Sumario: 1. Introducción, 2. Marco constitucional y legal, 3. Estrategia jurídica, 4. Estrategia operativa, 5. Coordinación entre ambas estrategias, 6. Retos y desafíos, 7. Relevancia de la profesionalización, 8. Hacia una colaboración armoniosa, 9. Conclusiones.
1. Introducción
En el sistema procesal penal peruano, la investigación de los delitos está regida por la articulación entre el Ministerio Público y la Policía Nacional del Perú (PNP). Una de las claves para garantizar el éxito en estas investigaciones es comprender la diferencia y la coordinación entre las estrategias jurídicas y operativas. Estas estrategias, aunque distintas en su naturaleza, son complementarias y esenciales para el cumplimiento del objetivo principal del proceso penal: la búsqueda de la verdad y la aplicación de la justicia. Su sustento normativo se encuentra tanto en la Constitución Política del Perú como en el Código Procesal Penal (CPP), y su aplicación correcta es un requisito indispensable para el debido proceso.
Sin embargo, en esta colaboración también se han identificado tensiones que, lejos de fortalecer el sistema, pueden obstaculizarlo. Este artículo no solo busca analizar las diferencias entre ambas estrategias, sino también motivar un cambio de perspectiva: un llamado a valorar las fortalezas de cada institución y a trabajar juntos, dejando de lado las diferencias, en esta lucha común contra la delincuencia.
2. Marco constitucional y legal
La Constitución peruana establece en su artículo 159 que el Ministerio Público es el titular de la acción penal y el encargado de dirigir las investigaciones de los delitos. Además, el artículo 166 establece que la Policía Nacional del Perú tiene como finalidad garantizar, mantener y restablecer el orden interno, así como prevenir, investigar y combatir la delincuencia. Este marco constitucional se complementa con el CPP, que distribuye competencias específicas entre estas instituciones. El artículo 65 del CPP determina que la PNP es responsable de ejecutar las diligencias preliminares y operativas, mientras que el Ministerio Público ejerce la conducción jurídica de estas investigaciones.
Por otro lado, la Ley 32130 refuerza esta división de funciones, subrayando la necesidad de una colaboración coordinada entre ambas entidades. En este marco normativo se define un modelo colaborativo que requiere de confianza mutua y compromiso compartido.
3. Estrategia jurídica
La estrategia jurídica es responsabilidad exclusiva del Ministerio Público y se centra en la planificación y dirección legal de la investigación penal. Incluye las siguientes actividades:
- Diseñar el plan legal que guíe la investigación, garantizando que se respeten los derechos fundamentales de las partes involucradas, como el debido proceso y la presunción de inocencia.
- Formular hipótesis jurídicas basadas en la evidencia recolectada por la PNP, evaluando la pertinencia y viabilidad de las pruebas en el contexto del caso.
- Solicitar medidas judiciales como allanamientos, intervenciones telefónicas o detenciones preventivas, fundamentándolas en criterios jurídicos claros (artículo 230 del CPP).
El Ministerio Público también tiene la obligación de supervisar las actuaciones de la PNP, asegurando que estas se lleven a cabo dentro del marco legal. El artículo 61 del CPP subraya la necesidad de que el fiscal conduzca la investigación preliminar y preparatoria con un enfoque que combine objetividad y legalidad.
El fiscal, como profesional en derecho, posee una formación académica especializada que le permite interpretar y aplicar las normas legales de manera adecuada. Su papel va más allá de dirigir la investigación, ya que también debe garantizar el equilibrio entre los derechos de la víctima y del imputado, preservando siempre el principio de justicia.
4. Estrategia operativa
La estrategia operativa está a cargo de la PNP y se enfoca en la ejecución material de las diligencias necesarias para el esclarecimiento de los hechos delictivos. Las principales funciones de esta estrategia incluyen:
- Realizar diligencias preliminares inmediatas, como la protección de la escena del crimen, la recolección de evidencias físicas y digitales, y la entrevista a testigos y personas vinculadas al caso (artículo 67 del CPP).
- Conducir pericias técnicas y especializadas, como exámenes balísticos, químicos o forenses, con el apoyo de unidades especializadas.
- Elaborar informes policiales detallados y objetivos que incluyan antecedentes, diligencias realizadas y conclusiones basadas en la evidencia recopilada (artículo 332 del CPP).
El policía, como profesional especializado en investigación criminal, recibe una formación rigurosa que abarca tanto técnicas de recopilación de pruebas como análisis de escenas del crimen y entrevistas a testigos. Este enfoque integral le permite actuar con eficiencia y eficacia en la búsqueda de evidencias que respalden la teoría del caso planteada por el fiscal.
Además, el rol del policía no se limita a la ejecución de las diligencias. Este profesional también tiene la responsabilidad de preservar la cadena de custodia, un procedimiento crucial para garantizar que las evidencias sean presentadas en un estado óptimo durante el juicio. La formación policial incluye también capacitación en tecnologías modernas, como el análisis de cámaras de seguridad y bases de datos, así como la utilización de herramientas de inteligencia artificial para identificar patrones criminales.
