El Juzgado Supremo de Investigación Preparatoria, a cargo del juez Juan Carlos Checkley, declaró infundado la tutela de derechos solicitada por la defensa de la presidenta Dina Boluarte Zegarra.
El recurso tenía como fin anular la denuncia constitucional contra la mandataria por la desactivación del Grupo Especial que apoyaba al Equipo de Fiscales contra la Corrupción del Poder (Eficcop). De acuerdo a la defensa de la presidenta, el Ministerio Público habría ampliado la investigación de este caso en plazos no establecidos por ley.
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La medida, fechada 2 de junio, determinó que la disposición del Ministerio Público, la cual declaró en secreto las declaraciones de los testigos por el referido caso, estuvo debidamente justificado.
Según la tesis fiscal, se investiga a la mandataria por sustraer a su hermano Nicanor Boluarte Zegarra de la persecución penal. Además, habría realizado ofrecimientos ilícitos, mediante el abogado Mateo Castañeda, a Harvey Colchado Huamani para la desactivación de Eficcop.
