El Poder Judicial llevó a cabo una audiencia de control de plazo solicitada por el ministro de Justicia, Eduardo Arana, en el marco de una investigación por el presunto delito de tráfico de influencias.
La audiencia se desarrolló en el Juzgado Supremo de Investigación Preparatoria y estuvo presidida por el juez Juan Carlos Checkley Soria.
El 8 de septiembre del 2023, la Fiscalía Suprema inició diligencias preliminares contra Eduardo Arana Ysa y Walter Ríos Montalvo por los presuntos delitos de tráfico de influencias agravada y, alternativamente, cohecho activo específico.
El plazo otorgado fue de 160 días. Posteriormente, el proceso fue declarado complejo y, poco después, se adecuó el plazo de investigación preliminar a ocho meses.
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El caso está a cargo de la fiscal Carol Cuba Peralta, de la Primera Fiscalía Suprema Transitoria Especializada en delitos cometidos por funcionarios públicos.
En la audiencia, indicó que «los hechos que se investigan están relacionados al contexto en el que se realizan las conductas de la presunta organización criminal los Cuellos Blancos del Puerto«.
Detalló que la Fiscalía posee una comunicación entre ambos procesados, suscitada en el 2018, que evidenciaría presuntas irregularidades:
En esa investigación se ha incluido a Walter Ríos, a quien se denominaba ‘el jefe’. […] No existe arbitrariedad alguna en haber adecuado el plazo de investigación al de crimen organizado […] el plazo que se ha señalado es de ocho meses. […]
El caso concreto es un tráfico de influencias dentro del contexto cometido en el modus operandi de la presunta organización criminal. […] Se tiene la comunicación establecida entre Eduardo Arana y Walter Ríos en la que este último le dice que ya le han dado cuenta sobre el proceso, y que está para ser declarado improcedente. Pero lo que están haciendo es, para hacer un poco largo el tema, notificando al demandando. […]
Contestó Eduardo Arana: Ya está, ya. Y Walter Ríos le dijo: Ese es el favor que ahorita está haciendo, y esperar lo que él conteste porque esto ya está en ejecución, ya terminó el proceso. Ya le han asignado, entonces, lo que está pidiendo es algo extra. Digamos.
[Este es] un delito de corrupción de funcionarios, se da dentro del contexto de una organización criminal, este era el modus operandi: realizar favores dentro de procesos judiciales para favorecer intereses de la organización o terceros.
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