El trabajo policial también implica enfrentar riesgos significativos. La exposición a situaciones peligrosas, como enfrentamientos armados o intervenciones en entornos hostiles, demanda no solo habilidades técnicas, sino también una fortaleza mental considerable. Esto refuerza la necesidad de valorar su labor, ya que actúan como el primer eslabón en la lucha contra el delito, recolectando las piezas fundamentales que permitirán al fiscal construir una teoría sólida del caso.
La Policía Nacional del Perú también ha avanzado en la implementación de equipos multidisciplinarios. Estos equipos incluyen expertos en psicología forense, analistas de datos y especialistas en criminología, quienes complementan la labor del policía operativo. Este enfoque multidisciplinario asegura que las investigaciones sean más completas y efectivas, aportando diversas perspectivas para resolver casos complejos.
Es por ello, que la PNP juega un papel esencial en la prevención del delito. A través de programas de intervención comunitaria, el policía busca generar confianza en la ciudadanía y fomentar una cultura de denuncia. Esto no solo contribuye a la investigación de delitos, sino que también ayuda a crear un entorno más seguro para todos.
El policía, como profesional especializado en investigación criminal, recibe una formación rigurosa que abarca tanto técnicas de recopilación de pruebas como análisis de escenas del crimen y entrevistas a testigos. Este enfoque integral le permite actuar con eficiencia y eficacia en la búsqueda de evidencias que respalden la teoría del caso planteada por el fiscal.
5. Coordinación entre ambas estrategias
La coordinación entre la estrategia jurídica y la operativa es fundamental para garantizar la eficacia y la legalidad en el proceso de investigación penal. El artículo 65 del CPP establece que ambas estrategias deben planificarse y ejecutarse de manera conjunta. Algunos principios clave para esta coordinación son:
- División clara de roles: Mientras que el Ministerio Público determina la dirección jurídica de la investigación, la PNP se encarga de las actividades operativas. Esta delimitación evita conflictos de competencias y garantiza un enfoque más eficiente.
- Colaboración y respeto mutuo: Aunque la PNP actúa bajo la conducción jurídica del Ministerio Público, conserva su autonomía operativa dentro de los límites legales. Esto permite un trabajo armónico y coordinado.
- Uso eficiente de recursos: Ambas instituciones deben optimizar sus recursos humanos y técnicos, evitando duplicidades y maximizando los resultados en las investigaciones.
6. Retos y desafíos
A pesar de los avances normativos y estructurales, la coordinación entre las estrategias jurídica y operativa enfrenta diversos desafíos:
- Capacitación insuficiente: Es necesario fortalecer la formación técnica y jurídica tanto de los fiscales como de los efectivos policiales para garantizar una aplicación eficiente de las normas procesales.
- Falta de recursos: La limitación de recursos tecnológicos, logísticos y humanos puede dificultar el cumplimiento de las funciones asignadas a cada institución.
- Conflictos de competencias: En algunos casos, la falta de delimitación clara de roles puede generar tensiones entre el Ministerio Público y la PNP, afectando la calidad de las investigaciones.
7. Relevancia de la profesionalización
La profesionalización de los actores involucrados en la investigación penal es un elemento clave para el éxito del proceso. El fiscal, como abogado formado en derecho, tiene la capacidad de interpretar las normas legales y diseñar estrategias jurídicas que se alineen con los principios del debido proceso. Por su parte, el policía, como profesional entrenado en investigación criminal, aporta habilidades técnicas y prácticas que complementan la labor jurídica.
Esta sinergia entre conocimientos teóricos y prácticos fortalece la investigación penal, permitiendo una respuesta más efectiva frente a la delincuencia y garantizando que las evidencias recolectadas cumplan con los estándares exigidos por el sistema de justicia.
8. Hacia una colaboración armoniosa
El futuro de la investigación penal en el Perú requiere un cambio de perspectiva. Ni el fiscal es mejor que el policía, ni el policía es superior al fiscal. Ambas partes desempeñan un papel crucial, y su colaboración armoniosa es la clave para una lucha efectiva contra la delincuencia.
Es momento de superar las diferencias y trabajar como un equipo. Cada institución tiene fortalezas que complementan a la otra. La confianza mutua, el respeto y el compromiso compartido deben ser los pilares de esta colaboración. Juntos, fiscales y policías pueden construir un sistema de justicia penal más fuerte, eficiente y justo.
9. Conclusiones
La estrategia jurídica y la estrategia operativa son pilares fundamentales de la investigación penal en el Perú. La correcta diferenciación y coordinación entre ambas permite garantizar el respeto al debido proceso y la eficacia en la lucha contra la criminalidad. Si bien se han logrado avances significativos, es crucial abordar los retos existentes mediante la capacitación continua, el fortalecimiento institucional y la asignación adecuada de recursos. Pero, sobre todo, es necesario un cambio de mentalidad que fomente la unión y el trabajo en equipo entre fiscales y policías. Solo así podremos construir un sistema de justicia penal más eficiente y garantista, acorde con los principios establecidos en la Constitución Política del Perú y el CPP.
