El Décimo Juzgado de Investigación Preparatoria Nacional dispuso correr traslado del requerimiento mixto formulado por el fiscal José Domingo Pérez a las partes procesales. Con esta resolución, que plantea un plazo perentorio de 30 días, inicia a la etapa intermedia del proceso.
El Ministerio Público solicitó, en este caso, una pena de 35 años de cárcel con 730 días multa contra Keiko Fujimori por el presunto delito de organización criminal, en concurso con los supuestos delitos de falsa declaración en procedimiento administrativo y falsedad genérica.
La acusación, efectuada en el marco del caso Cócteles, alcanzó también a Pier Figari, Ana Rosa Herz, Jaime Yoshiyama, José Chlimper, Adriana Tarazona, Augusto Bedoya, Mark Vito Villanella, Ana Cecilia Matsuno, Giancarlo Bertini, Hugo Tasayco, Juan Carlos Luna, Luis Mejía y Rafael Herrera, así como a las personas jurídicas del partido Fuerza Popular y MVV Bienes Raíces S. A. C.
Asimismo, el Equipo Especial Lava Jato requirió el sobreseimiento de 19 investigados y el sobreseimiento parcial de dos de ellos.
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Por su parte, la defensa de Keiko Fujimori, a cargo de la abogada Giulliana Loza, cuestionó el reciente requerimiento. «Formalmente nosotros no hemos sido notificados de este nuevo requerimiento fiscal, de hecho nos hemos enterado por los medios de comunicación», declaró para Canal N.
De igual manera, afirmó que el Ministerio Público volvió a vulnerar las garantías del proceso al presentar el pedido sin notificación previa:
Una vez más la Fiscalía está quebrando el procedimiento establecido y con ello los derechos fundamentales de mi patrocinada.
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Respecto a los hechos imputados, reiteró que su patrocinada es acusada por un delito inexistente al momento de los actos señalados «Se le está acusando por un delito que en el momento de los hechos no existía».
La abogada advirtió: «Nos vamos a oponer porque consideramos que se actúa al margen de la ley» y anunció que ejercerán los recursos correspondientes una vez que sean notificados formalmente.
