⃣ La Ordinanza di blocco di valori patrimoniali in relazione al Venezuela (O-Venezuela), adoptada por el Consejo Federal Suizo el 5.1.26, establece el congelamiento inmediato de los activos pertenecientes a determinadas personas extranjeras políticamente expuestas (PEP) vinculadas al Estado venezolano, así como a personas de su entorno cercano. La medida se funda en los artículos 3 y 30 de la Ley suiza sobre valores patrimoniales de procedencia ilícita (LVP) y tiene como finalidad preservar bienes en previsión de procedimientos de asistencia judicial internacional en materia penal.
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2️⃣ El bloqueo alcanza cuentas bancarias, bienes inmuebles, activos financieros y bienes de lujo, y puede implicar anotaciones en registros públicos, incautaciones o medidas de custodia, a solicitud del Departamento Federal de Asuntos Exteriores (DFAE). La ordenanza impone además un deber reforzado de cooperación interinstitucional: las autoridades de asistencia judicial, el Ministerio Público de la Confederación, los ministerios públicos cantonales y el Departamento Federal de Finanzas deben informar espontáneamente al DFAE sobre investigaciones, medidas cautelares, sanciones y decisiones relevantes relativas a los activos bloqueados.
3️⃣ El anexo identifica 36 personas, entre ellas Nicolás Maduro, su esposa Cilia Flores, altos exfuncionarios, directivos de empresas públicas como PDVSA, y empresarios considerados próximos al poder político. La ordenanza entró en vigor el 5 de enero de 2026 a las 11:00 y tendrá vigencia hasta el 4 de enero de 2030.
4️⃣ ¿Por qué recién ahora si los casos contra Maduro tienen años? Suiza no decide por geopolítica, actúa ante el riesgo jurídico en torno a los activos. A diferencia de EE. UU. o la Unión Europea, Suiza no adopta medidas penales o financieras solo porque existan acusaciones públicas. Su instrumento clave es la citada Ley sobre valores patrimoniales de procedencia ilícita (LVP), que exige: indicios concretos y actuales de activos ilícitos en territorio suizo, y un riesgo real de dispersión de esos activos. Mientras esos dos elementos no concurran simultáneamente, el bloqueo no es legalmente viable.
Así, el detonante no son los “casos viejos”, sino un cambio de escenario. Los procesos contra Maduro existen desde hace años, pero algo cambió en 2025-2026: mayor probabilidad de cooperación judicial internacional efectiva; movimientos patrimoniales recientes o reestructuración de activos; aumento del riesgo reputacional y sistémico para la plaza financiera suiza; presión acumulada de estándares internacionales (GAFI, OCDE, StAR). En ese contexto, no bloquear habría sido jurídicamente imprudente para Suiza.
Suiza protege su neutralidad precisamente evitando decisiones prematuras. En general, actuar “demasiado pronto” podría implicar litigios millonarios contra el Estado suizo.
